En carta dirigida al contralor de Bogotá, Mario Solano, la exalcaldesa de Bogotá Clara López Obregón le solicitó rectificar informaciones del órgano fiscal según las cuales ella habría firmado cerca de 5.000 contratos durante los últimos 5 días del mes de diciembre de 2011.
“Como usted bien sabe, yo no firmé un solo contrato durante los últimos 5 días de mi administración, como tampoco durante los seis meses de duración de la misma”, expresa la exalcaldesa López Obregón en la misiva que le envió a Solano.
“Que se investigue la contratación”, pide la exalcaldesa de Bogotá y exige rectificación por cuanto el contralor, sostuvo, no puede “dejar flotando la insinuación no precisada de alguna supuesta conducta deshonesta de parte mía en materia de contratación pública”.
“Hasta dónde puedo deducir de la comunicación enviada por usted al alcalde Gustavo Petro, la Contraloría no ha glosado por irregular ninguno de los contratos suscritos por los 88 gerentes, directores y secretarios durante la última semana del año, pero aprovecho para solicitarle que proceda a investigarlos uno a uno. En caso de detectar cualquier anomalía, ella debe ser individualizada y sancionada”, agrega Clara López en su carta al titular del ente fiscal de Bogotá.
Texto de la carta al Contralor de Bogotá
Bogotá, 10 de febrero de 2012.
Doctor
MARIO SOLANO
Contralor de Bogotá, D.C.
Ciudad
Señor Contralor:
Con motivo de su ampliamente difundido informe sobre el cierre presupuestal de 2011, los medios de comunicación escritos, radiales y televisados titularon que la Alcaldesa de Bogotá, Clara López Obregón, había firmado cerca de 5.000 contratos por valor de $580.000 millones en los últimos 5 días de año, sin que usted hubiese, hasta la fecha, rectificado esa información que en el contexto de sus declaraciones ha afectado de manera grave mi honra y buen nombre.
Como usted bien sabe, yo no firmé un solo contrato durante los últimos 5 días de mi administración, como tampoco durante los seis meses de duración de la misma. Los contratos aludidos corresponden a la normal ejecución presupuestal de las 88 entidades autónomas que conforman la administración distrital dentro de un presupuesto global que supera los 13 billones de pesos ($13.000.000.000.000.oo) y no a la Alcaldía Mayor como se informó equivocadamente.
Hasta dónde puedo deducir de la comunicación enviada por usted al Alcalde Gustavo Petro, la Contraloría no ha glosado por irregular ninguno de los contratos suscritos por los 88 gerentes, directores y secretarios durante la última semana del año, pero aprovecho para solicitarle que proceda a investigarlos uno a uno. En caso de detectar cualquier anomalía, ella debe ser individualizada y sancionada. Lo que encuentro lesivo para mi reputación es que con estadísticas de la ejecución del presupuesto territorial más grande del país, usted deje flotando la insinuación no precisada de alguna supuesta conducta deshonesta de parte mía en materia de contratación pública que solicito usted aclare y rectifique en salvaguarda de mi honra y buen nombre.
Contraloría no tuvo en cuenta Ley de Garantías
Se refiere usted a una supuesta falta de planeación, programación y control en la gestión presupuestal por acumular el 5% de su ejecución en la última semana del año, cuando la doceava, es decir la ejecución promedio mensual, asciende al 8,3%. Pero omite mencionar que se trató de una vigencia atípica en sus características, comparable técnicamente, no con la del año inmediatamente anterior, sino con la del año 2007, última vigencia de la administración anterior que tiene las mismas especificidades.
Ello es así, porque como usted también sabe, el 2011 al igual que el 2007, son años de elecciones durante los cuales rige la llamada “Ley de Garantías” que busca evitar que la contratación, los nombramientos y remoción de personal favorezcan a cualquier candidato o parcialidad política, por lo que prohíbe tanto la suscripción de contratos como el movimiento de personal durante los cuatro meses que anteceden a la celebración de las elecciones.
En seis meses se debe ejecutar el 50% del presupuesto
Es decir, que de los seis meses de mi Alcaldía, durante cuatro (4) meses o sea las dos terceras partes, no se adelantó contratación alguna por parte de ninguno de los 88 ordenadores del gasto, salvo casos de excepcionalidad previstos en las mismas normas. Para abundar en claridad, durante cuatro meses no fue legalmente permitido avanzar en la ejecución presupuestal mediante la suscripción de contratos.
En consecuencia, en la última vigencia de cada administración, le corresponde a las 88 entidades distritales ejecutar lo correspondiente a seis meses en solo dos. Ello equivale a ejecutar la mitad del presupuesto de inversión en apenas dos meses lo que matemáticamente se traduce en la ejecución del 6,25% del presupuesto de inversión por semana, porcentaje superior al 5% de la última semana, glosado por su despacho.
En efecto, la ejecución presupuestal del 2011 ascendió al 86,5% como usted señala y en diciembre se ejecutó el 14%. Ello corresponde a una ejecución normal en el entendido que siempre en el segundo semestre la ejecución es mas alta que en el primero. Como se mencionó atrás, si uno dividiera la ejecución presupuestal por 12, le daría que cada mes debe ejecutar el 8,3% del presupuesto y en vista de que diciembre, frente al principio de la anualidad, es el mes que cierra todos los procesos iniciados a lo largo de la vigencia, pues el 14% no es significativo. Y desde luego, como usted menciona, la ejecución total fue relativamente baja, pero quiero recordarle que ella se explica también por otra razón atípica consistente en la parálisis administrativa motivada en la crisis que culminó con la suspensión del Alcalde titular.
Con todo, no queda claro que considera inapropiado el órgano fiscal: (i) Buscar la más alta ejecución posible de lo programado después de vencida la prohibición de cuatro meses de la “Ley de Garantías” o (ii) Comprometer ese último 5% de recursos ejecutados dentro del tiempo legalmente estatuido para ello - que incluye los últimos cinco días del año - y que corresponden a procesos planificados y adelantados con anterioridad. Ambas acciones permitieron dejar la ejecución presupuestal de 2011 en un congruo 86%, dadas las circunstancias adversas que afectaron a la administración durante la vigencia.
De otra parte, respecto de los montos contratados, vale la pena precisar que a 30 de noviembre se habían ejecutado $5.714 billones del presupuesto de inversión y a diciembre 31 se logró aumentar a $6.660 billones, es decir que en diciembre se ejecutaron $946 mil millones de los cuales, las empresas ejecutaron $254 mil millones EN INFRAESTRUCTURA; los establecimientos públicos, donde se encuentran el IDU y el Fondo Financiero de Salud que ejecutan obras de infraestructura y de transferencias a la red hospitalaria, ejecutaron $390 mil millones. No sobra resaltar que todos estos procesos contractuales no se iniciaron en el mes de diciembre sino que venían de unos 3 o 4 meses atrás. Los restantes $290 mil millones fueron ejecutados por la Administración Central, especialmente por la Secretaria de Educación que comprometió $235 mil millones en diciembre, pero OBVIAMENTE en procesos que ya había abierto con anterioridad. No debe olvidarse, finalmente, que por la emergencia invernal fue necesario adicionar recursos que no se terminaron de ejecutar y que en materia de talento humano temporal fue necesario prorrogar contratos para que los servicios que atiende este personal no se vieran interrumpidos al inicio de la nueva vigencia.
Se cumplió meta de reducción de reservas
También afirma en su comunicación al Alcalde Petro que la administración incumplió la meta del plan de desarrollo orientada a disminuir en 5 puntos porcentuales las reservas acumuladas a final del periodo. La meta no solamente se cumplió sino que se superó al reducirse el rezago presupuestal del 27% al 16% a 31 de diciembre de 2011. Es decir que mejoramos en los pagos y entrega de bienes y servicios en 12 puntos porcentuales, acatando los lineamientos del Gobierno Nacional, de la Procuraduría General de la Nación y del Plan de Desarrollo Distrital.
Otras imprecisiones
A título de ejemplo, también le refiero el caso de la Alcaldía Local de San Cristóbal de la cual se afirma que contrató recursos 3 veces superiores al presupuesto asignado, lo cual no es cierto. La propia alcaldesa se dirigió a su despacho rectificando el informe de la Contraloría por faltar a la realidad de los hechos. Adjunto el comunicado público correspondiente que, desde luego, no recibió la publicidad del informe de la Contraloría.
En igual sentido recibí una llamada angustiada del gerente del Hospital de Nazareth. A él le atribuyeron la totalidad de la contratación del año completo, al último día de la vigencia, con la secuela de que hasta amenazas contra su integridad física empezaron a circular en la localidad dónde se encuentra ubicado dicho hospital.
No se respetó debido proceso y el derecho de contradicción
Conforme a las reglas generales de auditoría, todo informe de contraloría debe surtir un procedimiento que incluye la oportunidad al auditado de ejercer el derecho de contradicción. Seguramente, de haberse respetado el debido proceso, las imprecisiones señaladas hubiesen sido tenidas en cuenta para la emisión de un informe final que no violentara el buen nombre de los afectados y en el caso de la Alcaldesa Mayor (D) el desmedro de mi buen nombre como puede usted apreciar en los recortes de prensa que le adjunto.
Por lo anterior, le solicito comedida pero firmemente aclarar que no es cierto que su despacho haya afirmado que yo firmé 4.974 contratos por valor de $582.708 millones de pesos durante los últimos 5 días de mi administración, ni que la Contraloría Distrital haya detectado irregularidad contractual alguna atribuible a mis actuaciones como Alcaldesa Mayor de Bogotá, (D).
Reitero mi solicitud de que ese despacho investigue ampliamente los contratos aludidos para verificar la existencia o no de irregularidades y que de encontrarlas, individualice las correspondientes responsabilidades en cabeza de quién correspondan.
Recibo notificaciones en la Cra. 17 A No. 37.27 de la ciudad de Bogotá.
Atentamente,
Ciudadana
CLARA LÓPEZ OBREGON
C.C. No. 41.481.937 de Bogotá
Por El Espectador
