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Este martes, el Colectivo de Abogado José Alvear Restrepo (Cajar) y el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, radicaron una demanda de inconstitucionalidad al literal “e” del artículo 1 de la ley 2003 de 2019, que reglamentó nuevas reglas por las cuales los congresistas deben declarar un tipo de conflicto de intereses.
El apartado demandado dicta que los parlamentarios tienen que declarar un conflicto de intereses, sin necesidad de someterse a votación, cuando este “participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo que tratan sobre los sectores económicos de quienes fueron financiadores de su campaña, siempre y cuando, no genere beneficio particular, directo y actual” para estos.
De acuerdo con los argumentos expuestos por el Colectivo y el exmagistrado, desde que se expidió la nueva ley ningún congresista ha reportado dicho conflictos y, por el contrario, han participado de la discusión de iniciativas que afectarían a industrias donantes de campaña.
“En la Cámara de Representantes, durante la discusión del proyecto de etiquetado frontal de advertencia para ultra procesados y bebidas azuracadas, varios congresistas que fueron financiados por esta industria no declararon su conflicto de interés, intervinieron en el debate y mucho más grave fueron parte de la comisión que buscaba modificar la iniciativa”, explicó el abogado Reinaldo Villalba de Cajar.
Para los demandantes, el orden de las cosas es que los congresistas tengan la obligación de declarar un impedimento y que esta sea votada por la sesión o plenaria para que, eventualmente, se distancien de la discusión de proyectos como el ejemplificado.
“El Congreso debe legislar priorizando el interés general, no los intereses de las industrias privadas que financian las campañas de los parlamentarios”, insistió Cajar.
