La iniciativa que aprobó el Legislativo busca que los estatutos laborales de Colombia se adopten a lo que dicen las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Esto implica que la declaratoria de legalidad o ilegalidad de una huelga no la puede hacer el Ministerio de Protección Social sino los jueces laborales de la patria. La ponente de la iniciativa, senadora Dilian Francisca Toro, manifestó que la otra idea es implementar el derecho a pedir un tribunal de arbitramento.
"Cuando hay una huelga y pasa de los 60 días se debe pedir ese tribunal -explicó-, allí se les da cinco días para que se pongan de acuerdo las dos partes y así determinar que hacer con la huelga". Aún así, quedaron pendientes en la nueva normatividad el determinar cuáles son los servicios públicos esenciales. En julio se buscará una normatividad especial en ese sentido.
Pero el hecho curioso de la jornada de aprobación se dio con la oposición. El Polo Democrático Alternativo no votó positivamente el proyecto de huelga, al no estar de acuerdo con varios de los artículos de la iniciativa. Según varios de los miembros de esa colectividad, el Gobierno y su bancada lo único que buscan es mostrar ante el parlamento de Estados Unidos derechos "inexistentes" para los trabajadores en Colombia.
Por El Espectador
