Congreso espera respuesta de Corte Constitucional ante supuesto “mico” en Ley de Infraestructura

El 15 de enero de 2018 se publicó la nueva Ley de Infraestructura que, desde sus debates en el Congreso, fue criticada por el artículo 20 que determina la indemnización, por parte del Estado, a contratos cancelados anticipadamente. Esto “para que los bancos nacionales e internacionales tuvieran la tranquilidad de invertir en los proyectos de infraestructura, sin esperar a que un evento como el de Odebrecht les representara pérdida de recursos por créditos otorgados o por inversión directa en los mismos”, explicó la Revista Dinero.

El excontralor Edgardo Maya, uno de los críticos de la aprobación de la Ley, demandó en julio de 2018 dicho artículo ante la Corte Constitucional porque para él este punto podría obligar al Estado a pagarle a Odebrecht. En las próximas semanas, el alto tribunal deberá dar un fallo al respecto, mientras que algunos congresistas consideran que se trata de un “mico” que se le colgó a la Ley, que esperan, sea eliminado.

Lea: El último acto del contralor Maya contra los intereses de Odebrecht y sus socios.

“Corrupto es aquel que quiere regalarle la plata a las entidades financieras cuando le incumplen a los contratistas del Estado, permitiendo que esos contratistas no respondan ante sus obligaciones financieras, aprobando tremendo mico que, nosotros los colombianos, debemos de afrontar”, dijo en su momento el hoy presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal.

A su vez, el conservador Juan Diego Gómez le pide a la Corte fallar, lo antes posible, ante dicho punto del articulado que, según él, va en contravía de la garantía de la transparencia en las obras. “En virtud de la moralidad pública, hay que pedirle al tribunal que elimine ese tema y proceda a mantener la Ley que pretende solucionar los problemas de corrupción”, manifestó.

Asimismo, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia cree que a una empresa a la que se le canceló el contrato por corrupción, como Odebrecht, no se le puede devolver el dinero. A esto, el presidente del Senado, Ernesto Macías, también del Centro Democrático, manifestó que “confiamos en que la Corte Constitucional lo declare inexequible (artículo 20) porque todo lo que tienda a beneficiar a los ladrones de cuello blanco y a los corruptos que tienen empresas fachada no puede aprobarse, ellos deben ser castigados severamente”.

Otras voces dentro del Congreso piden reglamentar la Ley de Infraestructura y corregir los vacíos, así como buscar una solución para no impactar negativamente a las empresas subcontratadas y los mismos trabajadores de las obras.

El entonces ministro de Transporte, Germán Cardona, se comprometió en radicar un proyecto de ley para reglementar la normativa con las observaciones del excontralor Maya. La iniciativa fue presentada en junio de 2018, pero no ha comenzado su trámite en el Congreso.  

El 15 de enero de 2018 se publicó la nueva Ley de Infraestructura que, desde sus debates en el Congreso, fue criticada por el artículo 20 que determina la indemnización, por parte del Estado, a contratos cancelados anticipadamente. Esto “para que los bancos nacionales e internacionales tuvieran la tranquilidad de invertir en los proyectos de infraestructura, sin esperar a que un evento como el de Odebrecht les representara pérdida de recursos por créditos otorgados o por inversión directa en los mismos”, explicó la Revista Dinero.

El excontralor Edgardo Maya, uno de los críticos de la aprobación de la Ley, demandó en julio de 2018 dicho artículo ante la Corte Constitucional porque para él este punto podría obligar al Estado a pagarle a Odebrecht. En las próximas semanas, el alto tribunal deberá dar un fallo al respecto, mientras que algunos congresistas consideran que se trata de un “mico” que se le colgó a la Ley, que esperan, sea eliminado.

Lea: El último acto del contralor Maya contra los intereses de Odebrecht y sus socios.

“Corrupto es aquel que quiere regalarle la plata a las entidades financieras cuando le incumplen a los contratistas del Estado, permitiendo que esos contratistas no respondan ante sus obligaciones financieras, aprobando tremendo mico que, nosotros los colombianos, debemos de afrontar”, dijo en su momento el hoy presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal.

A su vez, el conservador Juan Diego Gómez le pide a la Corte fallar, lo antes posible, ante dicho punto del articulado que, según él, va en contravía de la garantía de la transparencia en las obras. “En virtud de la moralidad pública, hay que pedirle al tribunal que elimine ese tema y proceda a mantener la Ley que pretende solucionar los problemas de corrupción”, manifestó.

Asimismo, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia cree que a una empresa a la que se le canceló el contrato por corrupción, como Odebrecht, no se le puede devolver el dinero. A esto, el presidente del Senado, Ernesto Macías, también del Centro Democrático, manifestó que “confiamos en que la Corte Constitucional lo declare inexequible (artículo 20) porque todo lo que tienda a beneficiar a los ladrones de cuello blanco y a los corruptos que tienen empresas fachada no puede aprobarse, ellos deben ser castigados severamente”.

Otras voces dentro del Congreso piden reglamentar la Ley de Infraestructura y corregir los vacíos, así como buscar una solución para no impactar negativamente a las empresas subcontratadas y los mismos trabajadores de las obras.

El entonces ministro de Transporte, Germán Cardona, se comprometió en radicar un proyecto de ley para reglementar la normativa con las observaciones del excontralor Maya. La iniciativa fue presentada en junio de 2018, pero no ha comenzado su trámite en el Congreso.