Varios indicadores en materia de corrupción muestran que los esfuerzos realizados en Colombia durante 2021 para enfrentar esta problemática, aunque eran necesarios, siguen siendo insuficientes. Nuevamente el país fue testigo de escándalos que involucraron millonarios recursos públicos, entramados de corrupción que salpicaron a actores públicos y privados, actuaciones muy cuestionables de líderes políticos y prácticas sociales tramposas que nos muestran que es necesario hacer mucho más para salir de un estancamiento en la lucha contra la corrupción.
Lea también: ¿Cuáles son los retos del Congreso en 2022, el año de las elecciones?
Al analizar los datos generados por Invamer Gallup, en el 2021 la corrupción fue considerada el problema más grave del país, a una escala similar a la que vivió Colombia cuando estalló el escándalo de Odebrecht, en diciembre de 2016. Este pico de pesimismo posiblemente esté asociado al escándalo de Mintic y Centros Poblados. Pero más allá de un escándalo puntual, durante el año que pasó se mantuvo vigente una tendencia negativa respecto a considerar que la corrupción está empeorando en el país. Así lo manifestó el 91 % de las personas encuestadas por Invamer Gallup en agosto de 2021, muy lejos del 36 % alcanzado en 2008.
A lo anterior se suma que durante el año el país mantuvo una calificación de 39 sobre 100 en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, lo cual indica que Colombia no ha logrado un cambio significativo desde 2012, a diferencia de lo logrado por otros países que en ese año tenían un puntaje similar al de Colombia. Sumado a esto, el Observatorio Ciudadano de Corrupción reportó, en octubre de 2021, que Colombia solo logró un puntaje de 1,59 sobre 3 en la implementación de compromisos anticorrupción asumidos por el país en la Cumbre de las Américas del 2018. Esto se debe, en buena medida, a que, a pesar de tener un marco legal avanzado en comparación con otros países de la región, la aplicación efectiva de las normas sigue siendo insuficiente.
Si bien durante el 2021 varias herramientas e iniciativas gubernamentales anticorrupción mostraron avances interesantes, también se evidenciaron situaciones cuestionables. Este año se aprobó una modificación a la Ley de Garantías que incrementa el riesgo de corrupción en el escenario electoral. También se generó un fuerte rechazo ciudadano a un artículo que amenazaba las voces críticas hacia funcionarios y exfuncionarios públicos, que hacía parte del proyecto de ley anticorrupción bandera del actual Gobierno. A esto se suman controversias que hacen mucho daño a la confianza en las instituciones, como los cuestionamientos a la Contraloría por una presunta politización en el caso de Hidroituango, el archivo de investigaciones sobre la ñeñepolítica sin llegar a la raíz del caso y la polémica sobre la tesis de maestría de Jennifer Arias, presidenta de la Cámara de Representantes.
En contexto: No más rodeos: arranca la contienda electoral, y 2022 será el año de definiciones
Así, las señales desde la institucionalidad en materia de lucha contra la corrupción parecen confusas, distantes de una opinión pública cada vez más indignada e, incluso, en algunos casos contradictorias frente a un discurso que predica con mucho entusiasmo la no tolerancia contra la corrupción, pero que se queda corto en la práctica. En este vaivén, se corre el riesgo de perder el foco estratégico necesario para enfrentar un problema de carácter sistémico, y se dejan de lado las reformas normativas estructurales, los instrumentos de política pública, la integridad del liderazgo público y la transformación de prácticas sociales que nos ayuden a defender lo público.
Las elecciones legislativas y presidenciales de 2022 ofrecerán una nueva oportunidad para retomar ese enfoque estratégico. El nuevo Congreso deberá ser consciente del creciente inconformismo ciudadano hacia esta institución, reflejado en las fuertes movilizaciones ciudadanas que vivimos en 2019 y 2021. Quedan pendientes temas derivados de la Consulta Popular Anticorrupción de 2018 —el momento de mayor optimismo en la lucha contra la corrupción de los últimos siete años—, como lograr mayor transparencia en la definición y asignación del presupuesto nacional y los límites a la reelección al Congreso y las corporaciones públicas.
También, siguen pendientes reformas estructurales en materia de contratación pública, reforma política y reforma a la justicia, y la aprobación de instrumentos esenciales para la lucha contra la corrupción, como la protección a denunciantes y la regulación del lobby. Junto a esto, resulta fundamental que el nuevo Congreso avance en aprobar mecanismos que garanticen mayor independencia de la autoridad electoral, de las cabezas de los órganos de control y de la Fiscalía General de la Nación. En su gestión, el Congreso deberá demostrar que funciona como un pilar del control al poder público, con mayor capacidad técnica y alejado de prácticas de intromisión indebida entre poderes.
Por su parte, el Ejecutivo tendrá la tarea fundamental de liderar un proceso de renovación de la confianza ciudadana en las instituciones públicas, pues posiblemente este sea uno de los llamados más fuertes de las movilizaciones sociales. Luchar de manera ambiciosa, firme y consistente contra la corrupción ayudará significativamente a lograr ese propósito. Para esto se requiere elevar la integridad en el liderazgo público, retomar instrumentos de política pública que no han sido renovados a la fecha, asegurar una mayor coordinación entre entidades que hacen parte del Ejecutivo y desplegar una gestión pública marcada por la apertura, el acceso a la información pública y la transparencia en la ejecución de presupuestos públicos, enfoques que resultan fundamentales en un contexto de reactivación económica y pospandemia.
Lea también: Recta final del gobierno Duque: en búsqueda de su legado
Igualmente, se requiere que desde el Ejecutivo se logren incorporar enfoques más innovadores y agresivos para luchar contra la corrupción en los sectores de defensa, educación, salud, vivienda e infraestructura, así como el apoyo a reformas normativas pendientes como las mencionadas, que requieren un altísimo grado de liderazgo y defensa frente a fuerzas políticas e intereses opacos que se oponen al cambio. Pero, ante todo, el pleno respeto del Ejecutivo a la separación entre poderes públicos y a los derechos y libertades ciudadanas.
*Director ejecutivo de Transparencia por Colombia.
Por Gerardo Andrés Hernández Montes*/Especial para El Espectador
