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5 May 2009 - 1:38 p. m.

Congresista legislará con brazalete electrónico

Rubén Darío Salazar fue condenado por trasteo de votos y ofrecimientos falsos de subsidios de vivienda.

Redacción Política de Elespectador.com

Las nuevas tecnologías que fueron adoptadas por el Ministerio del Interior y de Justicia en cuanto a la detención de los ciudadanos, ahora están al alcancen de los congresistas.

Ese es el caso del representante uribista a la Cámara por Bogotá, Rubén Darío Salazar, contra quien fueron imputados cargos por haber ofrecido el trámite de subsidios de vivienda a cambio de votos y de haber incurrido en el trasteo electoral "al conminar y facilitar la inscripción de personas domiciliadas en Villavicencio", para que votaran en Bogotá.

Tras conocerse de estas presuntas irregularidades, la Corte Suprema de Justicia inició las primeras indagaciones del caso. Después de varias investigaciones, la Sala Penal consideró que "la consecuencia previsible de este entramado es que los prometidos subsidios quisieran apoyar la candidatura de Salazar Orozco, recurriendo para ellos y dada su residencia en Villavicencio, a inscribir cédula en Bogotá, circunscripción electoral diferente de aquella, con el fin de depositar posteriormente su voto".

"Rubén Darío Salazar de manera conciente, voluntaria y sabiendo su ilegalidad, propició las condiciones para que residente en Villavicencio asumieran necesario respaldar con su vota su candidatura a la Cámara por Bogotá", sentenció la Corte.

Con estos antecedentes, la Corte determinó que es necesario que Salazar, del partido Convergencia Ciudadana, sea sometido a un mecanismo de vigilancia electrónica, es decir uno de los nuevos y modernos brazaletes.

También, sólo se le "prohíbe salir del país". Esto de inmediato implica que a pesar de que contra él se impusieron esos delitos, puede volver al Congreso y ejercer su derecho al voto como parlamentario.

Lo que extraña es que los votos conseguidos fueron de manera fraudulenta pero ´`el seguirá con la curul.

Finalmente, la Corte le ordenó pagar 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como sanción monetaria.

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