Comisión de Paz concertó con otras instituciones instalar un Puesto Unificado de DD.HH. en Cali

La Comisión de Paz del Congreso llegó este lunes a Cali, junto con una delegación diplomática, para ver de primera mano lo que está sucediendo en la ciudad, escuchar a la ciudadanía y recoger varias recomendaciones al Gobierno Nacional, que hace presencia en la ciudad a través de los ministros de Defensa e Interior, Diego Molano y Daniel Palacios, respectivamente.

Fueron tres conclusiones principales que hizo la Comisión de Paz. De antemano, le solicitaron al Gobierno que el diálogo nacional se instale en Cali y no Bogotá. Con este pedido reiterativo que ha hecho la Comisión, congresistas y otras voces de la política, incluido el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

“Esta Comisión ha propuesto que el presidente toma la decisión de un Conpes para los jóvenes que incluya por lo menos tres elementos, la garantía de la renta básica, la garantía de la educación básica y universitaria gratuita con matrícula cero y un plan inmediato de empleo de emergencia”, es la primera recomendación de la célula legislativa al Gobierno.

En segundo lugar, la Comisión comunicó que junto a la Procuraduría, Defensoría y organizaciones de DD.HH. se decidió instalar un Puesto Unificado de DD.HH. a partir de este martes en la Defensoría, en la que las personas se pueden acercar y denunciar cualquier hecho de violación de derechos.

Por último, insistieron en la necesidad de desmilitarizar la ciudad, como el verdadero camino que permite un verdadero diálogo. “Estamos convencido de que la autoridad civil y la Policía, en estricto cumplimiento de DD.HH. es la responsable de velar por la vida, la protesta y los derechos de los demás ciudadanos”, insistió el senador Roy Barreras, presidente de la Comisión.

Precisamente el respetar la autoridad civil, representada en el alcalde Ospina, fue un llamado que en conjunto hicieron los congresistas. “Me preocupa la actuación de las Fuerzas Militares, Fuerza Pública, Gobierno Nacional y otras instituciones estatales no consultando adecuadamente la institucionalidad local en cabeza del alcalde”, expresó el senador Antonio Sanguino (Alianza Verde).

Siguió diciendo el senador John Milton Rodríguez (Colombia Justa-Libres): “la autoridad civil de nuestro alcalde tiene que trabajar coordinadamente con el Ministerio de Defensa y garantizar la vida y honra de todos los caleños y del Valle del Cauca”.

El alcalde participó de este encuentro y también dejó un mensaje: “es muy importante que desactivemos la espiral de violencia que pretende tomar camino en el país. Es fundamental que a los problemas políticos y sociales se les den una respuesta a través de la inversión social y el diálogo. Es fundamental entender que una situación violenta instala la violencia. Las sociedades tienes puntos de quiebre y estos deben de ser liderados con asertividad”.

Por eso, Ospina insistió en que las conversaciones se deben de dar en Cali bajo mecanismos de participación ciudadana. “Desarrollar asambleas de trabajo, construir mesas de diálogo en todos los escenarios y entender que estamos atravesando por esos puntos de ruptura”. Eso sí, esa convocatoria, reconoció, debe liderarla el Gobierno, debido a que las movilizaciones se presentan en todo el país.

Así mismo, los otros miembros de la Comisión aprovecharon para informar de las acciones que han tomado a nivel internacional, como interponer denuncias ante la Corte Penal Internacional, sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y el Esmad, así como pedirle a la Oficina de la Alta Comisionada para los DD.HH. de Naciones Unidas para que visite el país y documente la situación de vulneración de derechos.

También, comentó Sanguino, le escribieron a la Corte Interamericana de DD.HH. y al Congreso de Estados Unidos, pidiéndoles visiten el país y atestigüen la situación que vive Cali, especialmente. Hay quienes ven un papel preponderante en el país norteamericano, para que haga presión al gobierno de Duque para que cese y avance en las investigaciones de hostigamiento, desmanes y violaciones de derechos a la población civil.

Mientras llega la misión internacional y diplomática, en caso de que el Gobierno la acepte, el representante de la U, John Jairo Hoyos, hizo una invitación a los y las caleñas para que se acerquen al Puesto Unificado de DD.HH. a poner en conocimiento situaciones de violación de derechos. “Invitamos a los ciudadanos a confiar en las instituciones encaradas del orden, en cabeza de nuestro alcalde, que acompañamos en ese propósito”, reiteró.

Durante toda la visita, se reiteró en la necesidad de una salida dialogada y negociada con los jóvenes y la ciudadanía y rechazaron, a la vez, la violencia y los riesgos de seguridad de quienes lideran la protesta. “Hoy después de nuestra visita, los puntos de concentración de los jóvenes fueron atacados y reprimidos por la Policía, agravando la situación de DD.HH.”, comentó Sanguino.

Roy Barreras terminó diciendo que “se palpa en la ciudad un crecimiento indignación que se transforma en rabia por cuenta de los bloqueos que son connaturales a la protesta. La opinión de la ciudadanía se desgasta cuando hay dificultades para la obtención de alimentos, oxígeno y medicinas. Esta comisión empatiza la necesidad de mantener los corredores humanitarios, de lo contrario, los bloqueos desgastarán la protesta y van a ser usado por grupos violentos para su reacción violenta”, recordando los hechos sucedidos este domingo, donde ocho integrantes de la minga fueron heridos con bala a manos de civiles armados.

La Comisión de Paz del Congreso llegó este lunes a Cali, junto con una delegación diplomática, para ver de primera mano lo que está sucediendo en la ciudad, escuchar a la ciudadanía y recoger varias recomendaciones al Gobierno Nacional, que hace presencia en la ciudad a través de los ministros de Defensa e Interior, Diego Molano y Daniel Palacios, respectivamente.

Fueron tres conclusiones principales que hizo la Comisión de Paz. De antemano, le solicitaron al Gobierno que el diálogo nacional se instale en Cali y no Bogotá. Con este pedido reiterativo que ha hecho la Comisión, congresistas y otras voces de la política, incluido el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

“Esta Comisión ha propuesto que el presidente toma la decisión de un Conpes para los jóvenes que incluya por lo menos tres elementos, la garantía de la renta básica, la garantía de la educación básica y universitaria gratuita con matrícula cero y un plan inmediato de empleo de emergencia”, es la primera recomendación de la célula legislativa al Gobierno.

En segundo lugar, la Comisión comunicó que junto a la Procuraduría, Defensoría y organizaciones de DD.HH. se decidió instalar un Puesto Unificado de DD.HH. a partir de este martes en la Defensoría, en la que las personas se pueden acercar y denunciar cualquier hecho de violación de derechos.

Por último, insistieron en la necesidad de desmilitarizar la ciudad, como el verdadero camino que permite un verdadero diálogo. “Estamos convencido de que la autoridad civil y la Policía, en estricto cumplimiento de DD.HH. es la responsable de velar por la vida, la protesta y los derechos de los demás ciudadanos”, insistió el senador Roy Barreras, presidente de la Comisión.

Precisamente el respetar la autoridad civil, representada en el alcalde Ospina, fue un llamado que en conjunto hicieron los congresistas. “Me preocupa la actuación de las Fuerzas Militares, Fuerza Pública, Gobierno Nacional y otras instituciones estatales no consultando adecuadamente la institucionalidad local en cabeza del alcalde”, expresó el senador Antonio Sanguino (Alianza Verde).

Siguió diciendo el senador John Milton Rodríguez (Colombia Justa-Libres): “la autoridad civil de nuestro alcalde tiene que trabajar coordinadamente con el Ministerio de Defensa y garantizar la vida y honra de todos los caleños y del Valle del Cauca”.

El alcalde participó de este encuentro y también dejó un mensaje: “es muy importante que desactivemos la espiral de violencia que pretende tomar camino en el país. Es fundamental que a los problemas políticos y sociales se les den una respuesta a través de la inversión social y el diálogo. Es fundamental entender que una situación violenta instala la violencia. Las sociedades tienes puntos de quiebre y estos deben de ser liderados con asertividad”.

Por eso, Ospina insistió en que las conversaciones se deben de dar en Cali bajo mecanismos de participación ciudadana. “Desarrollar asambleas de trabajo, construir mesas de diálogo en todos los escenarios y entender que estamos atravesando por esos puntos de ruptura”. Eso sí, esa convocatoria, reconoció, debe liderarla el Gobierno, debido a que las movilizaciones se presentan en todo el país.

Así mismo, los otros miembros de la Comisión aprovecharon para informar de las acciones que han tomado a nivel internacional, como interponer denuncias ante la Corte Penal Internacional, sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y el Esmad, así como pedirle a la Oficina de la Alta Comisionada para los DD.HH. de Naciones Unidas para que visite el país y documente la situación de vulneración de derechos.

También, comentó Sanguino, le escribieron a la Corte Interamericana de DD.HH. y al Congreso de Estados Unidos, pidiéndoles visiten el país y atestigüen la situación que vive Cali, especialmente. Hay quienes ven un papel preponderante en el país norteamericano, para que haga presión al gobierno de Duque para que cese y avance en las investigaciones de hostigamiento, desmanes y violaciones de derechos a la población civil.

Mientras llega la misión internacional y diplomática, en caso de que el Gobierno la acepte, el representante de la U, John Jairo Hoyos, hizo una invitación a los y las caleñas para que se acerquen al Puesto Unificado de DD.HH. a poner en conocimiento situaciones de violación de derechos. “Invitamos a los ciudadanos a confiar en las instituciones encaradas del orden, en cabeza de nuestro alcalde, que acompañamos en ese propósito”, reiteró.

Durante toda la visita, se reiteró en la necesidad de una salida dialogada y negociada con los jóvenes y la ciudadanía y rechazaron, a la vez, la violencia y los riesgos de seguridad de quienes lideran la protesta. “Hoy después de nuestra visita, los puntos de concentración de los jóvenes fueron atacados y reprimidos por la Policía, agravando la situación de DD.HH.”, comentó Sanguino.

Roy Barreras terminó diciendo que “se palpa en la ciudad un crecimiento indignación que se transforma en rabia por cuenta de los bloqueos que son connaturales a la protesta. La opinión de la ciudadanía se desgasta cuando hay dificultades para la obtención de alimentos, oxígeno y medicinas. Esta comisión empatiza la necesidad de mantener los corredores humanitarios, de lo contrario, los bloqueos desgastarán la protesta y van a ser usado por grupos violentos para su reacción violenta”, recordando los hechos sucedidos este domingo, donde ocho integrantes de la minga fueron heridos con bala a manos de civiles armados.