El nuevo blanco de la Casa de Nariño es el senador liberal Juan Fernando Cristo, acérrimo opositor del presidente Uribe, otrora aliado del ex presidente Samper y hoy uno de los alfiles del jefe del Partido Liberal, César Gaviria. Con un escueto comunicado de Palacio, el pasado martes 2 de septiembre, el Primer Mandatario lo señaló sembrando las dudas necesarias para casar la pelea: “El senador liberal Juan Fernando Cristo debe decir con claridad si entregó dineros a campañas políticas para elecciones parlamentarias en 1991. Él sabe por qué se le pregunta”.
En cuestión de horas, el senador nortesantandereano respondió el comunicado declarándose agredido por el presidente Uribe, reconociendo que fue investigado por presunto enriquecimiento ilícito y absuelto por la Fiscalía, y anunció su disposición de llevar el caso a instancias internacionales, ante la evidencia de que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, juez natural de los presidentes, es un organismo controlado políticamente por las mayorías del Gobierno. Casi de manera simultánea, el Partido Liberal salió en su defensa. La pugna Uribe-Cristo quedaba latente.
Y como en todas las peleas de los últimos días, basadas en el nublado espejo retrovisor de la amnésica memoria colombiana, saltan a retazos los fragmentos que explican los ambiguos comunicados del Gobierno y el rompecabezas de las verdades mutiladas. En pocas palabras, se trata de una historia relativamente reciente con un publicitado origen: el proceso 8.000. Es en este escándalo, con génesis a las 48 horas de la victoria electoral de Ernesto Samper Pizano en 1994, donde se sitúa el comienzo de este lance entre dos viejos copartidarios, hoy enfrentados por los azares del poder político.
“Ese César es más bandi. Ese César si es bandido, ese sabe cómo es la cosa y todas esas vainas y uno con el otro, pues Joselí, y él lo autorizó para eso, que viniera y que hablara y que la Costa hermano, y que esto y lo otro le dijimos: y qué más podemos hacer nosotros”. Así quedó transcrito uno de los apartes de lo que la historia judicial de Colombia registró como el escándalo de los narcocasetes. El periodista Alberto Giraldo fue sorprendido conversando con el capo del cartel de Cali Miguel Rodríguez Orejuela, y quedaron en evidencia dos personajes públicos: César Villegas Arciniegas y José Guerra de la Espriella.
El primero, en ese momento socio mayoritario del equipo profesional de fútbol Independiente Santa Fe, y el segundo, senador de la República, de gran arraigo y dinastía política en el departamento de Sucre. Pero en ese momento lo único importante era responder al reto del derrotado candidato Andrés Pastrana, quien instó al electo presidente Samper a renunciar si se comprobaba la existencia de dineros calientes en la campaña que lo llevó al poder. Diez meses después, estalló el escándalo que se llamó proceso 8.000 y era cuestión de tiempo que volvieran a asomar los nombres de César Villegas y José Guerra de la Espriella.
Y sucedió el 18 de julio de 1996. Ese día, miembros del CTI de la Fiscalía capturaron al empresario deportivo y lo condujeron a la escuela de formación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Una semana antes, había corrido la misma suerte el senador Guerra de la Espriella, quien fue a parar al Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo). Con una diferencia entre los dos detenidos: el segundo, contra las evidencias, negó cualquier vinculación con el escándalo; en cambio Villegas, en menos que canta un gallo, decidió colaborar con la justicia, echó a la guerra a Guerra y de paso esgrimió el tercer nombre.
Villegas señaló que el entonces viceministro de Relaciones Exteriores para Europa, Asia, África y Oceanía, Juan Fernando Cristo, hijo del varias veces senador de Norte de Santander Jorge Cristo Sahium, asesinado por el Eln en 1997, había sido receptor de $50 millones en cheques destinados a 15 políticos que participaron en la campaña electoral de 1991, y cuya procedencia, supuestamente, era el cartel de Cali.
De paso, la emprendió también contra el senador José Guerra de la Espriella, a quien señaló de ser beneficiario de esos dineros ilícitos. Por esa razón, Villegas se acogió a sentencia anticipada y sólo pagó tres años de cárcel en su propia casa.
Sin embargo, sus delaciones quedaron andando y sirvieron para que la justicia le aplicara todo el peso de la ley al senador Guerra de la Espriella quien resultó condenado y pusieron en aprietos al viceministro Cristo, quien al momento de ser señalado ya había sido designado como embajador en Grecia. Pero el caso Cristo entró emproblemado. El entonces fiscal Alfonso Valdivieso se declaró impedido porque antes de asumir el cargo había comentado con la familia del implicado el caso. De esa manera, el expediente se pospuso y terminó en manos del nuevo fiscal Alfonso Gómez Méndez, en cuya administración se precluyó el caso.
Desde entonces, Juan Fernando Cristo es un colombiano sin antecedentes judiciales. En cambio, su acusador tuvo una suerte distinta. Después de saldar sus cuentas con la justicia, regresó a sus millonarios negocios y el 4 de marzo de 2002 fue asesinado en Bogotá cuando salía de su oficina. En cuanto al otro protagonista del triángulo Villegas-Cristo-Guerra de la Espriella, es decir, el senador de Sucre, después de su condena volvió a sus negocios, pero recobró aire político a la sombra a través de uno de sus amigos más notables, el actual presidente Álvaro Uribe Vélez.
Para nadie es un secreto que hoy José Guerra de la Espriella es uno de los hombres que le hablan al oído al jefe del Estado y, de colofón, su hermana, María del Rosario Guerra, es la actual ministra de Comunicaciones. En cambio, Cristo tomó otro camino, el de la oposición a Uribe, y en las luchas políticas del presente, terminó enfrentado con la Casa de Nariño.
Sin embargo, entre el presidente Uribe, el senador Cristo y Guerra de la Espriella sigue rondando un nombre común: el empresario deportivo César Villegas Arciniegas. Hoy ya no puede intervenir en el debate porque está muerto, pero además los protagonistas de la historia lo niegan.
Cristo, el primer acusado de Villegas, lo negó desde un principio. Guerra de la Espriella, el condenado ex senador, tampoco quiere saber del personaje. Y el Presidente expidió un comunicado esta semana para advertir que sí trabajó con él en la Aeronáutica Civil en tiempos de Turbay Ayala, que lo conoció por Ernesto Samper y que lo nombró asesor y luego Jefe de Planeación del organismo, pero que él se retiró el 6 de agosto de 1982 y que en cambio Villegas siguió en la Aerocivil hasta 1986. En otras palabras, que fueron compañeros de trabajo y nada más, y que su sombra nunca tuvo que ver con su carrera.
En la sección de cartas de la revista Semana, en su edición del 6 de agosto de 1996, el hoy Presidente de la República, en un segundo punto de su aclaración, anuncia cuál fue su relación con el polémico Villegas: “Desde que trabajamos juntos he tenido una cordial amistad con el doctor Villegas. Jamás he conocido que esté vinculado a negocios ilícitos. En ocasiones contribuyó a mis campañas, con cuantías prudentes, lo que dista mucho de que haya sido mi mecenas o mi financiador de encuestas. Cordial saludo”.
Así las cosas, como en la pelea de Los Pepes con el ex presidente César Gaviria Trujillo, como en el caso del narcovideo de la Constituyente de 1991, como en los secretos de la siniestra ‘Oficina de Envigado’, o como en las decenas de episodios de la nebulosa verdad de las últimas tres décadas en Colombia, el país vuelve al mismo escenario: yo acuso, tú acusas, él acusa, nosotros acusamos, ellos acusan, todos acusan, y nadie sabe a ciencia cierta qué pasó. Es preferible seguir escarbando en el pasado, que solucionar los dilemas del presente.
Por Redacción Política
