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13 Oct 2020 - 8:37 p. m.

Colombia, con “cumplimiento limitado” en lucha contra el soborno transnacional

Un informe sobre la implementación de parámetros de la OCDE para hacerle frente a la problemática destaca que el país subió una categoría, pero demanda mayores esfuerzos para alcanzar un nivel de implementación moderada o activa.
En la evaluación Colombia, que representa el 0,2 % de las exportaciones globales, pasó del nivel de implementación “nula” a “limitada”. /Getty Images
En la evaluación Colombia, que representa el 0,2 % de las exportaciones globales, pasó del nivel de implementación “nula” a “limitada”. /Getty Images

Casos como el de Odebrecht, en el que una empresa trasnacional incurrió en sobornos y dádivas a funcionarios públicos de diversos países a cambio de jugosos contratos de infraestructura, evidencian el calibre e impacto del soborno trasnacional. Colombia no está exenta de la problemática. De hecho, este martes la organización Transparencia Internacional determinó que el país se encuentra en un rango de “cumplimiento limitado” en la lucha contra ese flagelo.

Así lo evidencia el informe Exportando Corrupción 2020, que evaluó 47 países frente a la implementación de parámetros de la Convención Antisoborno de la OCDE, que busca prevenir el cohecho en las transacciones comerciales internacionales y que Colombia ratificó en 2013. Si bien se destaca que el país mejoró en comparación con 2018, cuando se encontraba en la categoría “cumplimiento escaso o nulo”, la organización advirtió que aún debe realizar mayores esfuerzos en su lucha contra el soborno transnacional.

“Se identifican avances en materia de investigaciones, capacitación de servidores públicos y desarrollo de leyes. Sin embargo, hay poco avance respecto a las recomendaciones que se realizaron hace dos años, especialmente en lograr mayor protección a denunciantes de actos de corrupción”, determinó Transparencia Internacional.

Para el organismo, En Colombia se evidencia fortalecimiento de capacidades de instituciones estales encargadas de prevenir y sancionar este delito, y esfuerzos por divulgar y sensibilizar diversos actores en materia de soborno transnacional.

En particular, se destacan la ley 1778 de 2016, sobre responsabilidad de personas jurídicas por actos de corrupción transnacional; la ley 2014 de 2019, que incorporó la inhabilidad para contratar con el Estado para personas jurídicas condenadas por cohecho extranjero; y nuevas disposiciones de regulación de conflictos de interés de funcionarios públicos, especialmente la ley 2013 de 2019.

A lo anterior, se suma la formación de funcionarios, investigadores, y jueces que hacen parte del esquema de prevención y detección del soborno transnacional, así como la creación de grupo de investigación de soborno transnacional en la Superintendencia de Sociedades y la generación de guías para prevenir el cohecho extranjero. Adicionalmente, Transparencia Internacional destaca la implementación del canal virtual de denuncias de soborno transnacional por parte de la Superintendencia y espacios de capacitación con empresarios.

Sin embargo, el organismo insiste en que el país debe incorporar mecanismos efectivos de protección integral a reportantes y denunciantes de corrupción, tanto en el ámbito público como privado, una recomendación que data de 2018 y cuya implementación aún es escasa. Se debe tener en cuenta además el Registro Único de Beneficiarios Efectivos, Finales o Reales creado por la ley 2010 de 2016.

“A nivel internacional se considera que la creación y divulgación de registros centrales de beneficiarios finales de las empresas pueden contribuir en la lucha efectiva contra el soborno transnacional. En complemento, es importante que en Colombia se definan líneas de acción claras respecto a la manera como se podría fortalecer el régimen de responsabilidad de personas jurídicas mediante la incorporación de medidas de responsabilidad penal”, agregó la organización.

Finalmente, el informe aboga por mayores recursos para la investigación efectiva del soborno transnacional, pues el proceso de detección de implicados y recolección de pruebas para la investigación requiere que las unidades investigativas cuenten con suficientes recursos humanos, económicos y tecnológicos.

“Las debilidades aun identificadas ponen en riesgo la efectividad de los avances logrados en los últimos años. De nada sirven los avances legislativos si no prevenimos que los hechos ocurran y no logramos sanciones contundentes contra el soborno transnacional”, afirmó Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.

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