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Luego de que la organización ciudadana FUERSA –Fuerza de Respuesta Social Anticorrupción– radicara una petición ante el presidente del Senado, Lidio García, para que exigiera en la plenaria que los parlamentarios declaren posibles conflictos de intereses con relación a Arturo Char, único candidato a reemplazar a Lidio, cercanos al senador recordaron que, en el marco del régimen de conflicto de intereses (Ley 2003 de 2019), no hay ninguna obligatoriedad para revelar un impedimento o inhabilidad en este caso.
Lea: Piden a senadores informar conflictos de intereses frente a elección de Char.
El artículo 286 de la Ley Quinta –que reglamenta el Congreso– dicta las situaciones en la que los parlamentarios deben de declarar algún conflicto, pero también ilustra los escenarios en los que no los debe de hacer.
En este caso último caso, el numeral F dice: “Cuando el congresista participa en la elección de otros servidores públicos mediante el voto secreto. Se exceptúan los casos en los que se presenten inhabilidades referidas al parentesco con los candidatos”.
Según FUERSA, los congresistas que deben de manifestar su relación económica con Char, que, a su juicio, es un motivo suficiente para separarse de la votación son Luis Eduardo Diazgranados, Fabián Castillo, Antonio Zabaraín y Daira Galvis, de Cambio Radical; Laureano Acuña y Efraín Cepeda, del Partido Conservador; y Eduardo Pulgar, de la U. Todos son parlamentarios de la Costa Caribe.
En la misiva entregada a Lidio García, se les pide a los aludidos “abstenerse de participar en la deliberación y votación en caso de que el senador Arturo Char sea postulado por el partido Cambio Radical (…) Es menester advertir que se podría estar incurso en un posible conflicto de interés. Dicha situación podría ser conducente a un posible proceso de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado”.
Por la postulación de Char a la Presidencia del Senado se han tejido una serie de críticas por el llamado a dar versión libre que le hizo la Corte Suprema de Justicia en el marco del caso de corrupción electoral por la que se condenó a Aida Merlano. También, la justicia investiga si el senador estuvo involucrado en la fuga de Merlano en octubre del año pasado.