Sobre las 10:00 de la mañana de este martes, los 14 integrantes de la Comisión Séptima del Senado entrarán de lleno en una discusión que marcará el rumbo de la política nacional en los próximos 12 meses, los mismos que serán la antesala de unas elecciones que oficialismo y oposición ya definieron como meta. El debate girará en torno a cuatro ponencias de la reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro, dos alternativas, una positiva y una negativa. Entre estas se destaca la última, pues será la primera en ser sometida a votación y la que, hasta el momento, tiene el respaldo mayoritario (ocho votos).
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Aunque con ese panorama la derrota del Ejecutivo parece segura, varios temas aún permanecen en juego. De confirmarse el archivo de la iniciativa, de inmediato los senadores petristas de esa comisión se sumarán a unas movilizaciones que sobre el mediodía llegarán justo al frente del Capitolio para escuchar un discurso del presidente Gustavo Petro en defensa de los cambios propuestos y la nueva fórmula para tramitarlos: la consulta popular.
“Yo creo que el hundimiento es inminente, tuvimos unos acercamientos, pero varios de los ocho nos dijeron que tiene un acuerdo y eso está difícil de romper. Si votan la negativa, rápidamente nos vamos a las calles y nos ponemos en modo consulta popular”, le dijo a este diario la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico.
De acuerdo con voces de la Casa de Nariño, desde que se conoció que están las mayorías para hundir el proyecto, ministros y congresistas del oficialismo le han pedido a Petro anticiparse a todos los escenarios y no improvisar; razón por la cual ya hay un equipo técnico, en su mayoría conformado por funcionarios del Ministerio del Trabajo, que está trabajando en las preguntas de la consulta y los decretos que servirán para darle luz verde a algunos elementos del articulado.
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Sin embargo, los legisladores que promueven la ponencia negativa también se mueven para intentar burlar la presión del Ejecutivo y blindar la votación. A la mesa directiva de esa célula, liderada por la conservadora Nadia Blel, una de las ocho, han llegado incluso peticiones para aplazar el debate. “No es casualidad que el presidente haya convocado a la Plaza de Bolívar, a escasos metros del Capitolio. Su objetivo es claro: intimidar, presionar y posiblemente agredir”, le dijo a Blel la representante Lina Garrido (Cambio Radical), segunda vicepresidenta de la Cámara y opositora de las reformas sociales.
La senadora ha descartado, por ahora, esa opción, pero condicionó la entrada al recinto de la Comisión Séptima para garantizar mejor organización y seguridad. Según un oficio publicado en la tarde del martes, a la sesión solo podrán ingresar los senadores y dos de sus asesores, así como los periodistas acreditados que se ubicarán en las barras.
Los esquemas de seguridad de los congresistas estarán en la parte trasera del recinto, pues la puerta principal se mantendrá cerrada. Así las cosas, no habrá espacio para invitados externos, lo que implica un revés para el Pacto Histórico, que en las últimas sesiones llevó a estudiantes del Sena y a representantes de organizaciones sociales que respaldan la reforma laboral.
Esta medida, de hecho, fue planteada por el grupo de los ocho el pasado martes, día en el que se firmó la ponencia negativa. Durante esa jornada, los legisladores advirtieron que la presencia de partidarios del Gobierno, así como los mensajes en redes del presidente y sus alfiles, generan un riesgo de seguridad para ellos, sus equipos y familias. De hecho, como lo contó este diario, los jefes de los esquemas de cada uno se reunieron con un alto oficial de la Policía y pidieron reforzar la protección.
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“Hemos sido objeto de ataques, calumnias y amenazas por parte del Gobierno, para ellos han utilizado todos los recursos del Estado: la televisión nacional, las emisoras, las redes sociales institucionales y personales (...) nosotros solo tenemos para defendernos la Constitución y los argumentos técnicos que sirvieron como base para tomar la decisión”, dijo Nadia Blel, quien pidió seguridad para las familias de los congresistas y reiteró que el Senado no será sumiso al Gobierno.
La presidenta de la Séptima cuenta con el respaldo del presidente del Congreso, su copartidario Efraín Cepeda, quien ha protagonizado desde el Ejecutivo los choques con Petro. Según dijo este fin de semana, el jefe de Estado “cruzó un límite al intimidar al Congreso”, por lo reiteró este lunes que se limitará el número de invitados al Capitolio Nacional por recomendación de las autoridades.
En contraste, el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde), partidario de las reformas, dijo que no comparte la decisión de Cepeda, por lo que desde su corporación se permitirá “la participación ciudadana en audiencias públicas, debates y mesas de trabajo en las distintas comisiones”, aunque, aseguró, se priorizará la seguridad. Este choque entre las cabezas de ambas cámaras le suma un punto más de tensión a la discusión de la reforma.
Según confirmó este diario, hasta la noche del lunes el ministro del Interior, Armando Benedetti, así como otras fichas del oficialismo, intentaron hacer acercamientos con algunos de los partidarios del bloque de ocho opositores para intentar que al menos dos de ellos se echaran para atrás y no asistieran al debate, lo que en teoría frenaría la ponencia negativa y le abriría la puerta a la discusión de los artículos. Sin embargo, todos le habrían reiterado que acatan el acuerdo interno a rajatabla.
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Si las confrontaciones entre Gobierno y oposición o las manifestaciones no afectan la sesión, los 14 senadores de la comisión decidirán en primer lugar sobre la ponencia negativa. Según fuentes en el interior de esa célula, cinco de los opositores la sustentarán y luego buscarán votarla este mismo martes para darle la estocada final al proyecto, cerrando la puerta al debate de las dos ponencias alternativas —una de Norma Hurtado, de La U, y la otra de Fabián Díaz, de la Alianza Verde— y a la positiva, apoyada por Martha Peralta, Ferney Silva, Wilson Arias (Pacto Histórico) y Omar Restrepo (Comunes).
Así las cosas, la apuesta de Petro por modificar las condiciones laborales sería archivada por Nadia Blel, Esperanza Andrade (Partido Conservador), Alirio Barrera, Honorio Henríquez (Centro Democrático), Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), Berenice Bedoya (ASI), Lorena Ríos (Colombia Justa Libres) y Ana Paola Agudelo (MIRA).
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