Condenado por parapolítica Alfonso Campo Escobar
El Juzgado Sexto Especializado de Bogotá condenó a seis años de prisión al ex representante a la Cámara por sus nexos con paramilitares. Mientras tanto, la Fiscalía llamó a juicio al ex congresista Jorge Luis Caballero.
El Espectador
El ex congresista, miembro del partido conservador y representante por el departamento del Magdalena, fue sentenciado por los delitos de concierto para delinquir, constreñimiento al sufragante y alteración de resultados electorales.
Campo Escobar, además, fue condenado a pagar una multa de algo más de 1.600 millones de pesos. El ex parlamentario fue notificado este lunes de la decisión judicial en su lugar de reclusión, la cárcel La Picota de Bogotá.
El fallo del Juzgado de la capital del país sostiene que "sabían que su actuar era al margen de la ley y decidieron libremente acogerse a las políticas y proceder de los dirigentes de las autodefensas en esa zona del país con el propósito de mantenerse en el congreso de la república".
Campo Escobar inicialmente fue capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia, que contaba con pruebas contundentes de los vínculos del ex representante costeño con las Autodefensas, pues él fue uno de los firmantes del pacto de Ralito que suscribieron varios políticos con los paramilitares, el 23 de julio de 2001.
Sin embargo, meses después el conservador decidió renunciar a su fuero como congresista, por lo que su caso pasó a manos de la justicia ordinaria. En ese momento, Campo Escobar aceptó los cargos de los que se le acusaban y se acogió a sentencia anticipada.
El ex representante se habría beneficiado en los comicios electorales de marzo pasado de la influencia del ex jefe `paramilitar ‘Jorge 40', quien le habría asegurado, luego de presionar a los electores, los votos del sur del departamento del Magdalena, que le permitieron obtener la curul que ocupaba en el Congreso de la República.
Jorge Luis Caballero, a juicio
Mientras tanto este lunes, la Fiscalía General llamó a juicio al ex congresista Jorge Luis Caballero, también por sus presuntos vínculos con paramilitares.
Caballero, quien hasta hace pocos días permaneció prófugo de la justicia y que luego decidió regresar al país, procedente de España y entregarse a las autoridades, es acusado de los delitos de de concierto para delinquir agravado y constreñimiento al elector.
El llamado a juicio del ex parlamentario lo hizo la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Sara Magnolia Salazar, quien considera que es evidente que Caballero se asoció con grupos de Autodefensas para lograr beneficios electorales en el Magdalena, departamento por el que llegó a ocupar una curul en la Cámara de Representantes.
La fiscal también considera que Caballero incurrió en el delito de constreñimiento al elector, pues gracias a la presión de los paramilitares en los sufragantes, el ex congresista obtuvo los votos necesarios para salir electo.
Si Caballero llega a ser encontrado culpable podría recibir una sentencia de entre cuatro y doce años de prisión, pero se cree que con las rebajas y demás beneficios, no estaría más de cinco años en la cárcel.
La Fiscalía General le negó al ex representante el beneficio de acogerse a sentencia anticipada, por considerar que lo solicitó fuera del tiempo establecido, ya que Caballero solo lo hizo una vez regresó al país.
Ahora, Caballero deberá esperara que un juez resuelva si puede acogerse a sentencia anticipada o no, lo que le permitiría pagar sólo una tercera parte de la pena, por los dos cargos que ya aceptó.
Revocan tutela que ordenaba libertad de parapolíticos
El Tribunal Superior de Montería revocó la tutela que hace unas semanas abrió la posibilidad que trece de los congresistas investigados por parapolítica quedaran en libertad.
De acuerdo con el magistrado Jairo Lora, el Tribunal de la capital de Córdoba revocó la tutela, que había concedido un juez de Lorica a trece firmantes del pacto de Ralito, pues una decisión como esta es jurisdicción de la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y en ningún momento debe proceder ante un juez de Circuito.
La revocatoria de la tutela, sin embargo, no se refiere en ningún momento a la petición de cambiar la naturaleza del delito por el que son procesados los trece investigados, pues el juez Manuel Benedetti al firmar la misma ordenó que se les acusará de concierto para delinquir simple y no concierto para delinquir agravado, conducta delictiva por las que son procesados actualmente.
El Tribunal Superior de Montería no descartó que la Fiscalía investigue penalmente a Benedetti, por esta actuación, lo que se sumaría a la decisión que tomó el Tribunal de la capital cordobesa la semana pasada, cuando declaró insubsistente al juez Jairo Enrique López, juez titular del Juzgado Penal del Circuito de Lorica, por varias investigaciones y sanciones que existen en su contra.
Actualmente, el Consejo Seccional de la Judicatura en Córdoba desarrolla una investigación disciplinaria en contra del juez Benedetti.
El ex congresista, miembro del partido conservador y representante por el departamento del Magdalena, fue sentenciado por los delitos de concierto para delinquir, constreñimiento al sufragante y alteración de resultados electorales.
Campo Escobar, además, fue condenado a pagar una multa de algo más de 1.600 millones de pesos. El ex parlamentario fue notificado este lunes de la decisión judicial en su lugar de reclusión, la cárcel La Picota de Bogotá.
El fallo del Juzgado de la capital del país sostiene que "sabían que su actuar era al margen de la ley y decidieron libremente acogerse a las políticas y proceder de los dirigentes de las autodefensas en esa zona del país con el propósito de mantenerse en el congreso de la república".
Campo Escobar inicialmente fue capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia, que contaba con pruebas contundentes de los vínculos del ex representante costeño con las Autodefensas, pues él fue uno de los firmantes del pacto de Ralito que suscribieron varios políticos con los paramilitares, el 23 de julio de 2001.
Sin embargo, meses después el conservador decidió renunciar a su fuero como congresista, por lo que su caso pasó a manos de la justicia ordinaria. En ese momento, Campo Escobar aceptó los cargos de los que se le acusaban y se acogió a sentencia anticipada.
El ex representante se habría beneficiado en los comicios electorales de marzo pasado de la influencia del ex jefe `paramilitar ‘Jorge 40', quien le habría asegurado, luego de presionar a los electores, los votos del sur del departamento del Magdalena, que le permitieron obtener la curul que ocupaba en el Congreso de la República.
Jorge Luis Caballero, a juicio
Mientras tanto este lunes, la Fiscalía General llamó a juicio al ex congresista Jorge Luis Caballero, también por sus presuntos vínculos con paramilitares.
Caballero, quien hasta hace pocos días permaneció prófugo de la justicia y que luego decidió regresar al país, procedente de España y entregarse a las autoridades, es acusado de los delitos de de concierto para delinquir agravado y constreñimiento al elector.
El llamado a juicio del ex parlamentario lo hizo la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Sara Magnolia Salazar, quien considera que es evidente que Caballero se asoció con grupos de Autodefensas para lograr beneficios electorales en el Magdalena, departamento por el que llegó a ocupar una curul en la Cámara de Representantes.
La fiscal también considera que Caballero incurrió en el delito de constreñimiento al elector, pues gracias a la presión de los paramilitares en los sufragantes, el ex congresista obtuvo los votos necesarios para salir electo.
Si Caballero llega a ser encontrado culpable podría recibir una sentencia de entre cuatro y doce años de prisión, pero se cree que con las rebajas y demás beneficios, no estaría más de cinco años en la cárcel.
La Fiscalía General le negó al ex representante el beneficio de acogerse a sentencia anticipada, por considerar que lo solicitó fuera del tiempo establecido, ya que Caballero solo lo hizo una vez regresó al país.
Ahora, Caballero deberá esperara que un juez resuelva si puede acogerse a sentencia anticipada o no, lo que le permitiría pagar sólo una tercera parte de la pena, por los dos cargos que ya aceptó.
Revocan tutela que ordenaba libertad de parapolíticos
El Tribunal Superior de Montería revocó la tutela que hace unas semanas abrió la posibilidad que trece de los congresistas investigados por parapolítica quedaran en libertad.
De acuerdo con el magistrado Jairo Lora, el Tribunal de la capital de Córdoba revocó la tutela, que había concedido un juez de Lorica a trece firmantes del pacto de Ralito, pues una decisión como esta es jurisdicción de la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y en ningún momento debe proceder ante un juez de Circuito.
La revocatoria de la tutela, sin embargo, no se refiere en ningún momento a la petición de cambiar la naturaleza del delito por el que son procesados los trece investigados, pues el juez Manuel Benedetti al firmar la misma ordenó que se les acusará de concierto para delinquir simple y no concierto para delinquir agravado, conducta delictiva por las que son procesados actualmente.
El Tribunal Superior de Montería no descartó que la Fiscalía investigue penalmente a Benedetti, por esta actuación, lo que se sumaría a la decisión que tomó el Tribunal de la capital cordobesa la semana pasada, cuando declaró insubsistente al juez Jairo Enrique López, juez titular del Juzgado Penal del Circuito de Lorica, por varias investigaciones y sanciones que existen en su contra.
Actualmente, el Consejo Seccional de la Judicatura en Córdoba desarrolla una investigación disciplinaria en contra del juez Benedetti.