Compra de votos: la suma de todos los males

En la imputación de cargos por cohecho y corrupción al sufragante que la Fiscalía le hizo la semana pasada al gobernador de La Guajira, Wílmer González Brito, lo acusó de haber realizado maniobras fraudulentas para ganar las elecciones, a través de concejales de varios municipios que le compraron los votos con dinero en efectivo, materiales de construcción, mercados, artesanías y hasta chivos.

El ente acusador reveló audios de una conversación entre el mandatario y la concejal de Maicao Silbelly Solano, la cual deja en evidencia esa estrategia: “En logística me estoy gastando, sin exagerar, $10 millones, porque necesito contratar carros (…) lo que más me preocupa son los mercados. Darle a la gente para que compren su chivo, hagan su comida y vengan desayunados, porque usted sabe cómo se maneja eso”, se escucha.

Por otro lado, la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantan las investigaciones en torno al presunto ingreso de dineros de la firma brasileña Odebrecht, concesionaria de la Ruta del Sol II y de otros proyectos, a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga en 2014. Más allá de que la ley prohíbe la financiación por parte de extranjeros, se trata de que una empresa contratista apostó a financiar a quien en el futuro decidiría sobre grandes obras de infraestructura en las que podría licitar.

El país político pide investigaciones a fondo y llegar hasta las últimas consecuencias, mientras gran parte de la opinión pública se rasga las vestiduras y se hacen comentarios de todo tipo en las redes sociales, como si lo uno y lo otro fueran novedad. Todos saben que la compra de votos es una práctica repetida cada vez que hay elecciones y que los contratistas se han convertido en los principales financiadores de las campañas políticas, hasta el punto de que le dan plata no a uno sino a cuantos candidatos crean que pueden ganar, pues de esta manera garantizan que más adelante les “devuelvan el favor” con la adjudicación amañada de millonarias licitaciones.

De hecho, en el proceso al gobernador González Brito, su abogado, Carlos Arturo Gómez, justificó la repartición de dinero entre los votantes para circunstancias como transporte y aseguró que, “por cultura”, esa práctica es normal en su región. “¿Cómo pretendemos que a los líderes guajiros no se les dé dinero para facilitar el transporte? ¿O será que las comunidades guajiras tienen empresas de buses? Yo no creo que en un burro se llegue a votar si de esos sitios no se sale cinco días antes (…) ¿Será que por ahí pasa Transmilenio, el SITP, donde uno se monta gratis?”, dijo.

¿Cuestión cultural? En el documento Mapas y factores de riesgo electoral, sobre las elecciones de autoridades locales de 2015, la Misión de Observación Electoral (MOE) concluyó que uno de los puntos débiles de la democracia colombiana tiene que ver con lo susceptibles, aquiescentes y a menudo cómplices que son los ciudadanos frente a las prácticas fraudulentas de candidatos y políticos.

Por eso, cada cuatro años, los informes en los medios de comunicación se repiten: la entrega de tejas de zinc, bultos de cemento o mercados son algunos de los rostros más conocidos de la compra de votos. Incluso, en las elecciones a Congreso de 2010 se supo en la región Caribe que una polémica llave a Senado y Cámara ofreció hasta pases de moteles para asegurar apoyos. Y la Corporación Nuevo Arco Iris documentó casos de personas que se “colgaron” con sus pagos a los prestamistas del llamado “gota a gota” y a quienes les ofrecieron perdonarles los intereses a cambio del voto.

Salvo algunas excepciones, siempre son elegidos los mismos, y por los mismos partidos. Por ejemplo, entre los candidatos que en las elecciones locales y regionales de 2011 fueron avalados y electos, 586 funcionarios resultaron con sanciones penales, disciplinarias y fiscales, lo que de entrada habla muy mal del sistema de escogencia que aplican los partidos. Queda claro que las normas vigentes no son suficientes por sí solas para garantizar que personas corruptas accedan al poder a través de estos.

Ante los escándalos actuales, Transparencia por Colombia hizo un llamado para que se adelante urgentemente una reforma estructural al sistema político. En su concepto, se hace necesario revisar cuanto antes el sistema de financiación, rendición de cuentas y control de las campañas políticas, para blindar las elecciones y la democracia contra posibles riesgos de corrupción. “En las condiciones actuales, el CNE no cuenta con la suficiente capacidad institucional para esclarecer si a las campañas presidenciales ingresan aportes irregulares”, advirtió.

Entre las recomendaciones planteadas, sugiere que el CNE se convierta en un “tribunal electoral”, con verdadera capacidad de investigación y sanción, de tal manera que sea posible complementar las sanciones administrativas que impone con condenas disciplinarias y penales oportunas y ejemplares. Para eso, señala, se requiere plena independencia de los partidos y del Congreso en el proceso de designación de los magistrados que componen el Consejo, así como en las decisiones que toma: “Lo anterior sólo puede lograrse bajo la figura de tribunal electoral. Igualmente, el CNE requiere independencia financiera y administrativa de la Registraduría”.

Y Transparencia pone el dedo en la llaga sobre los temas en cuestión: “Los últimos escándalos muestran que las estrategias de los corruptos unen por lo menos dos dinámicas: contratación pública y financiamiento de campañas, esto sin dejar de lado que también se mueven recursos de la economía ilegal. Esta alianza corrupta y criminal obliga a la acción decidida de entidades como la DIAN, la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF), los órganos de control y las oficinas de control interno de gestión en las entidades del Estado”.

El mismo presidente Santos habló hace poco de que quizás ha llegado la hora en Colombia de pensar en la posibilidad de una financiación ciento por ciento estatal de las campañas políticas, “para dejar a un lado todas esas injerencias de los contratistas y de todos los intereses económicos sobre nuestra democracia”. Lo propuso en la instalación de la Comisión Electoral Especial, creada al amparo de los acuerdos de paz de La Habana y la cual debe hacer las recomendaciones para adelantar una reforma estructural que, se supone, debe servir para cambiar la concepción que hoy se tiene de la manera de hacer política, en la que todo vale con tal de ser elegido y la ciudadanía así lo acepta. ¿Será capaz?

En la imputación de cargos por cohecho y corrupción al sufragante que la Fiscalía le hizo la semana pasada al gobernador de La Guajira, Wílmer González Brito, lo acusó de haber realizado maniobras fraudulentas para ganar las elecciones, a través de concejales de varios municipios que le compraron los votos con dinero en efectivo, materiales de construcción, mercados, artesanías y hasta chivos.

El ente acusador reveló audios de una conversación entre el mandatario y la concejal de Maicao Silbelly Solano, la cual deja en evidencia esa estrategia: “En logística me estoy gastando, sin exagerar, $10 millones, porque necesito contratar carros (…) lo que más me preocupa son los mercados. Darle a la gente para que compren su chivo, hagan su comida y vengan desayunados, porque usted sabe cómo se maneja eso”, se escucha.

Por otro lado, la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantan las investigaciones en torno al presunto ingreso de dineros de la firma brasileña Odebrecht, concesionaria de la Ruta del Sol II y de otros proyectos, a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga en 2014. Más allá de que la ley prohíbe la financiación por parte de extranjeros, se trata de que una empresa contratista apostó a financiar a quien en el futuro decidiría sobre grandes obras de infraestructura en las que podría licitar.

El país político pide investigaciones a fondo y llegar hasta las últimas consecuencias, mientras gran parte de la opinión pública se rasga las vestiduras y se hacen comentarios de todo tipo en las redes sociales, como si lo uno y lo otro fueran novedad. Todos saben que la compra de votos es una práctica repetida cada vez que hay elecciones y que los contratistas se han convertido en los principales financiadores de las campañas políticas, hasta el punto de que le dan plata no a uno sino a cuantos candidatos crean que pueden ganar, pues de esta manera garantizan que más adelante les “devuelvan el favor” con la adjudicación amañada de millonarias licitaciones.

De hecho, en el proceso al gobernador González Brito, su abogado, Carlos Arturo Gómez, justificó la repartición de dinero entre los votantes para circunstancias como transporte y aseguró que, “por cultura”, esa práctica es normal en su región. “¿Cómo pretendemos que a los líderes guajiros no se les dé dinero para facilitar el transporte? ¿O será que las comunidades guajiras tienen empresas de buses? Yo no creo que en un burro se llegue a votar si de esos sitios no se sale cinco días antes (…) ¿Será que por ahí pasa Transmilenio, el SITP, donde uno se monta gratis?”, dijo.

¿Cuestión cultural? En el documento Mapas y factores de riesgo electoral, sobre las elecciones de autoridades locales de 2015, la Misión de Observación Electoral (MOE) concluyó que uno de los puntos débiles de la democracia colombiana tiene que ver con lo susceptibles, aquiescentes y a menudo cómplices que son los ciudadanos frente a las prácticas fraudulentas de candidatos y políticos.

Por eso, cada cuatro años, los informes en los medios de comunicación se repiten: la entrega de tejas de zinc, bultos de cemento o mercados son algunos de los rostros más conocidos de la compra de votos. Incluso, en las elecciones a Congreso de 2010 se supo en la región Caribe que una polémica llave a Senado y Cámara ofreció hasta pases de moteles para asegurar apoyos. Y la Corporación Nuevo Arco Iris documentó casos de personas que se “colgaron” con sus pagos a los prestamistas del llamado “gota a gota” y a quienes les ofrecieron perdonarles los intereses a cambio del voto.

Salvo algunas excepciones, siempre son elegidos los mismos, y por los mismos partidos. Por ejemplo, entre los candidatos que en las elecciones locales y regionales de 2011 fueron avalados y electos, 586 funcionarios resultaron con sanciones penales, disciplinarias y fiscales, lo que de entrada habla muy mal del sistema de escogencia que aplican los partidos. Queda claro que las normas vigentes no son suficientes por sí solas para garantizar que personas corruptas accedan al poder a través de estos.

Ante los escándalos actuales, Transparencia por Colombia hizo un llamado para que se adelante urgentemente una reforma estructural al sistema político. En su concepto, se hace necesario revisar cuanto antes el sistema de financiación, rendición de cuentas y control de las campañas políticas, para blindar las elecciones y la democracia contra posibles riesgos de corrupción. “En las condiciones actuales, el CNE no cuenta con la suficiente capacidad institucional para esclarecer si a las campañas presidenciales ingresan aportes irregulares”, advirtió.

Entre las recomendaciones planteadas, sugiere que el CNE se convierta en un “tribunal electoral”, con verdadera capacidad de investigación y sanción, de tal manera que sea posible complementar las sanciones administrativas que impone con condenas disciplinarias y penales oportunas y ejemplares. Para eso, señala, se requiere plena independencia de los partidos y del Congreso en el proceso de designación de los magistrados que componen el Consejo, así como en las decisiones que toma: “Lo anterior sólo puede lograrse bajo la figura de tribunal electoral. Igualmente, el CNE requiere independencia financiera y administrativa de la Registraduría”.

Y Transparencia pone el dedo en la llaga sobre los temas en cuestión: “Los últimos escándalos muestran que las estrategias de los corruptos unen por lo menos dos dinámicas: contratación pública y financiamiento de campañas, esto sin dejar de lado que también se mueven recursos de la economía ilegal. Esta alianza corrupta y criminal obliga a la acción decidida de entidades como la DIAN, la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF), los órganos de control y las oficinas de control interno de gestión en las entidades del Estado”.

El mismo presidente Santos habló hace poco de que quizás ha llegado la hora en Colombia de pensar en la posibilidad de una financiación ciento por ciento estatal de las campañas políticas, “para dejar a un lado todas esas injerencias de los contratistas y de todos los intereses económicos sobre nuestra democracia”. Lo propuso en la instalación de la Comisión Electoral Especial, creada al amparo de los acuerdos de paz de La Habana y la cual debe hacer las recomendaciones para adelantar una reforma estructural que, se supone, debe servir para cambiar la concepción que hoy se tiene de la manera de hacer política, en la que todo vale con tal de ser elegido y la ciudadanía así lo acepta. ¿Será capaz?