Una serie de reuniones que se realizaron durante las últimas 96 horas a puerta cerrada y todas con carácter privado, algunas en la Casa de Nariño y otras en el Palacio de San Carlos, fueron el eje central de la estrategia que se lanzó desde Colombia para intentar paliar la crisis que se desató en la relación con Estados Unidos y que aún no se supera plenamente.
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Fue en esos espacios, que además se reforzaron con mensajes y llamadas a personas de muy alto nivel tanto en Bogotá como en Washington, que se analizaron una serie de informes que el presidente Gustavo Petro había pedido anteriormente analizando los escenarios –pasivos y negativos– que se podrían derivar del choque binacional que se desató con la administración del magnate republicano Donald Trump.
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El Espectador estableció que luego de ver las consecuencias que podrían surgir, y más en momentos en que quien comanda la Casa Blanca viene aplicando una serie de medidas coercitivas con base en aranceles que terminan golpeando a las economías que venían siendo socias de los estadounidenses, fue que el mandatario decidió bajarle públicamente el tono a su disputa con Trump y, de paso, hasta filtrar una carta que le había enviado desde mediados de junio en esa misma vía.
En esos encuentros, entre otros, estuvieron la ya excanciller Laura Sarabia, quien asumió su cargo temporalmente de manera oficial este miércoles, Rosa Villavicencio, en algunos el propio Petro y, entre otros asesores, el vicecanciller Mauricio Jaramillo y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel Garcia-Peña. Este último, de hecho, regresó a Washington hace 24 horas con la instrucción directa de ponderar los comentarios del jefe de Estado que habían ayudado a acrecentar la crisis.
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Se trata de los señalamientos que en plaza pública había hecho el presidente Petro contra el secretario de Estado, Marco Rubio, a quien alcanzó a señalar de forma directa de supuestamente estar detrás de un presunto intento de frenar su administración. Y aunque después de decirlo fue que se envió la carta de junio intentando bajar los ánimos, y luego en una declaración desde la Casa de Nariño volvió a recular, el asunto en la Oficina Oval no se sentía subsanado.
Fuentes que conocieron de las intimidades de esos encuentros le confirmaron a este diario que el mensaje que se le hizo llegar a Petro siempre fue el de intentar la moderación sin dejar de lado sus posturas de “hablar de tú a tú” con otras naciones, y que lo más pertinente era decirlo también en público. Por eso, la semana pasada durante la posesión de quien fuera su abogado personal como magistrado de la Corte Constitucional, Héctor Carvajal, reiteró los señalamientos sobre Rubio.
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Sin embargo, ese paso no dejó del todo satisfecha a la administración Trump, representada por Rubio, por lo que el llamado a consultas de su delegado de negocios en Bogotá, John McNamara, se dio ese mismo día: el 3 de julio pasado.
Ante el incremento de los decibeles en esta disputa fue que se comenzaron estas reuniones de carácter privado para buscar alternativas, lo que explica el porqué de varias movidas.
Incluso, desde los palacios de Nariño y San Carlos les dijeron extraoficialmente a reporteros de este diario que esa búsqueda de caminos contó con acercamientos a expresidentes colombianos y a empresarios de muy alto nivel que hacen presencia en ambos países. Además, que exdiplomáticos de los dos Estados también hicieron parte de los consultados.
En medio de estas polémicas, que se terminaron de subsanar el martes con el regreso de Garcia-Peña a Estados Unidos y este miércoles con el retorno de McNamara a Colombia, también se verificaron varias cifras, pues más allá de lo discursivo hay una relación comercial que podría deteriorarse en detrimento para el sector nacional.
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La razón es que la pelea con la administración Trump terminaría golpeando a nivel económico. En efecto, y de acuerdo con un reporte reciente de Analdex, las ventas hacia Estados Unidos desde Colombia (entre enero y noviembre de 2024) alcanzaron los US$ 13.106 millones, lo que significa un incremento del 7,6 % frente al mismo período de 2023; y todo esto podría irse al traste si la Oficina Oval imponía sanciones más allá de lo diplomático. No obstante, esto aún no se descarta del todo.
En un comunicado de McNamara dado a conocer exactamente dos horas antes de que se viera públicamente con Petro este miércoles en Rionegro (Antioquia), el diplomático estadounidense confirmó que regresó de Washington “con preocupaciones persistentes de mi gobierno sobre la retórica y acciones de los más altos niveles del gobierno colombiano que ponen en riesgo la relación histórica, cercana y mutuamente beneficiosa entre nuestros dos países”.
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Eso contrasta con lo que un día antes había dicho García-Peña, pues el diplomático colombiano dijo a su arribo a la capital estadounidense que la intención de Colombia es “profundizar la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, con énfasis en el desmantelamiento de organizaciones criminales transnacionales y las estructuras financieras que las sostienen”; además, agregó, se buscan nuevos puntos de acuerdo en materia de migración, ambiente y otros asuntos claves para la agenda binacional.
Ahora bien, como lo destacaron desde la Casa de Nariño, para el presidente Petro fue clave que el delegado McNamara le aceptara la invitación de este miércoles en Rionegro inmediatamente tras su regreso a Colombia. Y que lo hizo en un escenario en el que había delegados de Suecia y otros países ante los cuales el jefes de Estado habló diversificar los Estados a los que se le compran armas y puso de ejemplo la adquisición de los aviones Gripen.
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Ahora, con la posesión de Villavicencio como canciller (e), faltará ver cómo sigue la comunicación. Ya ha recibido críticas por no tener dominio completo del inglés y tiene la tarea de acercarse a su homólogo estadounidense para seguir sanando la herida.
Su aterrizaje ocurre, en todo caso, antes de que finalice la suspensión a la imposición de aranceles por parte del Gobierno de Estados Unidos (el 1 de agosto) y que sería, para Colombia, del 10 %. No se descarta, eso sí, que pueda ocurrir lo mismo que ya se advirtió con Brasil, al que se le aplicaría un aumento al 50 % en caso de no detener el juicio contra el expresidente de derecha Jair Bolsonaro, duro contradictor del mandatario Luiz Ignacio Lula da Silva; este último es aliado de Petro.
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La mira está en subsanar la crisis, pero el Gobierno colombiano también se enfrenta a problemas internos. No solo tendrá que seguir en comunicación constante para no sufrir por las medidas arancelarias, sino que también tendrá que responder por un nuevo esquema de expedición de pasaportes con una Cancillería cuya titularidad sigue en encargo.
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