Con el corazón en la boca

Dos polémicas tesis que analizan con total recelo desde hace una semana los nueve magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, tienen con el corazón en la boca a los parapolíticos que han renunciado a su curul para esquivar la investigación del Alto Tribunal y someterse a la Fiscalía. Se trata de una discusión que podría derivar en un súbito cambio de jurisprudencia y que, palabras más, palabras menos, redundaría en que todos los procesos del ente acusador sobre los cuales no hay una última palabra —cosa juzgada, dirían los juristas— serían nuevamente asumidos por el máximo tribunal de la justicia ordinaria del país.

La iniciativa, que tras la filtración a los medios ha causado un revuelo sin antecedentes en abogados, analistas y los propios ex parlamentarios que permanecen en ascuas, es liderada por los dos magistrados más nuevos de la Corte Suprema de Justicia: Augusto Ibáñez y José Leonidas Bustos. Ambos sostienen que la Corte tiene todo el derecho a reclamar la competencia de los expedientes que hoy indaga la Fiscalía, en razón a que los presuntos delitos en los que habrían incurrido los parapolíticos tienen relación directa con su categoría de parlamentarios y, por tanto, no es válida la excusa de su renuncia a su curul para que la Fiscalía los procese.

Las cuentas en la Sala Penal, según conoció El Espectador, son de siete magistrados a favor de la propuesta y dos más que, aunque no la ven inviable, han manifestado reparos en el sentido de la inseguridad jurídica que podría causarle al denominado proceso de la parapolítica una decisión de tanta trascendencia. De hecho, en la reciente historia judicial del país, este asunto han sido ventilado en reiteradas oportunidades, sobre todo en los turbulentos pasajes del proceso 8.000, en los cuales muchos parlamentarios buscaron mejor suerte en la Fiscalía. Sin embargo, hasta hoy la Corte ha sostenido la tesis de que si se renuncia al Congreso se pierde la competencia.

No obstante, toma fuerza en el seno de la Sala Penal de la Corte que jamás se debió perder competencia para procesar en única instancia a los parapolíticos, por cuanto es muy distinto renunciar a su curul en el Legislativo que evaluar los presuntos delitos que pudieron haber cometido como aforados constitucionales, sobre todo teniendo en cuenta que las presuntas alianzas que efectuaron con grupos armados al margen de la ley las hicieron en su calidad de padres de la patria, lo que no es de ninguna manera una cosa menor.

Como van las cosas, la veintena de ex parlamentarios que hoy son procesados por la Fiscalía podrían volver a ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia. Dicho de otro modo, las renuncias en cascada de ex parlamentarios tan influyentes como Mario Uribe, Álvaro Araújo, Carlos García Orjuela, entre otros, no habrían servido para mucho. Todos aquellos a los que la Fiscalía investiga y sobre los cuales no ha habido una decisión definitiva, estarían ad portas de volver a plantear sus defensas ante la Corte Suprema. En voz baja se oye una preocupación latente por parte de sus abogados e incluso se ventila una expresión que desde ya causa controversia: que existe una persecución del Alto Tribunal.

¿No confía la Corte Suprema en la Fiscalía? Ese parece ser el mensaje de esta discusión que hoy tiene en vilo al país. Algunos apoyan con vehemencia esta nueva postura de la Corte que aún no es oficial. Otros la critican con ahínco y aseguran que es una respuesta de la corporación a la lentitud de la entidad que encabeza el fiscal Mario Iguarán y, sobre todo, a la controvertida reforma a la justicia propuesta por el Ejecutivo que, sin duda, observan como una iniciativa para quitarle dientes a la institución que puso al descubierto los tentáculos del paramilitarismo en la política. El martes se espera el anuncio definitivo de la Corte sobre este espinoso asunto. La polémica apenas empieza.