Concejos que incumplen la ley

Las normas para hacer más transparentes los concejos municipales no se están cumpliendo a cabalidad. En un escenario ideal, cada corporación debería tener disponible para consulta de la ciudadanía el registro de intereses privados de los cabildantes, con la información sobre su actividad económica privada y la de sus familiares cercanos, con el fin de conocer sus posibles impedimentos y evitar que hagan uso de su posición para obtener beneficios particulares. A pesar de esto, muchas corporaciones están incumpliendo por completo la ley o la cumplen a medias.

Esta es una de las conclusiones del informe de la Secretaria de Transparencia, que analizó cómo los concejos en Colombia están aplicando la ley. Se concentró en las 32 corporaciones de las ciudades capitales, descubriendo que 11 no tienen el registro de intereses. Se trata de las corporaciones de Leticia (Amazonas), Arauca (Arauca), Tunja (Boyacá), Florencia (Caquetá), Quibdó (Chocó), Montería (Córdoba), San José del Guaviare (Guaviare), Cúcuta (Norte de Santander), Pasto (Nariño), San Andrés y Puerto Carreño (Vichada).

Adicional a esto, también se descubrió que 11 concejos ni siquiera tienen página web; que de los 21 que anunciaron tener el registro de intereses, los de Inírida (Guainía), Armenia (Quindío) y Pereira (Risaralda) no enviaron la copia del documento a la Secretaría de Transparencia, y los concejos de Medellín (Antioquia), Villavicencio (Meta), Mocoa (Putumayo), Ibagué (Tolima) y Cali (Valle) no tienen la información completa de todos los concejales.

Y para completar el panorama, frente a la obligación de tener el registro de intereses en la secretaría general del concejo de cada ciudad, para ser consultado por la ciudadanía, muchas no lo hacen. Sólo hay cuatro ciudades que sacan la cara en este aspecto y van más allá de la norma. La razón es que, fuera de tener el documento para consulta, también lo tienen público en la página web. Se trata de los cabildos de Barranquilla (Atlántico), Popayán (Cauca), Bogotá y Villavicencio (Meta).

Al analizar la información, más allá de si cumplen o no con la norma de elaborar el registro, hay un detalle más delicado. A pesar de que muchos concejos cumplen la ley, la información que tienen es deficiente. La Secretaría de Transparencia determinó que hay serias debilidades en la calidad de los datos, ya que en el formato que usan no hay espacio para consignar información como la actividad económica de los cónyuges, familiares o socios. Tampoco hay información respecto a la vinculación de personas cercanas al concejal en cargos públicos. De existir estos datos, “facilitaría la identificación de posibles violaciones al régimen de inhabilidades”, dice el informe.

El panorama da indicios desalentadores frente a lo que puede estar sucediendo en materia de transparencia y acceso a la información pública en el resto de los concejos del país (1.120 municipios), ya que, según el informe, si esto se está presentando con las corporaciones de las ciudades capitales, seguramente en municipios alejados y más pequeños, la situación podría ser peor.

Lo más complejo para la entidad de transparencia es que, por ahora, no existe una sanción directa frente a este incumplimiento de la ley. Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación podría intervenir en los casos y generar una amonestación o una destitución del cargo hasta por 9 años, a los responsables del incumplimiento. De intervenir el Ministerio Público, y de acuerdo con este estudio, seguramente más de la mitad de los cabildos enfrentarían serios líos.

La importancia del registro de intereses privados radica en que al interior de los concejos se toman decisiones que afectan la vida de los ciudadanos en materia de planeación, del desarrollo económico, tributación, presupuesto, endeudamiento, uso del suelo y estructura de la administración municipal, entre otros. De no conocerse su actividad económica privada y la de sus familiares cercanos, al igual que sus parientes o socios vinculados con cargos públicos, podría prestarse para que el concejal participe en decisiones de las cuales pudiera obtener beneficios particulares.

Por su parte, Rafael Merchán, Secretario de Transparencia, aseguró que, “la existencia de este registro facilita a la ciudadanía y a los organismos de control identificar los casos en que los cabildantes hacen un uso indebido de ese poder de decisión y de esa posición privilegiada para beneficio particular (…) Nos asombró encontrar en la investigación que, a pesar de ser una obligación legal en el país, un número importante de concejos no cuentan con su registro de los intereses privados y que la gran mayoría de los que sí lo tienen no los hacen públicos”, agregó Merchán.

Frente a este tema la Secretaria de Transparencia, de la mano con el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Federación Nacional de Concejales, busca ajustar cuentas y crear un formato único para el registro de intereses privados, que sirva de guía para los concejos y facilite el cumplimiento de esta ley.

A propósito de este tema, Laura Wills, directora de Congreso Visible, destacó la medida y calificó el registro de intereses como algo muy útil. “Sería importante que los concejales hicieran públicas sus hojas de vida y en ellas, sus actividades como concejales. Esto ayudaría a que la transparencia de la gestión pública aumentara”.

Por ahora, el balance del estudio es que, en general, los Concejos Municipales se rajan en transparencia. Y como dijo José Ricardo Puyana, director de gobernabilidad del PNUD, tras el lanzamiento de la campaña ‘Candidatos Visibles’ de la organización Congreso Visible, “Quien no es transparente es por algo”.

practicanteinvestiga@elespectador.com

@mapatilla

Las normas para hacer más transparentes los concejos municipales no se están cumpliendo a cabalidad. En un escenario ideal, cada corporación debería tener disponible para consulta de la ciudadanía el registro de intereses privados de los cabildantes, con la información sobre su actividad económica privada y la de sus familiares cercanos, con el fin de conocer sus posibles impedimentos y evitar que hagan uso de su posición para obtener beneficios particulares. A pesar de esto, muchas corporaciones están incumpliendo por completo la ley o la cumplen a medias.

Esta es una de las conclusiones del informe de la Secretaria de Transparencia, que analizó cómo los concejos en Colombia están aplicando la ley. Se concentró en las 32 corporaciones de las ciudades capitales, descubriendo que 11 no tienen el registro de intereses. Se trata de las corporaciones de Leticia (Amazonas), Arauca (Arauca), Tunja (Boyacá), Florencia (Caquetá), Quibdó (Chocó), Montería (Córdoba), San José del Guaviare (Guaviare), Cúcuta (Norte de Santander), Pasto (Nariño), San Andrés y Puerto Carreño (Vichada).

Adicional a esto, también se descubrió que 11 concejos ni siquiera tienen página web; que de los 21 que anunciaron tener el registro de intereses, los de Inírida (Guainía), Armenia (Quindío) y Pereira (Risaralda) no enviaron la copia del documento a la Secretaría de Transparencia, y los concejos de Medellín (Antioquia), Villavicencio (Meta), Mocoa (Putumayo), Ibagué (Tolima) y Cali (Valle) no tienen la información completa de todos los concejales.

Y para completar el panorama, frente a la obligación de tener el registro de intereses en la secretaría general del concejo de cada ciudad, para ser consultado por la ciudadanía, muchas no lo hacen. Sólo hay cuatro ciudades que sacan la cara en este aspecto y van más allá de la norma. La razón es que, fuera de tener el documento para consulta, también lo tienen público en la página web. Se trata de los cabildos de Barranquilla (Atlántico), Popayán (Cauca), Bogotá y Villavicencio (Meta).

Al analizar la información, más allá de si cumplen o no con la norma de elaborar el registro, hay un detalle más delicado. A pesar de que muchos concejos cumplen la ley, la información que tienen es deficiente. La Secretaría de Transparencia determinó que hay serias debilidades en la calidad de los datos, ya que en el formato que usan no hay espacio para consignar información como la actividad económica de los cónyuges, familiares o socios. Tampoco hay información respecto a la vinculación de personas cercanas al concejal en cargos públicos. De existir estos datos, “facilitaría la identificación de posibles violaciones al régimen de inhabilidades”, dice el informe.

El panorama da indicios desalentadores frente a lo que puede estar sucediendo en materia de transparencia y acceso a la información pública en el resto de los concejos del país (1.120 municipios), ya que, según el informe, si esto se está presentando con las corporaciones de las ciudades capitales, seguramente en municipios alejados y más pequeños, la situación podría ser peor.

Lo más complejo para la entidad de transparencia es que, por ahora, no existe una sanción directa frente a este incumplimiento de la ley. Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación podría intervenir en los casos y generar una amonestación o una destitución del cargo hasta por 9 años, a los responsables del incumplimiento. De intervenir el Ministerio Público, y de acuerdo con este estudio, seguramente más de la mitad de los cabildos enfrentarían serios líos.

La importancia del registro de intereses privados radica en que al interior de los concejos se toman decisiones que afectan la vida de los ciudadanos en materia de planeación, del desarrollo económico, tributación, presupuesto, endeudamiento, uso del suelo y estructura de la administración municipal, entre otros. De no conocerse su actividad económica privada y la de sus familiares cercanos, al igual que sus parientes o socios vinculados con cargos públicos, podría prestarse para que el concejal participe en decisiones de las cuales pudiera obtener beneficios particulares.

Por su parte, Rafael Merchán, Secretario de Transparencia, aseguró que, “la existencia de este registro facilita a la ciudadanía y a los organismos de control identificar los casos en que los cabildantes hacen un uso indebido de ese poder de decisión y de esa posición privilegiada para beneficio particular (…) Nos asombró encontrar en la investigación que, a pesar de ser una obligación legal en el país, un número importante de concejos no cuentan con su registro de los intereses privados y que la gran mayoría de los que sí lo tienen no los hacen públicos”, agregó Merchán.

Frente a este tema la Secretaria de Transparencia, de la mano con el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Federación Nacional de Concejales, busca ajustar cuentas y crear un formato único para el registro de intereses privados, que sirva de guía para los concejos y facilite el cumplimiento de esta ley.

A propósito de este tema, Laura Wills, directora de Congreso Visible, destacó la medida y calificó el registro de intereses como algo muy útil. “Sería importante que los concejales hicieran públicas sus hojas de vida y en ellas, sus actividades como concejales. Esto ayudaría a que la transparencia de la gestión pública aumentara”.

Por ahora, el balance del estudio es que, en general, los Concejos Municipales se rajan en transparencia. Y como dijo José Ricardo Puyana, director de gobernabilidad del PNUD, tras el lanzamiento de la campaña ‘Candidatos Visibles’ de la organización Congreso Visible, “Quien no es transparente es por algo”.

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