Como es evidente, la terminación del conflicto con las Farc dejó sobre la mesa muchos temas que afectan directamente a los colombianos y que, es de esperar, deberían ser la prioridad para el próximo gobierno y el nuevo Congreso, que se elegirá este 11 de marzo. Si bien la implementación del Acuerdo de Paz logrado con esa guerrilla es necesario e importante para mantener una paz estable y duradera, y atacar las problemáticas que se convirtieron en el origen de una guerra de más de medio siglo, la realidad es que para los ciudadanos, de acuerdo con las mediciones de opinión, no es uno de los temas principales, como sí lo son, por ejemplo, la corrupción, la salud o el desempleo.
Precisamente sobre este último tema se centró buena parte del debate realizado ayer por El Espectador, Fescol y CUSO International - Gobierno de Canadá en Cartagena, en el que los candidatos al Senado Armando Benedetti (Partido de la U), Jaime Amín (Centro Democrático), Rodrigo Jiménez (Polo Democrático) y Antonio Correa (Opción Ciudadana), expusieron algunas de las propuestas que podrían ayudar a la creación de empleo y, sobre todo, al acceso a éste por parte de mujeres, jóvenes y víctimas del conflicto armado.
La antesala la hizo, a través de un video, Alejandro Matos, director de País de la organización de desarrollo CUSO International - Gobierno de Canadá, al señalar que, por ejemplo, las mujeres tenían una tasa de ocupación 22 puntos más baja que la de los hombres y que la tasa de desempleo para ellas era cinco puntos más alta. En ese mismo sentido, en los jóvenes menores de 24 años había una tasa de desocupación que doblaba la cifra de los mayores de 25. A renglón seguido, un estudio que analizó el período 2014-2016 señala, según Matos, que casi la totalidad de las víctimas no tienen un empleo formal. “El empleo es importante, sobre todo la inclusión laboral, que genere otro tipo de inclusiones, como la salud o la vida digna”, comentó Matos.
Para Correa es necesario revisar los tratados de libre comercio que afectan, principalmente, el empleo rural, una situación ligada también a la política de tierras que genera el desplazamiento de la población del campo a la ciudad al no contar con condiciones de supervivencia. “Debemos buscar la forma de resarcir a las víctimas y a las mujeres que vienen de la guerra. En el Caribe, por ejemplo, hay mucho mototaxismo como forma de disipar la problemática laboral. Las leyes deben generar la confianza para inversionistas y reactivar la economía social”, dijo.
Por su parte, para Jaime Amín, existe un subregistro del empleo informal en el país y que éste, según estimaciones del candidato presidencial de su partido, Iván Duque, está entre el 35 y 38 %. Señala que desde el Gobierno Nacional se debería privilegiar con presupuesto a las víctimas para desarrollar empleo formal. “Hay personas que no tienen experiencia porque siempre han estado por fuera del aparato productivo. El Gobierno debe presionar y confiscar bienes mal habidos de quienes están en el proceso de paz para ponerlos a disposición de las víctimas a través de una multiplicidad de proyectos productivos. El Gobierno privilegia a delincuentes, pero no a quienes han sufrido su accionar criminal”, señaló.
Jiménez, aspirante del Polo, indicó que el problema radica en que no hay una propuesta clara para la generación de empleo. En su criterio, los esfuerzos por el primer empleo se deben enfocar en las personas que egresan de las universidades y evitar que éstos sean explotados intelectualmente por las grandes empresas. “Hay que acabar con los contratos de prestación de servicio: si contratan a un profesional con esa modalidad es porque se necesita ese personal. Hay que vincularlos a las nóminas de las empresas”, propuso.
A su turno, Armando Benedetti lanzó una propuesta polémica: “Nos tienen acostumbrados a que si les bajamos impuestos a los ricos les va a sobrar una plata que van a invertir, vamos a tener mayor productividad y generar empleo. Eso nunca se ha visto en la vida de Colombia”. Según refirió, se podría generar un millón de empleos si se crea un impuesto del 10 % a los recursos que tienen los más ricos en el exterior.
“Se calcula que hay afuera US$50.000 millones. Ese impuesto generaría unos $15 billones para emplear a un millón de personas. Ese impuesto existía hasta 2006 y lo quitó el gobierno de Uribe”, explicó Benedetti. Asimismo, aseguró que de ese dinero se podrían beneficiar personas que cumplieron la edad, pero no las semanas para la pensión, o quienes están en condición de discapacidad. “Es una propuesta seria”, concluyó. De esa forma, los candidatos le apostaron a la solución de uno de los problemas que más afectan a los colombianos y que está en los primeros lugares de interés para definir el voto.
Por El Espectador
