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Comenzado el Congreso, el trámite de los proyectos va a todo vapor y ya son varias las iniciativas aprobadas, entre ellas, una para regular el cobro de los derechos de grado. La Comisión Sexta del Senado le dio luz verde a esta propuesta de la bancada del partido Comunes para continuar su tránsito a plenaria.
El proyecto, de tres artículos, establece un tope del 18% del salario mínimo para el cobro del derecho de grado, es decir, los establecimientos universitarios podrán cobrar hasta $ 163.534 por este requisito para la graduación de los y las estudiantes.
Así mismo, un parágrafo del artículo dos determina que “la ceremonia de grado, y sus costos derivados, deberán ser optativos para el titular del derecho, por lo que, en ningún caso, será una exigencia el pago de los costos derivados de ceremonias de grado”.
Si el o la estudiante decide participar de la ceremonia, los costos de estas, de acuerdo con la iniciativa, debe ser proporcional y justificado.
Para la bancada Comunes, el derecho de grado, como bien lo dice su nombre, es un derecho que no puede convertirse en una barrera para el acceso al diploma profesional, técnico o tecnológico.
“El derecho de grado se ha convertido en un tema de objeto de significativos debates entre estamentos universitarios y de decisiones jurídicas en la Corte Constitucional, debido a que el contenido normativo no precisa con claridad el máximo valor que se debería cobrar por estos, dando como consecuencia, en la mayoría de situaciones, el cobro por estos derechos se ha convertido en una exigencia desproporcionada a pesar de que el derecho de grado es un derecho de los estudiantes que se adquiere una vez se superan una serie de requisitos académicos”, se lee en la exposición de motivos.
De acuerdo con el estudio de la iniciativa, las universidades del país que más cobran por el derecho de grado son la del Rosario ($ 884.000), Eafit ($ 856.800), Los Andes ($ 648.000), Javeriana ($ 612.000) y la de Envigado ($ 565.700).
Por lo menos, desde el 2012 se ha intentado reglamentar la materia, pero, por lo general, las iniciativas no surten el debido trámite y se hunden por tiempos.
