El silencio de Biden
Han pasado cuatro semanas de paro nacional y el gobierno de Joe Biden no ha dicho mucho sobre la situación actual de Colombia.
El silencio se explica en parte porque el gobierno estadounidense tiene otras prioridades y porque a los políticos y diplomáticos no les gusta hablar en público sobre el comportamiento de sus aliados, incluso cuando están en desacuerdo con ellos. La consecuencia desafortunada consiste en que el silencio se malinterpreta como indiferencia o como un acto de respaldo a las fuerzas de seguridad en Colombia.
Pero en Washington no ha pasado desapercibido lo que está ocurriendo en Colombia. Un gran número de miembros progresistas del Congreso, conmovidos por los vídeos de brutalidad policial, han expresado su indignación por las violaciones de derechos humanos, cometidas en su mayoría por las fuerzas gubernamentales. Y un pequeño número de voces conservadoras han repetido algunos de los argumentos del gobierno de Duque: que las protestas son obra de agitadores organizados.
Los congresistas más moderados no han dicho nada o han adoptado una postura salomónica: “ambos bandos tienen la culpa”. Por ahora, parece que la respuesta del gobierno Biden sigue en la línea de los moderados, quienes permanecen callados.
Los progresistas
Algunas de las voces estadounidenses que le han pedido al gobierno de Duque frenar la violencia policial ya son conocidas en Colombia.
El representante demócrata de Massachusetts Jim McGovern fue el primero en hablar sobre el tema. McGovern ha visitado repetidamente a Colombia durante los últimos veinte años y ahora dirige la poderosa Comisión de Reglamento de la Cámara de Representantes.
El 3 de mayo, tuiteó: “estoy profundamente perturbado por la brutal respuesta de la Policía Nacional de Colombia (PNC) a las protestas pacíficas del fin de semana (…) La ayuda de EE. UU. a la PNC requiere fuertes protecciones y condiciones de derechos humanos. Debemos aplicar la Ley Leahy. Ninguna ayuda estadounidense a las unidades antidisturbios del Esmad colombiano que cometen graves violaciones de derechos humanos”.
La “Ley Leahy” prohíbe la asistencia militar (aunque no la venta de equipos militares) a las fuerzas de seguridad extranjeras que registren un patrón de graves violaciones de derechos humanos, sin que el Estado tome medidas eficaces para llevar a los autores ante la justicia. Aunque el Esmad no recibe asistencia estadounidense, los gases lacrimógenos que usan son hechos en Estados Unidos. Pero el Estado colombiano compra estos y otros equipos con sus propios fondos.
El 11 de mayo, el senador demócrata de Vermont Patrick Leahy, cuyo apellido da nombre a la ley, tuiteó: “es impactante ver la violenta respuesta policial del gobierno colombiano a manifestantes abrumadoramente pacíficos (…) Si el gobierno colombiano tiene pruebas sólidas de que las protestas están siendo orquestadas por terroristas, como se alega, debe presentar las pruebas y detener a los autores. Si no es así, es comprensible que los colombianos respetuosos de la ley pierdan la paciencia con sus dirigentes”. El senador Leahy, presidente del Comité de Asignaciones del Senado, es uno de los miembros más poderosos de la cámara, y un veterano observador de Colombia.
Otro demócrata de alto nivel que criticó duramente al gobierno colombiano fue el representante demócrata de Nueva York Gregory Meeks, quien ha defendido los derechos de los afrodescendientes colombianos y hoy preside la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. El 4 de mayo, Meeks tuiteó: “estoy extremadamente preocupado por la brutal respuesta de la PNC y el Esmad a las protestas en Colombia. Estoy particularmente alarmado por los acontecimientos en Cali y pido al presidente Iván Duque que desescale la violencia y deje claro que el uso excesivo de la fuerza es inexcusable”.
Otros progresistas, como el senador Edward J. Markey, el representante demócrata de Texas Joaquín Castro y la representante demócrata de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, también expresaron su preocupación en redes sociales y comunicados de prensa.
El 14 de mayo, 55 miembros demócratas de la Cámara de Representantes enviaron una carta al Secretario de Estado, Antony Blinken, donde le pidieron al Departamento de Estado:
-denunciar con mayor contundencia la brutalidad policial;
-suspender toda ayuda a la Policía colombiana;
-detener la venta de equipos para el control de disturbios;
-rechazar públicamente las declaraciones de los funcionarios colombianos que vinculan a los manifestantes con grupos terroristas; e instar e incluso facilitar el diálogo.
Los conservadores
Mientras que los progresistas han estado notablemente activos, las figuras de la derecha estadounidense han estado más bien calladas.
El 6 de mayo, el senador republicano de la Florida Marco Rubio tuiteó: “detrás de gran parte de la violencia que está ocurriendo en Colombia esta semana hay un esfuerzo orquestado por los movimientos narco guerrilleros de izquierda y sus aliados marxistas internacionales para desestabilizar un gobierno democráticamente elegido”.
Si esto suena vagamente a la retórica de la “revolución molecular disipada” es porque muchos de los electores colombianos del senador Rubio son cercanos al uribismo. En el sur de la Florida, las protestas colombianas son un tema de conversación frecuente en la radio en español. Por lo general, los comentaristas consideran que las manifestaciones son el resultado de una estrategia de “guerra híbrida” de la izquierda.
El tuit de Rubio es la única declaración sobre el paro que he visto por parte de un miembro republicano del Congreso de Estados Unidos. Pero eso no significa que la derecha se esté quedando en silencio: un think tank conservador de Washington llamado Center for a Secure Free Society (Centro para una Sociedad Libre y Segura) publicó el 17 de mayo un informe titulado “Asalto asimétrico a Colombia”, en el que sostuvo que “el pueblo colombiano, especialmente los manifestantes pacíficos, no son los culpables de la crisis: son las víctimas”.
Afirman que los manifestantes, que carecen de agencia, han sido engañados por agitadores internacionales. El informe continúa: “algunos de los más vulnerables de la sociedad, los pobres y la clase media de Colombia, son el objetivo de una guerra asimétrica por parte de los adversarios extranjeros y nacionales del Estado colombiano”.
Los moderados y el gobierno de Biden
Aunque los progresistas son muy ruidosos, y lo seguirán siendo, ellos solos no harán que el gobierno Biden actúe con determinación contra la violencia policial en Colombia.
Mucho depende de lo que hagan o digan los moderados del partido demócrata, entre ellos, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata de Nueva Jersey Bob Menéndez, o el presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental, el senador demócrata de Virginia Tim Kaine. Hasta ahora ambos han guardado silencio.
Estos y otros legisladores, que son oídos por Biden, no descartan los argumentos de los progresistas, aunque puede que no compartan algunas recomendaciones, como la de congelar la ayuda policial. Y es más probable que estén en contacto con la embajada y la comunidad empresarial de Colombia.
Por su parte, la administración Biden solo ha expresado una preocupación suave. El 4 de mayo, Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para Asuntos del Hemisferio Occidental, tuiteó: “el derecho a la protesta pacífica es una libertad fundamental. La destrucción innecesaria no lo es. La violencia que pone en peligro vidas no lo es. Y la observancia adecuada de las normas sobre el uso de la fuerza NO es negociable”. Dos días más tarde González le dijo al medio The Hill: “la policía, ya sea en Estados Unidos o en Colombia, debe atenerse a ciertas normas y respetar las libertades fundamentales, y eso no es una crítica”.
El Departamento de Estado emitió el 4 de mayo un comunicado con un mensaje dirigido a ambas partes: “en todo el mundo los ciudadanos de los países democráticos tienen el incuestionable derecho a protestar pacíficamente. La violencia y el vandalismo son un abuso de ese derecho. Al mismo tiempo, instamos a la máxima contención de las fuerzas públicas para evitar más pérdidas de vidas. Reconocemos el compromiso del gobierno de Colombia de investigar las denuncias de excesos policiales y abordar cualquier violación de los derechos humanos”.
Una relación de vieja data
El gobierno de Biden quiere actuar con cautela por un motivo principalmente geopolítico: no quiere enfrentarse con uno de sus pocos aliados firmes, que además comparte fronteras con Venezuela, mientras que la influencia china y rusa parece ir en aumento. Al mismo tiempo, el gobierno Biden no puede desconocer la larga y profunda relación que Estados Unidos ha mantenido con la Policía colombiana, forjada desde antes de la lucha contra los cárteles de Medellín y Cali.
Estimo que la cooperación de Estados Unidos con la Policía colombiana ascenderá a unos 150 o 160 millones de dólares en 2021 (de un total de ayuda policial y militar de cerca de 250 millones de dólares, que a su vez hace parte de un paquete de ayudas de 520 millones de dólares). Entre los propósitos de la cooperación se incluyen:
-la erradicación de la coca;
-la interdicción de la cocaína;
-la cooperación con la Administración de Control de Drogas (DEA) en la búsqueda de narcotraficantes;
-el intercambio de inteligencia con las Unidades Especiales de Investigación (SIU) de la policía;
-la asistencia para aumentar la presencia de la policía rural (carabineros) y los puestos de policía en territorios conflictivos;
-la cooperación en las extradiciones y los casos de Interpol; y
-la cooperación para entrenar a las fuerzas de otros países.
La relación entre Estados Unidos y la Policía colombiana es muy profunda: se puede ver en la gran cantidad de uniformes verde oliva que circulan por los pasillos y las aceras cuando se visita la embajada de Estados Unidos en Bogotá.
Por eso no es difícil entender por qué los funcionarios del gobierno Biden son reacios a hablar de congelar la ayuda o las ventas a la Policía, y por qué sus declaraciones públicas han sido mucho más ambiguas que las de la ONU, la Unión Europea y la misión de la OEA.
* Director para la veeduría de la defensa de la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos WOLA.
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