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Con la certeza del deber cumplido, a cuatro meses de terminar su mandato, el presidente Iván Duque ha logrado- con los avances de la política de Paz con Legalidad – un escenario para que Colombia sea un mejor país, que los principios de equidad, igualdad y oportunidades sean irreversibles, y las futuras administraciones puedan construir sobre lo ya construido.
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La Paz con Legalidad fue la ruta señalada en 2018 para implementar los Acuerdos e ir más allá, como ha ocurrido, en la solución de problemas anacrónicos, que envejecieron mal, en detrimento de la sociedad, y que debieron solucionarse hace décadas.
El equipo de gobierno tuvo como ejes una planeación seria y de largo plazo, una manifestación política de cumplimiento y acciones que aseguran un proceso transformador irreversible.
En su visita a Colombia en noviembre pasado, el secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, reconoció los avances alcanzados pese a las dificultades del momento y a la huella de las violencias prolongadas, y destacó a Colombia como un modelo para el mundo en la construcción de paz.
Los avances en la transformación, que ya son visibles y validados por las comunidades beneficiadas, se fundamentan en la ejecución del llamado “índice de Paz con Legalidad”: 1: Garantías políticas y jurídicas; 2. Víctimas y restitución de tierras; 3. Reincorporación; 4. Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial; 5. Sustitución voluntaria de cultivos ilícitos; 6. Desarrollo rural integral; 7. Mujeres y género; 8. Enfoque étnico; 9. Desminado humanitario.
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El Plan Marco de Implementación determina 516 indicadores de cumplimiento para los gobiernos de turno. En ese esfuerzo hemos trabajado sin descanso, pese al impacto generado por la pandemia del COVID-19 y a las dificultades propias de estos tiempos. Si miramos lo que se ha logrado en apoyo a las víctimas de la violencia, con reparaciones individuales o a las comunidades aquejadas en conjunto por los violentos, el apoyo a casi el 50% de los 13 mil excombatientes de las Farc y que hoy tienen un proyecto individual o colectivo, o el respaldo a casi 100 mil familias que ya no cultivan coca y están en la legalidad, puedo decir que hemos avanzado mucho más de lo que proporcionalmente nos correspondía.
Hay 6,6 millones de colombianos que viven en las regiones más golpeadas por la violencia y la pobreza. Ocupan casi el 30% de la “Colombia dispersa”, los sitios más lejanos del millón 138 mil kilómetros cuadrados de nuestra superficie. A través de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), una gran herramienta de transformación rural, se invierten hoy en esas regiones más de $11,7 billones de pesos (USD 3.284 M), el equivalente al 70% de lo que cuesta la primera línea el metro de Bogotá.
Es necesario hacer un reconocimiento al sector privado, a los empresarios, a las autoridades de todas las regiones, y en especial a la comunidad internacional. La cooperación internacional tuvo el tiempo de analizar el rumbo que le estábamos dando a la implementación. Después de consultarlo y estudiar lo logrado en todos los frentes, se han alineado con las políticas diseñadas por el gobierno del presidente Duque y, acorde con esas políticas, han ratificado políticamente y con recursos para la paz que este es el camino correcto para Colombia.
En plena campaña electoral, algunos desconocen los avances en la implementación, cuando es claro entender que esa práctica no construye paz. Hoy, los verdaderos enemigos de la paz son los disidentes y narcotraficantes que atacan a los líderes sociales, a los excombatientes y a la fuerza pública, con una acción criminal que rechaza toda la sociedad. La violencia no tiene futuro.
*Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.
Por Emilio José Archila Peñalosa *
