Congresistas de diferentes orillas políticas celebraron la sanción presidencial de la ley que busca prevenir y sancionar los actos de violencia en contra de las mujeres que participan en la política.
Esta ley, que logró unir a la izquierda y a la derecha en las votaciones en el Capitolio, crea obligaciones para que entidades del Estado establezcan protocolos de prevención y sanción de la violencia política contra las mujeres.
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Una de las legisladoras en aplaudir la sanción que le dio el presidente Gustavo Petro fue la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro: “Por fin tenemos un mecanismo para garantizar nuestros derechos, para poder hacer política en igualdad de condiciones y para este, que es un mal, que es un impedimento, que es una barrera para que las mujeres podamos participar, esté dentro del ordenamiento jurídico colombiano”.
La representante de la misma coalición María Fernanda Carrascal también resaltó el hecho de que la nueva ley establece un marco legal. “Es un compromiso garantizar que todas las mujeres podamos ejercer nuestro derecho a la participación política sin temor a ser atacadas o excluidas”, agregó.
Desde la Alianza Verde, la representante Catherine Juvinao destacó que el proyecto ya sea ley y aseguró que con esta se ayudará a frenar las distintas violencias que viven las mujeres en el mundo político electoral.
“Por fin tendremos una herramienta para evitar que las mujeres sean víctimas de violencia simbólica, económica, digital, física y sexual en el contexto político y electoral”, declaró.
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Tras ser aprobada en el Congreso y recibir el visto bueno de la Corte Constitucional, este miércoles fue sancionada por el presidente Gustavo Petro y empezó a regir como ley 2453 de 2025. El documento que oficializa la decisión también aparece firmado por los ministros del Interior, Armando Benedetti; de Justicia, Ángela María Buitrago; y de la Igualdad, Carlos Rosero.
En los debates de la nueva ley se detalló cómo cerca del 64 % de las mujeres que ostentan cargos de elección popular han sufrido conductas relacionadas con la violencia política, particularmente la restricción en el uso de la palabra (23,8 %) y la ocultación de recursos financieros o administrativos durante la gestión (22,31 %).
Según el documento aprobado por todos los poderes, violencia contra las mujeres en política es toda acción, conducta u omisión que, basada en elementos de género, cause daño a una o varias mujeres o a sus familias, sin distinción de su afinidad política o ideológica.
La sanción presidencial se dio después de que el pasado martes 2 de abril un grupo de mujeres cuestionaron la efectividad y utilidad de la ruta de atención a casos de abuso y acoso en el Congreso.
Mencionaron que el protocolo tiene “fallas estructurales como la ausencia de un mecanismo autónomo de investigación y sanción, la falta de medidas efectivas para garantizar el cumplimiento de órdenes judiciales y la carencia de un enfoque diferencial para poblaciones diversas. Además, no define con claridad las competencias institucionales”.
En un derecho de petición que enviaron las denunciantes, la senadora Lorena Ríos, presidenta de la Comisión de la Mujer, reconoció que el protocolo tiene “inconsistencias en trámites y competencias”.
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