El Gobierno de Gustavo Petro alista una nueva ruta para atender a las personas confinadas por culpa del conflicto armado. En esta, las entidades nacionales deberán estar al frente de la prevención y respuesta de esta situación, que se ha intensificado en departamentos como Chocó.
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Se trata de un nuevo borrador de decreto al que El Espectador tuvo acceso, y que fue redactado por el Departamento de Prosperidad Social (DPS) de Gustavo Bolívar. En este, cumpliendo con una orden de un auto de la Corte Constitucional, se definen las tareas que los ministerios de interior y Defensa, la Unidad de Víctimas y el mismo DPS deben adelantar para, de manera articulada, atender este delito que, en 2024, se reportó en los departamentos de Chocó (75 casos), Arauca (8), Antioquia (7), Nariño (7) y Caquetá (7).
La creación de esta nueva ruta llega en un momento álgido para la seguridad nacional. Además de la declaratoria de conmoción interior en Catatumbo, en otras regiones, como Chocó y Cauca, se ha alertado del deterioro de las condiciones para las comunidades. Y, en ese contexto y de acuerdo con las autoridades locales, el riesgo de que haya desplazamientos y confinamiento ha aumentado sustancialmente.
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Y no se trata de un tema menor. De acuerdo con el informe más reciente de la Defensoría del Pueblo, en 2024 se presentaron 75 eventos de confinamiento en 343 comunidades. La mayoría de ellos, 23 ocurrieron en Chocó. Según los cálculos de la entidad dirigida por Iris Marín, estos afectaron a 24.255 familias, equivalentes a 107.931 personas.
La discusión se da, además, en un momento en el que el gabinete está inestable por cuenta de las seis renuncias ya formalizadas, entre las que se incluyen las de los ahora exministros Juan Fernando Cristo (Interior) e Iván Velásquez (Defensa), dos entidades que tienen que ver con la ruta, pero no tienen una cabeza fija. Y hasta tanto le presidente no regrese de su gira en Medio Oriente, esta no quedaría en firme.
En el documento, que aún está en la etapa de consulta pública, se plantean las responsabilidades que deberá asumir cada una de las entidades mencionadas y que deberán articularse con las autoridades locales y departamentales para atender la emergencia. La idea no es modificar una norma ya existente, sino agregar al decreto 1084 de 2015 una sección con la filigrana de la ruta de atención.
El Gobierno se está tomando con cierto afán la creación de la ruta. De hecho, el decreto llegó con un mensaje de urgencia que permite reducir el periodo de comentarios de 15 días calendario a tan solo cinco. Esa reducción de una tercera parte del tiempo se debe, según explicó el DPS, a que la Corte Constitucional ordenó que se agilizara el tema. Esto, porque corresponde al seguimiento de la sentencia en la que ese alto tribunal, en 2004, declaró el estado de cosas inconstitucional por desplazamiento forzado.
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En el auto de seguimiento a la declaración de hace 21 años del pasado 29 de enero, la Corte ordenó que se expidiera esta nueva ruta. Así, surgió el documento de 29 páginas en el que se define cómo debe actuar cada entidad.
En ese sentido, plantea siete etapas relacionadas con los confinamientos: prevención urgente, de identificación y verificación, de coordinación para la atención inmediata, de registro y valoración de la solicitud de inscripción en el Registro Único de Víctimas, de atención y asistencia y de la evaluación de las acciones en el marco del confinamiento.
Algo importante es que, en el borrador de decreto, se define que esta se activará cuando las autoridades locales y departamentales no cuenten con los recursos y la capacidad para hacer frente a un confinamiento.
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Para darle forma, además, se plantea la creación de una “instancia técnica para coordinar la respuesta interinstitucional”. En esta tendrán asiento los ministros del Interior, de Defensa y de Salud, los directores de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la Unidad Nacional de Protección y del alto comisionado para la Paz.
Ese grupo se reunirá de manera ordinaria de forma bimestral. Pero también de manera extraordinaria si se identifican riesgos o si se evidencia que las entidades territoriales, como se dijo, no cuentan con las condiciones ni los recursos para prestar ayuda humanitaria.
En esa ruta se definen tareas específicas en componentes de seguridad, de alimentos, de salud, de manejo de abastecimientos y de transporte de emergencia, según la etapa en la que se deba atender la emergencia. Así, por ejemplo, el Ministerio del Interior, hoy con Gustavo García como encargado tras la intempestiva salida de Juan Fernando Cristo del cargo, tendría la responsabilidad de promover acciones de prevención y protección en los municipios en riesgo.
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También, deberá coordinar la respuesta ante las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. No es un asunto menor teniendo en cuenta que, como lo contó El Espectador, ambas entidades están enfrentadas, precisamente, por ese tema. Esto, por cuenta de que no se atendieran las alertas sobre la crisis en Catatumbo que dejó un saldo de más de 52 mil personas desplazadas, en medio de los enfrentamientos de organizaciones ilegales.
Al de Defensa, que tampoco tiene una cabeza visible tras la renuncia irrevocable de Iván Velásquez, le correspondería participar en acciones “de corredor humanitario”. El fin de esto es que a las comunidades afectadas lleguen kits de ayudas humanitarias. También, que se pueda garantizar la movilidad y el transporte de equipos de salud y emergencia, teniendo en cuenta que, como lo han denunciado las autoridades, en esos territorios no hay acceso a niveles especializados de salud.
Por su parte, la UNP deberá “priorizar la elaboración de estudios de nivel de riesgo y la activación de las rutas de protección individual y colectiva para comunidades étnicas y no étnicas asentadas en zonas de ocurrencia o riesgo de confinamiento”.
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La ruta llega también en un momento en el que desde Chocó hay denuncias de que, por lo menos, 12.000 personas confinadas en medio de enfrentamientos del Clan del Golfo y el ELN, así como el riesgo de la llegada de disidencias de las FARC al departamento.
“Tenemos el temor de la amenaza que ha manifestado la Defensoría del Pueblo, acerca de una alianza de uno de los grupos de las disidencias de las Farc por el Valle del Cauca. Lo que nos dicen es que están buscando una alianza con uno de los dos grupos. Obviamente, atacando al otro grupo para darle un espacio”, expresó la gobernadora Nubia Carolina Córdoba.
Así, mientras avanza el estudio de la nueva ruta, en el país se presentan nuevos casos de confinamientos. Y, de manera casi paralela, el Gobierno de Gustavo Petro avanza en la atención, vía conmoción interior, de uno de los peores desplazamientos desde los años 90 y por el que se declaró el estado de excepción, precisamente, por la falta de un camino claro y de recursos para atenderlo.
Este es el borrador de decreto completo:
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