“Con mico quieren tumbar investigación sobre el cartel de la seguridad privada”: superindustria

Una fuerte denuncia viene haciendo el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, quien asegura que los vinculados al cartel de la seguridad privada están saboteando las investigaciones en su contra mediante un proyecto de ley que avanza en su tercer de cuatro debates en el Congreso de la República. Robledo alerta que de ser aprobada la iniciativa, su entidad y la Fiscalía se quedarían sin piso jurídico para imputar responsabilidad a quienes han violado las normas de la libre competencia. (Lea: Superintendente denuncia “mico” en proyecto de ley).

¿Cómo va la investigación por el cartel de vigilancia?

En este momento la Superintendencia de Industria y Comercio está en la etapa de recaudo de pruebas y prontamente tendremos el informe del caso.

¿Y en la Fiscalía?

En su momento advertimos que había indicios suficientes para hablar de cartelización en el sector de la vigilancia privada. En ese momento la Fiscalía inició su investigación por el delito de prácticas restrictivas al interior de licitaciones públicas.

¿Cómo funcionaba ese supuesto cartel?

Lo que encontramos es que habría un grupo de empresas aparentemente violando la libre competencia en 252 procesos, ante 149 entidades del Estado en los años 2010, 2011 y 2012. En este caso pudimos establecer que existían ocho compañías al parecer controladas por el señor Jorge Arturo Moreno Ojeda, más conocido como el zar de la seguridad privada.

¿Y cómo operaba?

Lo que ocurría era que ese grupo de empresas, bajo el control de la misma persona, habían coludido para hacerse de licitaciones públicas. Las normas señalan que en cada licitación debe haber libre competencia. En los casos estudiados encontramos que empresas de la misma persona presentaban, de manera separada, distintas ofertas de manera que tuviera mayores posibilidades de salir elegidas. En el estatuto anticorrupción quedó claro que este tipo de conductas deben estar sancionadas, penal y administrativamente. De esta manera el pasado viernes la Fiscalía citó a audiencia de imputación de cargos contra el señor Moreno Ojeda, y otras personas. Finalmente la diligencia fue aplazada y está próxima a realizarse.

Al mismo tiempo en el Congreso avanza un proyecto de ley sobre la materia, ¿qué es lo que le preocupa?

Tenemos varias preocupaciones. En términos generales nos parece que el proyecto atenta contra la libre competencia. Pero especialmente nos preocupa un artículo, que tiene más la forma de un mico, en el que se pretende tumbar las investigaciones por el cartel de la seguridad privada. Esto tendría un efecto negativo en el proceso que adelanta tanto la Superintendecia como la Fiscalía.

¿Por qué lo dice?

En el artículo 85, el inciso tercero dice que en Colombia está prohibido que empresas cuyo dueño sea la misma persona puedan presentarse en licitaciones públicas con distintas ofertas. Eso daría a entender, sin mayores explicaciones, que esa prohibición sólo queda trazada con la expedición de la ley. Ahí está la trampa, pues esa prohibición ya existe y hay gente que ya la violó. Pero de ser aprobado el proyecto quedaría planteado que en el pasado esa práctica no era una infracción. La misma que hoy soporta nuestras investigaciones y las de la Fiscalía.

¿Usted cree que las personas que están siendo investigadas han impulsado este mico?

Blanco es, gallina lo pone y frito se come. Ese artículo sólo favorecería a un grupo de empresas y a una persona : Jorge Moreno Ojeda. Sólo esa persona tiene interés en desviar las investigaciones.

Pero eso también indicaría que hay congresistas haciendo el juego a Moreno Ojeda…

Si hay congresistas en ese plan me parece que es una situación lamentable y gravísima, y habría que investigar. Espero que el proyecto no esté siendo impulsado mediante el tráfico indebido de influencias. Prefiero pensar que es un mico que los congresistas no han advertido en su magnitud. Lo único cierto por ahora es que ese artículo pone en riesgo las investigaciones que hemos adelantado contra un cartel de seguridad privada.

¿Qué otras cosas le preocupan de ese proyecto?

Además del mico para obstruir las investigaciones, el proyecto pretende limitarle funciones a la Superintendencia de Industria y Comercio como única autoridad en la protección de la libre competencia. Y tercero, no menos importante, es un artículo que atenta contra la inversión extranjera, que está debidamente consolidada en el campo de la seguridad privada. El artículo en mención establece que aquellas compañías extranjeras que se les venza su licencia de funcionamiento no podrán renovarla.

Una fuerte denuncia viene haciendo el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, quien asegura que los vinculados al cartel de la seguridad privada están saboteando las investigaciones en su contra mediante un proyecto de ley que avanza en su tercer de cuatro debates en el Congreso de la República. Robledo alerta que de ser aprobada la iniciativa, su entidad y la Fiscalía se quedarían sin piso jurídico para imputar responsabilidad a quienes han violado las normas de la libre competencia. (Lea: Superintendente denuncia “mico” en proyecto de ley).

¿Cómo va la investigación por el cartel de vigilancia?

En este momento la Superintendencia de Industria y Comercio está en la etapa de recaudo de pruebas y prontamente tendremos el informe del caso.

¿Y en la Fiscalía?

En su momento advertimos que había indicios suficientes para hablar de cartelización en el sector de la vigilancia privada. En ese momento la Fiscalía inició su investigación por el delito de prácticas restrictivas al interior de licitaciones públicas.

¿Cómo funcionaba ese supuesto cartel?

Lo que encontramos es que habría un grupo de empresas aparentemente violando la libre competencia en 252 procesos, ante 149 entidades del Estado en los años 2010, 2011 y 2012. En este caso pudimos establecer que existían ocho compañías al parecer controladas por el señor Jorge Arturo Moreno Ojeda, más conocido como el zar de la seguridad privada.

¿Y cómo operaba?

Lo que ocurría era que ese grupo de empresas, bajo el control de la misma persona, habían coludido para hacerse de licitaciones públicas. Las normas señalan que en cada licitación debe haber libre competencia. En los casos estudiados encontramos que empresas de la misma persona presentaban, de manera separada, distintas ofertas de manera que tuviera mayores posibilidades de salir elegidas. En el estatuto anticorrupción quedó claro que este tipo de conductas deben estar sancionadas, penal y administrativamente. De esta manera el pasado viernes la Fiscalía citó a audiencia de imputación de cargos contra el señor Moreno Ojeda, y otras personas. Finalmente la diligencia fue aplazada y está próxima a realizarse.

Al mismo tiempo en el Congreso avanza un proyecto de ley sobre la materia, ¿qué es lo que le preocupa?

Tenemos varias preocupaciones. En términos generales nos parece que el proyecto atenta contra la libre competencia. Pero especialmente nos preocupa un artículo, que tiene más la forma de un mico, en el que se pretende tumbar las investigaciones por el cartel de la seguridad privada. Esto tendría un efecto negativo en el proceso que adelanta tanto la Superintendecia como la Fiscalía.

¿Por qué lo dice?

En el artículo 85, el inciso tercero dice que en Colombia está prohibido que empresas cuyo dueño sea la misma persona puedan presentarse en licitaciones públicas con distintas ofertas. Eso daría a entender, sin mayores explicaciones, que esa prohibición sólo queda trazada con la expedición de la ley. Ahí está la trampa, pues esa prohibición ya existe y hay gente que ya la violó. Pero de ser aprobado el proyecto quedaría planteado que en el pasado esa práctica no era una infracción. La misma que hoy soporta nuestras investigaciones y las de la Fiscalía.

¿Usted cree que las personas que están siendo investigadas han impulsado este mico?

Blanco es, gallina lo pone y frito se come. Ese artículo sólo favorecería a un grupo de empresas y a una persona : Jorge Moreno Ojeda. Sólo esa persona tiene interés en desviar las investigaciones.

Pero eso también indicaría que hay congresistas haciendo el juego a Moreno Ojeda…

Si hay congresistas en ese plan me parece que es una situación lamentable y gravísima, y habría que investigar. Espero que el proyecto no esté siendo impulsado mediante el tráfico indebido de influencias. Prefiero pensar que es un mico que los congresistas no han advertido en su magnitud. Lo único cierto por ahora es que ese artículo pone en riesgo las investigaciones que hemos adelantado contra un cartel de seguridad privada.

¿Qué otras cosas le preocupan de ese proyecto?

Además del mico para obstruir las investigaciones, el proyecto pretende limitarle funciones a la Superintendencia de Industria y Comercio como única autoridad en la protección de la libre competencia. Y tercero, no menos importante, es un artículo que atenta contra la inversión extranjera, que está debidamente consolidada en el campo de la seguridad privada. El artículo en mención establece que aquellas compañías extranjeras que se les venza su licencia de funcionamiento no podrán renovarla.