Los congresistas Miguel Uribe Turbay, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Hernán Cadavid, del Centro Democrático, ya están en rumbo Washington, en donde, al igual que lo hicieron miembros del Pacto Histórico la semana pasada, buscan sentarse con Luis Almagro, secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA), para hablar sobre la elección de fiscal y las supuestas “presiones a la Corte” en ese proceso.
La bancada uribista ya tienen confirmada la cita con Luis Almagro este 15 de febrero y, además, esperan poder hablar con un representante de la CIDH y que congresistas republicanos y demócratas les confirmen en qué momento los podrían recibir en el Capitolio.
Así lo confirmó la senadora Paloma Valencia, quien dijo que van a hablar con el secretario y a “tratar también de fijar la fecha para reunirnos con la CIDH, porque no es posible que las entidades internacionales estén teniendo la idea de que en Colombia lo que hay es un golpe de Estado”, dijo.
De acuerdo con la oposición, esos organismos internacionales solo escucharon la versión del Gobierno y para ellos, “la presión indebida es del presidente, que tiene a su hijo investigado penalmente y a su hermano. Está presionando de manera indebida a la Corte Suprema para elegir una fiscal de su terna”, dijo la senadora.
Igualmente, el senador Miguel Uribe aseguró que “Petro no es la víctima. Mientras fortalece a las estructuras criminales, debilita a las fuerzas armadas. Ataca a la Corte, persigue a los periodistas y estigmatiza a la oposición. Defendemos la democracia y la libertad”, fueron sus palabras antes de salir en un vuelo a Washington.
El pasado 8 de febrero, congresistas del Pacto Histórico fueron también a Washington a denunciar que el presidente Petro, presuntamente, viene siendo perseguido y hostigado por la Fiscalía y la Procuraduría.
En el documento que presentó el Pacto a los entes internacionales se señaló que la suspensión del canciller Álvaro Leyva, el allanamiento que hizo la Fiscalía a Fecode y la ruidosa elección de alcalde en Santa Marta, entre otros episodios, serían producto de una estrategia para desestabilizar al Gobierno.
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