De todos los temas asociados a los contextos de guerra y paz que gravitan desde hace casi 30 años en cada elección presidencial en Colombia, este es posiblemente el que mayor cautela produce hoy en las sedes de las distintas campañas. La razón es una sola: se trata de ventilar ante los electores una serie de propuestas que, de alguna manera, tienen que ver con la obra que mayores dividendos políticos le trajo al presidente Álvaro Uribe durante sus dos períodos de Gobierno, la política de la seguridad democrática, una estrategia sobre la cual el Mandatario edificó y mantuvo sus altos niveles de popularidad.
La aclaración es válida a la hora de analizar las propuestas de los candidatos sobre lo que harán para enfrentar el conflicto armado y trazarle al país un cronograma de paz. El problema, sin embargo, comienza concretamente acá, con los desacuerdos sobre la naturaleza del conflicto. Las posiciones al respecto son varias. Están quienes niegan la existencia del conflicto armado, como es el caso de Juan Manuel Santos, quien lo observa como una exclusiva amenaza terrorista; Germán Vargas Lleras, quien lo acepta, pero sin darle a éste ningún contenido político; y Noemí Sanín, quien teniendo los mismos adjetivos que Santos se diferencia de éste en que considera que el conflicto tiene un componente social que no se puede obviar, pero advierte que se opondrá a cualquier entendimiento con las guerrillas.
Otros, por el contrario, como Gustavo Petro, lo asocian estrechamente con un irresuelto problema de tierras, a la concentración de poderes locales vinculados a mafias en las que paramilitarismo y narcotráfico son prácticamente un mismo actor. Por otra parte, Rafael Pardo concibe la paz como una decisión de Estado y la sustenta ante todo en el desarrollo de políticas sociales, sin descartar el diálogo. Antanas Mockus se muestra enemigo de que el país se involucre, una vez más, en un interminable y desgastante dilema hamletiano respecto a negociar o no negociar. Para él, el conflicto armado es sólo uno de los varios conflictos a los que se enfrenta el país y no se puede olvidar el peso del narcotráfico y la cultura de la ilegalidad.
Los matices se imponen entre quienes, independientemente de reconocerlo o no, lo ven como un fenómeno de terrorismo, asociado a las mafias del narcotráfico y de bandas criminales; quienes advierten diversas violencias asociadas a causas estructurales y reconocen un papel importante del Estado en su resolución, y quienes ven el conjunto de violencias como un tema de ilegalidad estructural.
Este documento es producto de la reflexión iniciada por un grupo de organizaciones con varios ex consejeros y ex comisionados de Paz para conocer las lecciones aprendidas en sus esfuerzos de más de 25 años para poner fin al conflicto armado interno. El grupo —conformado por la Corporación Nuevo Arco Iris, Planeta Paz, Fundación Social, Fundación Ideas para la Paz, Fundación Cultura Democrática y la ONG internacional Consejería en Proyectos/Project Counselling Service (PCS)—, trasladó esta reflexión política y académica a las campañas presidenciales para conocer su análisis del conflicto, de los actores de éste y sus propuestas de construcción de paz, las cuales dan a conocer a partir de este miércoles en El Espectador.
Antanas Mockus
La campaña del Partido Verde promueve la búsqueda de una paz integral, sostenida y sostenible, basada en los pilares de respeto a la vida, legalidad democrática y cumplimiento del Estado de Derecho. La violencia —no el conflicto armado interno—, es el principal problema de Colombia, afirmación que sustentan en que el 60% de los homicidios tienen causas distintas al conflicto armado. Sobre este problema, considera falsa la dicotomía entre salida negociada o salida militar —en términos absolutos–— pues aquélla es una entre múltiples medidas políticas que todo gobierno tiene la obligación de idearse para solucionar los problemas de la sociedad.
Basados en la fórmula mockusiana, advierten que las reformas estructurales que necesita el país no pueden salir de una mesa de negociación, con lo cual se explica su oposición a que las armas se utilicen como amenaza en eventuales diálogos. La propuesta para desactivar las violencias apela a la promoción del rechazo social y la censura moral. “La paz se construye, no se decreta”, para lo cual proponen el fortalecimiento de la justicia, un desarrollo regional con participación ciudadana —de acuerdo con las necesidades y potencialidades de cada región— y una transformación cultural hacia la legalidad.
Rafael Pardo
Su diagnóstico se fundamenta en el reconocimiento no sólo del conflicto, sino en la intensificación del mismo, con lo cual concluye que hay un agotamiento de la política de seguridad democrática del presidente Uribe y que tras ocho años de grandes inversiones, de recursos económicos y hombres destinados a la guerra subsiste en Colombia un conflicto armado de vieja data y el ejercicio de una violencia bárbara por parte de todos los grupos armados al margen de la ley, que se reproduce a partir de su origen vinculado a la criminalidad paramilitar y narcotraficante. Pardo propone mayor presencia del Estado en zonas de conflicto, mediante la reactivación del Programa Nacional de Rehabilitación (PNR).
Germán Vargas Lleras
Esta campaña parte del análisis de que las organizaciones subversivas hace mucho tiempo perdieron su norte, su filosofía y que continúan acudiendo al secuestro y el narcotráfico como fuentes de financiamiento. Sin embargo, Vargas Lleras cree que la pobreza no puede asociarse al desarrollo del conflicto armado interno, el cual, según dice, se concentra en las zonas más ricas y productivas, donde persiste una confrontación por el control de esos recursos. No obstante, el candidato estima que existe una gran deuda social por pagar, la cual es responsabilidad del Estado.
Precisamente la principal crítica de esta campaña a la seguridad democrática es la falta de un fuerte componente social.
Vargas Lleras propone cambiar —por anacrónica— la práctica de contabilizar las bajas guerrilleras principalmente, ya que se presta a ejecuciones extrajudiciales o los llamados “falsos positivos”. Al respecto, sostiene que su gobierno tendría cero tolerancia a las violaciones de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública.
Noemí Sanín
Su propuesta está fundamentada en la continuidad de la seguridad democrática, pero fortaleciendo la inversión social. En esa línea, la campaña propone aumentar la presencia del Estado en varias zonas del país a través de la Fuerza Pública y el programa TPP (trabaje, produzca y progrese). “De la mano del militar llegará el tractor y la educación” o “con el soldado llegará el juez y el Sena”, son algunos postulados. Noemí reconoce que existe el conflicto y una gran crisis humanitaria, por lo cual la solución va más allá de la guerra.
Juan Manuel Santos
Esta campaña propone la continuidad de la seguridad democrática puesta en marcha por el gobierno del presidente Uribe, ya que estiman que la amenaza terrorista aún está vigente. Su apuesta para conseguir la paz es derrotar el terrorismo, manteniendo una presión incesante sobre los violentos, organizados en bandas criminales, grupos guerrilleros y paramilitares, y movilizando al mismo tiempo recursos institucionales para propiciar el desarrollo social y económico en el campo. Para Santos, la comprensión de la paz y la pacificación del país se da desde la generación de condiciones para el pleno ejercicio de los derechos de los colombianos en todo el territorio.
Proponen reforzar la presencia del Estado, especialmente en zonas en conflicto, con la idea de construir “una prosperidad democrática” basada en cuatro estrategias: combatir el desempleo y la pobreza; respeto al buen gobierno; mejor calidad en salud, educación y justicia, y grandes inversiones en ciencia y tecnología. Las propuestas están sustentadas en la necesidad de lograr “un milagro económico” de tipo agrícola que permita consolidar la prosperidad democrática.
Gustavo Petro
Para la campaña del Polo Democrático, el conflicto armado interno tiene como eje central del problema de la tierra. Su concentración es lo que ha consolidado los poderes locales de la mafia en las diversas regiones del país. Su redistribución es un propósito para la consecución de la paz, debido a que ésta debería ser destinada a la agricultura, poniendo fin a su improductividad, algo que también ayudaría a resolver problemas de fondo que contribuyan al sostenimiento prolongado del conflicto.
Por El Espectador
