En los primeros nueve meses del calendario electoral se han registrado 231 hechos violentos contra liderazgos políticos. Esta es la información que ha recopilado la Misión de Observación Electoral (MOE) entre el 29 de octubre de 2022 al 29 de julio de 2023, lo que representa un incremento de 75% respecto a las elecciones de hace 4 años. Y es por eso que representantes de diferentes partidos políticos, de oposición y de la coalición del gobierno, han alertado sobre esta problemática que pone en jaque las garantías electorales de los colombianos.
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Así, congresistas de la Comisión Primera de la Cámara citaron a un debate de control político a dos ministros: el de Defensa, Iván Velásquez, y el del Interior, Luis Fernando Velasco, quienes tenían previsto responder este miércoles a las inquietudes de los congresistas sobre la seguridad de cara a las elecciones regionales del 29 de octubre. Aunque el debate fue pospuesto para la próxima semana, Velásquez ya había respondido una pregunta sobre este tema en un debate de junio pasado.
El ministro compartió la segunda versión del Mapa de Prevención y Seguridad Electoral, el cual arrojó como resultado cinco zonas priorizadas por su alto riesgo para la celebración de los comicios y posible intimidación al elector: 1. Caribe y Catatumbo. 2. Urabá, Bajo Cauca, Córdoba y Magdalena Medio 3. Litoral Pacífico. 4. Noroeste Amazónico. 5. Llanos Orientales.
En términos de municipios, está priorizado, según la información de la cartera de Defensa: El Bagre (Antioquia), Argelia (Cauca), Puero Libertador, San José de Uré y Tierralata (Córdoba), San Andrés de Tumaco (Nariño), Cúcuta y Tibú (Norte de Santander), Buenaventura y Jamundí (Valle del Cauca).
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Precisamente, uno de los citantes es el congresista de la Alianza Verde Duvalier Sánchez. “Colombia es un país que siempre cerca a las elecciones, hay amenazas de orden público y demás, pero en estas elecciones hay unas particularidades, hay grupos que han tenido mayor presencia, son autores de más amenazas, atentados a líderes sociales, líderes comunales y actores políticos”, dice el representante del Valle.
El tema no es nuevo. El registrador Alexander Vega ha manifestado varias veces su preocupación por el desarrollo seguro de las elecciones. “Con el panorama actual, identificamos que se va a ver afectada la votación en 79 municipios, 600 puestos de votación y se va a ver afectado un millón 400 mil colombianos para votar. Como registrador no quiero correr ningún puesto ni mesa de votación, sería ceder; sería una derrota anticipada”, dijo en una de sus declaraciones.
En otra de sus intervenciones, en junio de este año, el registrador habló de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y aseguró que, por la manera en la que venían actuando, “van a terminar eligiendo mandatarios”. La MOE ha expresado su inconformidad con respecto a los pronunciamientos de la Registraduría, pues ponen en duda la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y el buen desarrollo de las elecciones en todo el territorio nacional.
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“Con la presencia de grupos armados en algunos departamentos, hay una amenaza latente a la democracia y no ha generado la atención debida por parte del gobierno nacional”, agregó el representante Sánchez. Y sobre el territorio que representa, expresó preocupación: “Creo que la gobernadora del Valle no asume su responsabilidad, entonces siempre está tirando la responsabilidad para arriba, el presidente, el ministro, con claras diferencias además políticas e ideológicas, y eso no resuelve el problema. Ella tiene una responsabilidad, al punto que en el Valle pagamos una sobretasa en los servicios públicos que está destinada exclusivamente a seguridad. Entonces, ¿dónde está la ejecución?”.
Representantes del Centro Democrático y citantes al debate como José Jaime Uscátegui y Hernán Cadavid también mostraron su preocupación: “Estamos preocupados por al menos ocho departamentos del país donde se ha incrementado la actuación de estructuras criminales que ejercen un control indebido del territorio. Muchos de los alcaldes de esos municipios no están despachando desde sus territorios por las amenazas de muerte de estas estructuras”.
Para Uscátegui, que representa a Bogotá, es preocupante la aparición de graffitis alusivos al Clan del Golfo. “Se han activado esas milicias urbanas”, contó el congresista. Para Cadavid, de Antioquia, hay tres regiones del departamento que merecen especial atención en términos de seguridad: el bajo Cauca antioqueño, el nordeste antioqueño y la zona de Urabá. Además, sobre Medellín, señaló que “especialmente en zonas populares, tiene una gran incidencia de los llamados combos que condicionan quién puede hacer presencia, por ejemplo, y quién pegar un afiche o quién no”.
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Pero además de la seguridad física, los congresistas se preocuparon por asuntos como la trashumancia. “Una cosa es la violencia política, pero otra los riesgos electorales, que también es inseguridad para las elecciones: la trashumancia, la amenaza, el constreñimiento electoral y demás”, precisó Sanchéz. Sobre el tema, hace una semana la Procuraduría alertó en torno a más de 20.000 casos de trashumancia electoral en el país.
Este miércoles, el ministro Velasco se reunió con Asocapitales a discutir varios temas de seguridad en las ciudades del país, entre ellos la figura del CAI mediador. “Me impactó una cifra del general Rojas, casi 3000 personas asesinadas por intolerancia en un año. Por eso, me parece interesante la figura de un CAI que ayude en seguridad, pero que también pueda ser un espacio de mediación”, afirmó.
El jefe de la cartera del Interior contó que siguen trabajando en el Plan Democracia, específicamente para la seguridad del proceso electoral, que se desarrolla con la Policía, el Ejército, la Armada y la Unidad Nacional de Protección (UNP): “En los próximos días con los directores de los partidos, Asocapitales, Fedemunicipios y Asointermedias haremos la presentación total del Plan Democracia en la Dirección Nacional de la Policía”.
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El ministro del Interior lleva desarrollando la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales en diferentes ciudades del país. Por ejemplo, en Medellín, anunció que trabaja en conjunto con el Ministerio de Defensa y la UIAF (Unidad de Investigación de Análisis Financiero) para consolidar una estrategia de inteligencia para la detección temprana de financiación irregular a las campañas. Además, Velasco firmó el Decreto 0513, mediante el cual creó la ventanilla única electoral permanente, con el fin de crear mejores garantías electorales.
Para Mauricio Vela, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE, hay factores que pueden jugar a favor de los comicios que se aproximan. “El cese al fuego representante una oportunidad para disminuir los niveles de violencia, en particular en aquellos municipios donde el grupo hace presencia. Debe servir para garantizar el libre tránsito y proselitismo de todas las candidaturas del país”, dijo.
El debate de control político a los ministros de Defensa e Interior quedó programado para la próxima semana. En la sesión se le preguntará a ambos funcionarios cómo garantizarán la participación de los más de 132 mil candidatos inscritos en la contienda, en qué se ha avanzado frente a las alertas que han emitido algunas organizaciones de seguimiento electoral, cuántos uniformados vigilarán la jornada, entre otras cuestiones.
En la sesión están como invitados el fiscal Francisco Barbosa, la procuradora Margarita Cabello, el defensor Carlos Camargo, representantes de la Policía y la Misión de Observación Electora (MOE).
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