Comienza reparación de víctimas por vía administrativa

El Gobierno Nacional destinará siete billones de pesos para la reparación por vía administrativa de las víctimas de grupos armados ilegales. Esta iniciativa será oficializada este martes cuando el presidente Álvaro Uribe firme el decreto que así lo contempla.

El ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín Sardi, dio a conocer que estos dineros saldrán parte del Presupuesto Nacional, otra suma de recursos ordinarios de la Nación y otra de los impuestos de todos los colombianos.

"Tenemos que ser solidarios con la gente que más ha sufrido en estos años, y ese es un gran mensaje de los colombianos al mundo, que somos solidarios con el dolor de las víctimas", manifestó Holguín.

Aún así, este decreto de resarcimiento no implicará la creación de nuevos impuestos. Según el Ministro, para la reparación e indemnización de las víctimas los fondos saldrán del patrimonio del Estado.

Los primeros beneficiados con esta iniciativa gubernamental serán aproximadamente dos millones doscientas mil personas, de las cuales 126 mil se han acreditado como víctimas en el proceso de Justicia y Paz. La cifra restante corresponde a un poco más de 500 mil hogares de desplazados.

A simple vista y con este decreto que suscribe el Gobierno, se espera que antes de concluir este semestre el Estado logre la reparación de la primera víctima del conflicto.

Sin embargo, Holguín aclaró que la reparación vía administrativa "no va a sustituir la obligación de los desmovilizados jefes paramilitares de entregar sus bienes para restituir a las víctimas".

Una vez más el Gobierno ha aclarado que la mayor dificultad dentro del proceso de reparación es que la mayoría de las víctimas desconocen quiénes son sus victimarios. "Por eso el Gobierno hace un acto de reparación en el ejercicio de un principio de solidaridad", explicó el Jefe de la cartera del Interior.

Esta reparación que inicia el Gobierno no se convierte en ningún impedimento para que las víctimas sigan buscando resarcimiento por la vía judicial. El decreto se da luego de que la anterior semana el Congreso de la República denunciara las falencias del mismo sistema.

El Gobierno Nacional destinará siete billones de pesos para la reparación por vía administrativa de las víctimas de grupos armados ilegales. Esta iniciativa será oficializada este martes cuando el presidente Álvaro Uribe firme el decreto que así lo contempla.

El ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín Sardi, dio a conocer que estos dineros saldrán parte del Presupuesto Nacional, otra suma de recursos ordinarios de la Nación y otra de los impuestos de todos los colombianos.

"Tenemos que ser solidarios con la gente que más ha sufrido en estos años, y ese es un gran mensaje de los colombianos al mundo, que somos solidarios con el dolor de las víctimas", manifestó Holguín.

Aún así, este decreto de resarcimiento no implicará la creación de nuevos impuestos. Según el Ministro, para la reparación e indemnización de las víctimas los fondos saldrán del patrimonio del Estado.

Los primeros beneficiados con esta iniciativa gubernamental serán aproximadamente dos millones doscientas mil personas, de las cuales 126 mil se han acreditado como víctimas en el proceso de Justicia y Paz. La cifra restante corresponde a un poco más de 500 mil hogares de desplazados.

A simple vista y con este decreto que suscribe el Gobierno, se espera que antes de concluir este semestre el Estado logre la reparación de la primera víctima del conflicto.

Sin embargo, Holguín aclaró que la reparación vía administrativa "no va a sustituir la obligación de los desmovilizados jefes paramilitares de entregar sus bienes para restituir a las víctimas".

Una vez más el Gobierno ha aclarado que la mayor dificultad dentro del proceso de reparación es que la mayoría de las víctimas desconocen quiénes son sus victimarios. "Por eso el Gobierno hace un acto de reparación en el ejercicio de un principio de solidaridad", explicó el Jefe de la cartera del Interior.

Esta reparación que inicia el Gobierno no se convierte en ningún impedimento para que las víctimas sigan buscando resarcimiento por la vía judicial. El decreto se da luego de que la anterior semana el Congreso de la República denunciara las falencias del mismo sistema.