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Como era de esperarse, el ascenso a general efectivo del mayor general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, este jueves en la Comisión Segunda del Senado, generó nuevamente una ardua polémica, ante las actuaciones de la Fuerza Pública en el marco del las protestas del paro nacional. Con ocho votos a favor y el retiro de los miembros de la oposición, la proposición de su ascenso fue aprobada en un primer debate y ahora pasará a la plenaria para su ratificación.
Al inicio de la sesión virtual, antes de retirarse, el senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, leyó una constancia, firmada también por Iván Cepeda del Polo y Feliciano Valencia del MAIS, en la que se cuestionó el accionar de la Policía y el Esmad en las manifestaciones ciudadanas, que desde hace un mes se desarrollan en el país, presentando un balance de lo que consideran ha sido una “sistemática violación de los derechos humanos”: 60 homicidios, de los cuales 43 fueron presuntamente cometidos por agentes de la Policía; 22 víctimas de agresiones sexuales; 43 personas con heridas oculares; 165 casos de disparos con armas de fuego y 3.155 casos de violencia policial.
“A pesar de ello, durante estas semanas, el mayor general Vargas no ha realizado pronunciamientos rechazando la violencia policial, no ha recriminado el actuar de sus agentes, ni ha presentado respeto a las víctimas y sus familiares. Por el contrario, se ha dedicado a elogiar el actual de la Policía (…) el mayor general, en sus declaraciones, ha desconocido las cifras reveladas por las organizaciones de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo y el propio Ministerio de Defensa sobre violencia homicida por presunto abuso policial en el país”, señaló la constancia.
En la misma, finalmente se solicitó que, sin desconocer la presunción de inocencia, no se adelantara el trámite del ascenso “hasta tanto no se culminen las investigaciones y se establezcan las responsabilidades que el mayor general Vargas pueda tener en los hechos que se han denunciado durante estos 30 días de paro nacional”.
Por su parte, el senador Cepeda, también antes de retirarse de la sesión virtual, aseguró que no es el momento ni la forma para ascender al mayor general Vargas, “pues este podría ser investigado penalmente, a nivel nacional e internacional, por su eventual responsabilidad en crímenes de lesa humanidad”. El congresista del Polo cuestionó además a sus compañeros de comisión, por obviar el clamor social y el clamor de las víctimas, al votar favorablemente dicho ascenso.
“El mayor general Vargas, como superior jerárquico de la Policía Nacional, es responsable por fallar en su deber de ejercer control y orden como superior. (…) debe tener control efectivo de sus subordinados, y esto se mide en la capacidad de prevenir o reprimir la comisión de crímenes (…) sin embargo, en vez de recriminar y enviar un mensaje de rechazo a la violencia policial, ha exaltado sin distingo alguno la labor de los agentes, a quienes les ha expresado su respaldo total, lo que en términos del derecho penal internacional, podría dar lugar a responsabilizar al director de la Policía como partícipe a título de complicidad por asistencia y cooperación”.
Como se sabe, hace algunos días, con el apoyo de varias organizaciones civiles, Cepeda dirigió una comunicación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que documenta el supuesto conocimiento por parte del mayor general Vargas sobre las actuaciones de policías en las movilizaciones del paro nacional, como por ejemplo, disparando armas de fuego contra los manifestantes, deteniendo a miles de ellos, protegiendo a civiles que dispararon a las comunidades, o ejecutando ataques sistemáticos contra misiones de derechos humanos, médicas y contra periodistas.
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En respuesta a los cuestionamientos, el senador Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, se fue lanza en ristre contra la oposición, señalando que lo que se ha querido es imponer una “dinámica terrorista” con los bloqueos en las calles e incluso cuando en el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, el pasado lunes, se llevó a supuestos familiares de víctimas de la violencia policial, cuando ni siquiera hay certeza de lo sucedido. “Nosotros en el Congreso tenemos una gran responsabilidad de respaldar y defender las instituciones en democracia. No puede ser que un Comité de Paro nos quiera cambiar las normas, quiera revocar el Congreso y hasta destituir al presidente de la República (…) si quieren cambiar las cosas, vayan a las elecciones y gánenlas (…) la hoja de vida del general Vargas es intachable y merece ser revisada y apoyada. No tiene ningún antecedente en los órganos de control ni suspensiones”, enfatizó Gómez.
También hablaron los senadores Macías y Holguín, del Centro Democrático, en defensa del ascenso del director de la Policía, y para arreciar en sus críticas a la oposición. “Se han tejido infamias con relación al ascenso del general Vargas, cuando no hay un solo fallo de autoridad alguna sobre los hechos en los que los han señalado. Le atribuyen a la Policía una serie de acciones que no corresponden a la realidad. Yo pregunto: ¿quién o quiénes dan la orden de todo lo que está ocurriendo en el país, de quemar las sedes de la justicia, se robarse las armas, de agredir a la Fuerza Pública? Los policías de Colombia son unos verracos y me quito mi sombrero ante ellos”, dijo Macías.
“Aquí lo que hemos visto es un ataque orquestado de estructuras criminales (…) los soldados y policías son colombianos y seres humanos con derecho al buen nombre, a la presunción de inocencia y que les sean respetado sus honores y derecho a ascender”, concluyó Holguín.