Compra de baldíos, a debate político

Las denuncias de los congresistas Wilson Arias y Jorge Robledo sobre presuntas maniobras fraudulentas por parte de empresas como Riopaila Castilla y Cargill en el Vichada, para acumular terrenos baldíos, llegan a las plenarias de Senado y Cámara. Hoy, el senador Robledo adelantará un debate de control político en el que, según él, demostrará que las operaciones de adquisición de tierras hechas por estas empresas, con la asesoría de la firma de abogados Brigard & Urrutia fueron irregulares y no se ajustan al derecho.

Hace menos de un mes los parlamentarios del Polo Democrático vienen aportando información pública sobre cómo estas dos empresas adquirieron miles de hectáreas de terrenos que habían sido prescritas como baldíos y, en consecuencia, estaban adjudicados a campesinos. Las compañías compraron esos terrenos mediante sociedades anónimas simplificadas para así sumarlas en un solo predio, pese a las restricciones que la Ley 160 de 1994 impone para la acumulación de terrenos de esta naturaleza jurídica.

En su momento, la firma de abogados Brigard & Urrutia respondió a las acusaciones del Polo sobre la ilegalidad de la operación, rechazando que se trate de acciones ilegales. En particular, el abogado Francisco Uribe Noguera, en representación del prestigioso bufete de juristas, afirmó que las operaciones de adquisición de tierras en el Vichada no fueron ilegales y atribuyó la confusión sobre el tema a que hoy existe un vacío en las leyes que no brinda claridad sobre la manera como los inversores en agroindustria puedan tener seguridad jurídica.

Cuando surgió el debate el embajador de Colombia en Washington era Carlos Urrutia, quien durante años fue accionista de la firma de abogados. Aunque el diplomático siempre argumentó que había vendido sus acciones, finalmente renunció al cargo manifestando que prefería ponerle la cara al país y evitar que, en tiempos electorales, le pasaran la cuenta de cobro del asunto al Gobierno. El presidente Juan Manuel Santos aceptó la renuncia, pero el debate sobre la inversión agroindustrial en la altillanura apenas comienza en el Congreso de la República. A esa misma corporación llegará en las próximas semanas un proyecto de ley para armonizar el entramado jurídico de este litigio.

Más allá de la renuncia del exembajador Urrutia, lo que pretende ahora el senador Robledo, a través de los debates de control político, es demostrar que las empresas Riopaila y Cargill habrían actuado de mala fe o inducidas al error por los abogados que aportaron el concepto sobre cómo realizar la operación. “El debate no es sobre el modelo económico del país, lo que debe aclararse es si hubo concentración indebida de tierras y si fueron legales las operaciones para adquirirlas. Es vergonzoso que empresas y bufetes de abogados de tanta importancia hagan negocios a través de operaciones dudosas”, afirmó Robledo.

En distintos escenarios, el exembajador Urrutia ha insistido en que no hubo maniobras fraudulentas, que los predios se adquirieron a precios superiores a los comerciales, y que las sociedades anónimas se utilizaron porque son una figura legal permitida en nuestro ordenamiento jurídico. Además, que siempre tuvieron cuidado en que se compraran baldíos adjudicados antes de 1994, cuando entró a regir la Ley 160 que prohíbe la acumulación de este tipo de tierras. El ex funcionario instó a que Colombia realice un debate aplazado: cómo dar garantías a los inversores en el campo sin quitar opción a los campesinos, cómo hacer que convivan la economía agroempresarial y la campesina y cómo desarrollar la altillanura colombiana.

Por ahora, mientras llega al Congreso el proyecto de ley que el Gobierno ha anunciado sobre la materia, los parlamentarios del Polo Democrático buscan poner en el reflector nacional los casos Riopila y Cargill. En la plenaria del Senado el debate fue convocado por el senador Jorge Robledo. Mañana, en la Cámara de Representantes, será conducido por el representante de la misma colectividad Wilson Arias. Se aguarda que participen del mismo funcionarios del Ministerio de Agricultura, del Incoder. No se descarta la presencia de voceros del sector privado o de abogados de empresas interesadas en promover proyectos en la Altillanura.

Las denuncias de los congresistas Wilson Arias y Jorge Robledo sobre presuntas maniobras fraudulentas por parte de empresas como Riopaila Castilla y Cargill en el Vichada, para acumular terrenos baldíos, llegan a las plenarias de Senado y Cámara. Hoy, el senador Robledo adelantará un debate de control político en el que, según él, demostrará que las operaciones de adquisición de tierras hechas por estas empresas, con la asesoría de la firma de abogados Brigard & Urrutia fueron irregulares y no se ajustan al derecho.

Hace menos de un mes los parlamentarios del Polo Democrático vienen aportando información pública sobre cómo estas dos empresas adquirieron miles de hectáreas de terrenos que habían sido prescritas como baldíos y, en consecuencia, estaban adjudicados a campesinos. Las compañías compraron esos terrenos mediante sociedades anónimas simplificadas para así sumarlas en un solo predio, pese a las restricciones que la Ley 160 de 1994 impone para la acumulación de terrenos de esta naturaleza jurídica.

En su momento, la firma de abogados Brigard & Urrutia respondió a las acusaciones del Polo sobre la ilegalidad de la operación, rechazando que se trate de acciones ilegales. En particular, el abogado Francisco Uribe Noguera, en representación del prestigioso bufete de juristas, afirmó que las operaciones de adquisición de tierras en el Vichada no fueron ilegales y atribuyó la confusión sobre el tema a que hoy existe un vacío en las leyes que no brinda claridad sobre la manera como los inversores en agroindustria puedan tener seguridad jurídica.

Cuando surgió el debate el embajador de Colombia en Washington era Carlos Urrutia, quien durante años fue accionista de la firma de abogados. Aunque el diplomático siempre argumentó que había vendido sus acciones, finalmente renunció al cargo manifestando que prefería ponerle la cara al país y evitar que, en tiempos electorales, le pasaran la cuenta de cobro del asunto al Gobierno. El presidente Juan Manuel Santos aceptó la renuncia, pero el debate sobre la inversión agroindustrial en la altillanura apenas comienza en el Congreso de la República. A esa misma corporación llegará en las próximas semanas un proyecto de ley para armonizar el entramado jurídico de este litigio.

Más allá de la renuncia del exembajador Urrutia, lo que pretende ahora el senador Robledo, a través de los debates de control político, es demostrar que las empresas Riopaila y Cargill habrían actuado de mala fe o inducidas al error por los abogados que aportaron el concepto sobre cómo realizar la operación. “El debate no es sobre el modelo económico del país, lo que debe aclararse es si hubo concentración indebida de tierras y si fueron legales las operaciones para adquirirlas. Es vergonzoso que empresas y bufetes de abogados de tanta importancia hagan negocios a través de operaciones dudosas”, afirmó Robledo.

En distintos escenarios, el exembajador Urrutia ha insistido en que no hubo maniobras fraudulentas, que los predios se adquirieron a precios superiores a los comerciales, y que las sociedades anónimas se utilizaron porque son una figura legal permitida en nuestro ordenamiento jurídico. Además, que siempre tuvieron cuidado en que se compraran baldíos adjudicados antes de 1994, cuando entró a regir la Ley 160 que prohíbe la acumulación de este tipo de tierras. El ex funcionario instó a que Colombia realice un debate aplazado: cómo dar garantías a los inversores en el campo sin quitar opción a los campesinos, cómo hacer que convivan la economía agroempresarial y la campesina y cómo desarrollar la altillanura colombiana.

Por ahora, mientras llega al Congreso el proyecto de ley que el Gobierno ha anunciado sobre la materia, los parlamentarios del Polo Democrático buscan poner en el reflector nacional los casos Riopila y Cargill. En la plenaria del Senado el debate fue convocado por el senador Jorge Robledo. Mañana, en la Cámara de Representantes, será conducido por el representante de la misma colectividad Wilson Arias. Se aguarda que participen del mismo funcionarios del Ministerio de Agricultura, del Incoder. No se descarta la presencia de voceros del sector privado o de abogados de empresas interesadas en promover proyectos en la Altillanura.