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La sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) modificó, este martes, su reglamento interno, permitiendo que se extienda el periodo de la actual mesa directiva, a la vez que permitirá que el magistrado Álvaro Hernán Prada permanezca en la presidencia de la entidad por un periodo más.
La discusión quedó zanjada, en la segunda sesión en la que se discutió el tema, con seis votos, de nueve posibles, a favor.
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Por la reglamentación actual, ante la salida del magistrado César Lorduy -que se discutirá este miércoles en el Congreso en pleno- el próximo en asumir la presidencia sería el liberal Altus Baquero.
Sin embargo, con la reforma, propuesta por el magistrado Alfonso Campo Martínez, se determinó que Prada continuará por un periodo más, es decir, hasta septiembre de 2026, luego de las elecciones legislativas y presidenciales.
Precisamente, se trató de un tema álgido, al punto que la magistrada Alba Lucía Velásquez (Pacto Histórico) presentó una tutela contra Prada. De acuerdo con Velásquez, se le estaría abriendo la puerta a Prada, quien fue llamado a juicio por la Corte Suprema, para que extienda su mandato como presidente de manera irregular. Su dirección debe terminar en septiembre, pero una ponencia que se está votando le permitiría quedarse por más tiempo. Su pretensión era que se pospusiera la votación de este martes, algo que no pasó.
En un principio la resolución en cuestión pedía extender automáticamente en un año el periodo de la presidencia del CNE. Sin embargo, lo que se aprobó no fue esto. El Consejo Electoral determinó que, si llegado el momento de elegir al nuevo presidente no hay una decisión por mayoría, quedaría quien ya ocupe el cargo, en este caso, Prada.
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Prada vino de las filas del Centro Democrático, partido que se declaró en oposición al proyecto progresista y ha sido muy crítico de la forma en que ha gobernado la Casa de Nariño.
Además, junto con el magistrado Benjamín Ortiz del Liberal han liderado una investigación en contra de la campaña presidencial de Petro en el 2022, por posible violación del tope de gastos. Por ese proceso, ambos fueron acusados, por el oficialismo, de no tener competencia para tomar dicha determinación y porque, además, habrían extralimitado sus funciones. El tema llegó a la Fiscalía; sin embargo, el 11 de febrero la fiscal encargada del expediente lo archivó.
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