Clan Úsuga realiza un paro y habla de paz, ¿presionan una negociación?

En las subregiones de Urabá y Bajo Cauca, Antioquia, el transporte público no prestó servicio, el comercio cerró sus puertas y los vehículos de carga detuvieron la marcha en distintos puntos de la carretera. En Urabá estuvo cerrado el aeropuerto de Carepa, y en Bajo Cauca la Alcaldía de Tarazá trabajó a puerta cerrada. Así transcurrió el paro ordenado por las Autodefensas Gaitanistas para este 31 de marzo. La situación se repitió en otros departamentos del país donde tiene presencia ese grupo posparamilitar. Durante la jornada fueron asesinados dos miembros de la Fuerza Pública.

El cese de actividades coincidió con el inicio de las negociaciones entre el Gobierno colombiano y la guerrilla del Eln, anunciado el 30 de marzo, pero también se adelanta a la marcha convocada por el Centro Democrático para este 2 de abril, inicialmente contra los acuerdos de paz y luego contra el gobierno del presidente, Juan Manuel Santos.

Dicha coyuntura es apenas un indicador de lo que podrían estar buscando los Gaitanitas y otros grupos posparamilitares que, según Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, “plantean pegarse, y sacar algo del proceso de paz con las Farc y ahora con el Eln”.

Por eso, dice el investigador, con este paro los Gaitanistas demuestran todo el poder que tienen y lo demuestran aún en medio de la Operación Agamenón en Urabá, desarrollada por la Fuerza Pública desde hace más de un año, con el objetivo de capturar al máximo jefe de esa estructura, Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’.

De hecho, en desarrollo del paro, en el Chocó fue asesinado el patrullero de la Policía, Deison Rentería Moreno, quien se movilizaba de civil en una motocicleta. En Urabá fue asesinado el capitán del Ejército, Andrés Lugo López, en la vía que conduce al municipio San Pedro de Urabá, luego de que el vehículo en el cual se movilizaba fuera atacado con una granada. El militar estaba de licencia y viajaba por la región en compañía de su esposa y su hija, quienes resultaron heridas. En esa subregión también quemaron una tractomula y una motocicleta. Y en Bajo Cauca dos vehículos fueron incinerados sobre la troncal a la Costa Caribe y un policía resultó herido luego de un ataque con explosivos en el municipio de El Bagre.

Todo esto ocurre luego de una seguidilla de panfletos amenazantes que han aparecido en las últimas semanas, firmados por diferentes grupos posparamilitares, en varios departamentos de Colombia como el Cauca, Norte de Santander y Arauca, reveló Ávila. Para él, el contexto que atraviesa el país en medio de los procesos de paz se hace cada vez más difícil.

“El ambiente es muy complicado porque han sido asesinados seis líderes sociales en las últimas dos o tres semanas. Las Farc acusan que son grupos paramilitares, pero el Gobierno dice que es crimen organizado y que eso no tiene nada que ver. Y lo otro es que en muchas zonas del país, por ejemplo el Putumayo, bandas criminales como La Constru, están reuniendo a la gente para decirle: ‘cuando las Farc dejen las armas ustedes nos siguen pagando a nosotros’. Entonces hay temor de una retoma del territorio por parte de estas bandas”, explicó Ávila.

Gaitanistas pujan por estatus político

Luego de analizar el panfleto a través del cual los Gaitanistas llamaron a paro, Diego Sierra, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC), concluye que el comunicado es muy diciente en términos de lo que busca esa agrupación.

Lo primero, advierte el analista, es que “hay un párrafo en el cual los Gaitanistas afirman que están en conflicto porque en Colombia no se garantiza el estado social y democrático de derecho, y agregan que son una organización con dominio territorial, unidad de mando y operaciones militares continuadas a lo largo del tiempo. Esto indica que están tratando de buscar una negociación política, porque si usted solo va a convocar un paro para qué argumenta todo eso”.

Y en segundo lugar, “dicen que apoyan los anhelos de paz de la inmensa mayoría de los colombianos y que es hora de terminar con el conflicto armado. Entonces, si dicen que son una organización con mando, dominio territorial, acciones sostenidas y apoyan los anhelos de paz, están diciendo: ‘negocien con nosotros’”.

Pero también el grupo de ‘La Oficina’, que delinque en el Valle de Aburrá y se ha extendido a otras subregiones de Antioquia, ha venido en la línea de buscar una negociación, agregó Sierra, recordando que el pasado 12 de marzo la Revista Semana publicó una carta de esa agrupación expresando su interés de “entrar en una etapa de exploración y acercamiento con los gobiernos nacional, regional y local para la búsqueda de un acuerdo de paz”.
Concluye el analista, que el proceso de desmovilización paramilitar adelantado durante el gobierno del expresidente,

Álvaro Uribe Vélez, “fue un fiasco, porque hubo sectores del paramilitarismo que nunca se desmovilizaron y que conservaron sus estructuras militares, otros que se desmovilizaron pero luego reincidieron e incluso algunos que surgieron después. Y siguieron ejerciendo control sobre determinados territorios siendo útiles a élites políticas y económicas, ya no solo en el plano nacional sino fundamentalmente en los escenarios locales”.

Es por eso, advierte Sierra, que tanto las Farc como el Eln han planteado la necesidad de desmontar el paramilitarismo para que los procesos de paz funcionen, y esto indica que “hay una necesidad del Estado de generar mecanismos para desmovilizar a estos sectores que están organizados militarmente”.

¿Salida digna? Sometimiento o negociación

El conflicto generado por las Bacrim requiere una salida digna, no solo a nivel rural sino también urbano. Eso plantea el gerente designado de paz de la Gobernación de Antioquia, Luis Guillermo Pardo, quien piensa que no basta con pensar que el futuro de la paz radica solo en los procesos con las Farc y el Eln.

Pardo comparte la visión de que los Gaitanistas, también conocidos como Urabeños o Clan Úsuga, convocan este paro “esperando una propuesta de salida digna. Y creo que no hay que echarla en saco roto, creo que amerita toda la reflexión porque no hemos resuelto el agudo conflicto con las Bacrim, que extorsionan a diario, crean miedos y afectan la legalidad y la legitimidad”.

La pregunta es cómo darles una alternativa a estos grupos ilegales. “Por ahora estamos hablando de salidas jurídicas dignas, y no sé si el marco sea el sometimiento. Habrá que explorar ese tema, pues el proyecto de Ley 224 de 2015, tiene un título sobre sometimiento a las Bacrim”.

Ariel Ávila es partidario de que a los grupos posparamilitares se les aplique una política de sometimiento, pues considera que con estas estructuras no debería darse una negociación política. Y en la normatividad colombiana, dice, ya hay figuras al respecto como por ejemplo el principio de oportunidad, que les permitiría a los miembros de estas agrupaciones legalizar el 5% de su riqueza.

El punto, precisa el investigador, es que se implementen medidas que contribuyan a la reparación de las víctimas y al esclarecimiento de la verdad, por ejemplo, que los miembros de los grupos sometidos entreguen al menos el 70% de su riqueza para la reparación a las víctimas, “pero también que entreguen la información sobre sus contactos en la fuerza pública, que entreguen las rutas de narcotráfico y lavado de dinero; es decir, que pase todo lo que no pasó con los paramilitares, porque de lo contrario el problema continuará, y será un dolor de cabeza”.

En esa perspectiva, Diego Sierra, del IPC, considera que en un proceso con los grupos posparamilitares ‘habrá que tragarse muchos sapos’, “pero al menos hay que garantizar que se conozca la verdad, saber qué pasó y quiénes fueron los responsables, y eso incluye a políticos, empresarios y otros sectores de la sociedad.”

Para Sierra, aunque los grupos posparamilitares quieren poner su proceso en el plano político, el Estado lo quiere llevar al sometimiento y eso se viene gestionando de tiempo atrás, no en vano se han impulsado iniciativas como la Ley 224 de 2015. Además, gobiernos locales como la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia han puesto funcionarios claves para este tipo de procesos.

“En Medellín se designó como secretario de seguridad a Gustavo Villegas, que ha sido acusado de tener nexos con ‘La Oficina’ pero que en administraciones pasadas participó en el proceso de negociación con el Bloque Cacique Nutibara de las AUC e implementó el programa de reinserción. Y en Antioquia se plantea como Gerente Designado de Paz a Luis Guillermo Pardo, que en los noventa tuvo experiencias en pactos de no agresión con bandas criminales y en procesos con grupos insurgentes como las milicias”, recordó el analista.

Lo que concluye Ariel Ávila, es que las estructuras posparamilitares están esperando una propuesta completa para avanzar a un proceso que permita su desmovilización. Pero en el país, agrega, “aún hay mucho miedo de dar ese debate público, porque al político que vaya a defender eso de inmediato lo acusan de ser financiado por los narcos.”

El asunto genera más preguntas que respuestas, y una de las primeras inquietudes es ¿si el proceso con las bandas criminales ya está en marcha, o se encuentra en fases de acercamiento? ¿Si será posible desmontar todos los grupos posparamilitares, o quedarán por fuera pequeñas estructuras, como combos y pandillas, que les han sido funcionales? Y finalmente, ¿si efectivamente la verdad y la reparación serán una prioridad, o primará más lo económico?

En las subregiones de Urabá y Bajo Cauca, Antioquia, el transporte público no prestó servicio, el comercio cerró sus puertas y los vehículos de carga detuvieron la marcha en distintos puntos de la carretera. En Urabá estuvo cerrado el aeropuerto de Carepa, y en Bajo Cauca la Alcaldía de Tarazá trabajó a puerta cerrada. Así transcurrió el paro ordenado por las Autodefensas Gaitanistas para este 31 de marzo. La situación se repitió en otros departamentos del país donde tiene presencia ese grupo posparamilitar. Durante la jornada fueron asesinados dos miembros de la Fuerza Pública.

El cese de actividades coincidió con el inicio de las negociaciones entre el Gobierno colombiano y la guerrilla del Eln, anunciado el 30 de marzo, pero también se adelanta a la marcha convocada por el Centro Democrático para este 2 de abril, inicialmente contra los acuerdos de paz y luego contra el gobierno del presidente, Juan Manuel Santos.

Dicha coyuntura es apenas un indicador de lo que podrían estar buscando los Gaitanitas y otros grupos posparamilitares que, según Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, “plantean pegarse, y sacar algo del proceso de paz con las Farc y ahora con el Eln”.

Por eso, dice el investigador, con este paro los Gaitanistas demuestran todo el poder que tienen y lo demuestran aún en medio de la Operación Agamenón en Urabá, desarrollada por la Fuerza Pública desde hace más de un año, con el objetivo de capturar al máximo jefe de esa estructura, Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’.

De hecho, en desarrollo del paro, en el Chocó fue asesinado el patrullero de la Policía, Deison Rentería Moreno, quien se movilizaba de civil en una motocicleta. En Urabá fue asesinado el capitán del Ejército, Andrés Lugo López, en la vía que conduce al municipio San Pedro de Urabá, luego de que el vehículo en el cual se movilizaba fuera atacado con una granada. El militar estaba de licencia y viajaba por la región en compañía de su esposa y su hija, quienes resultaron heridas. En esa subregión también quemaron una tractomula y una motocicleta. Y en Bajo Cauca dos vehículos fueron incinerados sobre la troncal a la Costa Caribe y un policía resultó herido luego de un ataque con explosivos en el municipio de El Bagre.

Todo esto ocurre luego de una seguidilla de panfletos amenazantes que han aparecido en las últimas semanas, firmados por diferentes grupos posparamilitares, en varios departamentos de Colombia como el Cauca, Norte de Santander y Arauca, reveló Ávila. Para él, el contexto que atraviesa el país en medio de los procesos de paz se hace cada vez más difícil.

“El ambiente es muy complicado porque han sido asesinados seis líderes sociales en las últimas dos o tres semanas. Las Farc acusan que son grupos paramilitares, pero el Gobierno dice que es crimen organizado y que eso no tiene nada que ver. Y lo otro es que en muchas zonas del país, por ejemplo el Putumayo, bandas criminales como La Constru, están reuniendo a la gente para decirle: ‘cuando las Farc dejen las armas ustedes nos siguen pagando a nosotros’. Entonces hay temor de una retoma del territorio por parte de estas bandas”, explicó Ávila.

Gaitanistas pujan por estatus político

Luego de analizar el panfleto a través del cual los Gaitanistas llamaron a paro, Diego Sierra, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC), concluye que el comunicado es muy diciente en términos de lo que busca esa agrupación.

Lo primero, advierte el analista, es que “hay un párrafo en el cual los Gaitanistas afirman que están en conflicto porque en Colombia no se garantiza el estado social y democrático de derecho, y agregan que son una organización con dominio territorial, unidad de mando y operaciones militares continuadas a lo largo del tiempo. Esto indica que están tratando de buscar una negociación política, porque si usted solo va a convocar un paro para qué argumenta todo eso”.

Y en segundo lugar, “dicen que apoyan los anhelos de paz de la inmensa mayoría de los colombianos y que es hora de terminar con el conflicto armado. Entonces, si dicen que son una organización con mando, dominio territorial, acciones sostenidas y apoyan los anhelos de paz, están diciendo: ‘negocien con nosotros’”.

Pero también el grupo de ‘La Oficina’, que delinque en el Valle de Aburrá y se ha extendido a otras subregiones de Antioquia, ha venido en la línea de buscar una negociación, agregó Sierra, recordando que el pasado 12 de marzo la Revista Semana publicó una carta de esa agrupación expresando su interés de “entrar en una etapa de exploración y acercamiento con los gobiernos nacional, regional y local para la búsqueda de un acuerdo de paz”.
Concluye el analista, que el proceso de desmovilización paramilitar adelantado durante el gobierno del expresidente,

Álvaro Uribe Vélez, “fue un fiasco, porque hubo sectores del paramilitarismo que nunca se desmovilizaron y que conservaron sus estructuras militares, otros que se desmovilizaron pero luego reincidieron e incluso algunos que surgieron después. Y siguieron ejerciendo control sobre determinados territorios siendo útiles a élites políticas y económicas, ya no solo en el plano nacional sino fundamentalmente en los escenarios locales”.

Es por eso, advierte Sierra, que tanto las Farc como el Eln han planteado la necesidad de desmontar el paramilitarismo para que los procesos de paz funcionen, y esto indica que “hay una necesidad del Estado de generar mecanismos para desmovilizar a estos sectores que están organizados militarmente”.

¿Salida digna? Sometimiento o negociación

El conflicto generado por las Bacrim requiere una salida digna, no solo a nivel rural sino también urbano. Eso plantea el gerente designado de paz de la Gobernación de Antioquia, Luis Guillermo Pardo, quien piensa que no basta con pensar que el futuro de la paz radica solo en los procesos con las Farc y el Eln.

Pardo comparte la visión de que los Gaitanistas, también conocidos como Urabeños o Clan Úsuga, convocan este paro “esperando una propuesta de salida digna. Y creo que no hay que echarla en saco roto, creo que amerita toda la reflexión porque no hemos resuelto el agudo conflicto con las Bacrim, que extorsionan a diario, crean miedos y afectan la legalidad y la legitimidad”.

La pregunta es cómo darles una alternativa a estos grupos ilegales. “Por ahora estamos hablando de salidas jurídicas dignas, y no sé si el marco sea el sometimiento. Habrá que explorar ese tema, pues el proyecto de Ley 224 de 2015, tiene un título sobre sometimiento a las Bacrim”.

Ariel Ávila es partidario de que a los grupos posparamilitares se les aplique una política de sometimiento, pues considera que con estas estructuras no debería darse una negociación política. Y en la normatividad colombiana, dice, ya hay figuras al respecto como por ejemplo el principio de oportunidad, que les permitiría a los miembros de estas agrupaciones legalizar el 5% de su riqueza.

El punto, precisa el investigador, es que se implementen medidas que contribuyan a la reparación de las víctimas y al esclarecimiento de la verdad, por ejemplo, que los miembros de los grupos sometidos entreguen al menos el 70% de su riqueza para la reparación a las víctimas, “pero también que entreguen la información sobre sus contactos en la fuerza pública, que entreguen las rutas de narcotráfico y lavado de dinero; es decir, que pase todo lo que no pasó con los paramilitares, porque de lo contrario el problema continuará, y será un dolor de cabeza”.

En esa perspectiva, Diego Sierra, del IPC, considera que en un proceso con los grupos posparamilitares ‘habrá que tragarse muchos sapos’, “pero al menos hay que garantizar que se conozca la verdad, saber qué pasó y quiénes fueron los responsables, y eso incluye a políticos, empresarios y otros sectores de la sociedad.”

Para Sierra, aunque los grupos posparamilitares quieren poner su proceso en el plano político, el Estado lo quiere llevar al sometimiento y eso se viene gestionando de tiempo atrás, no en vano se han impulsado iniciativas como la Ley 224 de 2015. Además, gobiernos locales como la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia han puesto funcionarios claves para este tipo de procesos.

“En Medellín se designó como secretario de seguridad a Gustavo Villegas, que ha sido acusado de tener nexos con ‘La Oficina’ pero que en administraciones pasadas participó en el proceso de negociación con el Bloque Cacique Nutibara de las AUC e implementó el programa de reinserción. Y en Antioquia se plantea como Gerente Designado de Paz a Luis Guillermo Pardo, que en los noventa tuvo experiencias en pactos de no agresión con bandas criminales y en procesos con grupos insurgentes como las milicias”, recordó el analista.

Lo que concluye Ariel Ávila, es que las estructuras posparamilitares están esperando una propuesta completa para avanzar a un proceso que permita su desmovilización. Pero en el país, agrega, “aún hay mucho miedo de dar ese debate público, porque al político que vaya a defender eso de inmediato lo acusan de ser financiado por los narcos.”

El asunto genera más preguntas que respuestas, y una de las primeras inquietudes es ¿si el proceso con las bandas criminales ya está en marcha, o se encuentra en fases de acercamiento? ¿Si será posible desmontar todos los grupos posparamilitares, o quedarán por fuera pequeñas estructuras, como combos y pandillas, que les han sido funcionales? Y finalmente, ¿si efectivamente la verdad y la reparación serán una prioridad, o primará más lo económico?