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En el fin de las sesiones ordinarias, el Congreso aprobó en último debate el proyecto de ley que les brindará alternativas a las mujeres privadas de la libertad y madres cabeza de familia para que paguen sus condenas con trabajo comunitario.
Es decir, las mujeres que cometan delitos menores podrán permanecer en sus casas, cuidando a sus hijos y trabajando en servicio comunitario para resarcir sus penas con un enfoque social.
El senador Rodrigo Lara, promotor del proyecto, señala que el proyecto busca verdaderamente resocializar a las personas y mejorar algunos indicadores sobre la situación de sus familias cuando se paga la condena con cárcel.
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De las mujeres privadas de la libertad, el 75% son madres cabeza de hogar, el 54% son cuidadoras principales de sus hijos y el 80% nunca había estado presa. Teniendo esto como base, Lara ilustró que el 32% de estas mujeres manifestaron que sus hijos pasaron a vivir a otro hogar mientras estaban en la cárcel, el 79% sostuvo que estos desmejoraron su rendimiento académico mientras pagaban la pena, entre el 18 y 38% abandonaron sus estudios para trabajar o cuidar a sus hermanos y entre el 10 y 26% comenzaron a consumir alcohol y drogas.
“Cuando uno ve a una mujer que comete un pequeño delito y termina presa, sin segunda oportunidad para reflexionar, la condenamos a ella y condenamos a una familia a no tener madre, no tener quién lo sostenga, no tener hogar y repetir los ciclos eternos de la violencia. Esta no es una forma inteligente de enfrentar el problema”, dijo Lara.
Además de aplicar una perspectiva de género en la condena y resocialización de mujeres cabeza de hogar, el proyecto también le apunta a brindar una alternativa al estado de cosas inconstitucional que declaró la Corte sobre la situación de derechos humanos en las cárceles, debido al alto porcentaje hacinamiento.
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Los requisitos para acceder al beneficio de esta ley es ser madre cabeza de hogar, no tener antecedentes penales en los pasados cinco años anteriores al delito, ser condenada por delitos menores o penas de máximo ocho años, no haber cometido delitos violentos o que pongan en riesgo la seguridad ciudadana ni del hijo y demostrar que la comisión del delito está asociada a la situación de pobreza y marginalidad.
De este modo, la iniciativa pasa a sanción presidencial y, según Lara, será una ley experimental que mostrará los resultados de un enfoque restaurativo y resocializador, como ocurre en otros países como Estados Unidos, donde en casos de delitos menores se condena a las personas a recoger basuras, limpiar jardines, entre otras actividades comunitarias.
