A un poco más de tres semanas de acabarse el receso legislativo, los partidos políticos ya empezaron a citar a sus representantes y senadores a reuniones para definir la agenda que llevarán al Congreso en el próximo semestre. Todos anticipan que será un período agitado, de tensiones y que deberá aprovecharse al máximo para evacuar proyectos antes de la llegada de la campaña electoral.
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En el menú de iniciativas que se están preparando para el regreso, que será oficialmente el lunes 17 de febrero, están desde proyectos para el sometimiento de bandas delincuenciales, el tratamiento diferencial a cocaleros y los debates de control político por la situación de orden público, hasta iniciativas para saldar deudas del sistema de salud por más de $3.5 billones, bajarles el salario a los congresistas y extender la licencia menstrual a mujeres que integran las ramas legislativa y judicial.
Y si bien todos tienen sus prioridades, el tiempo parece correrle más rápido al oficialismo, que en medio de una relación distante con las demás bancadas- especialmente con las del Senado- buscará la aprobación total de sus reformas.
Por ello, el Pacto Histórico espera reunirse próximamente durante dos días. En una jornada estarán solo los legisladores, mientras que en la otra harán presencia varios ministros para delinear la ruta a seguir.
Allí también buscarán definir finalmente cuándo se citarán las sesiones extraordinarias, que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, señaló como necesarias para culminar el trámite de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara, donde el año pasado se avanzó en la aprobación de un tercio del articulado.
En medio de esto, hay otro asunto que, como las sesiones extraordinarias, podría adelantar el regreso de los legisladores y es el decreto de conmoción interior que será estudiado por el Legislativo. En los tres días siguientes después de su publicación, las mesas directivas especificarán qué día y a qué hora deberán reunirse en el Congreso para el análisis de la medida.
De acuerdo con el senador del Pacto Iván Cepeda, la agenda del Gobierno se concentrará, además de en la reforma a la salud, en lo faltante de la jurisdicción agraria, en la reforma laboral y si se alcanza, en la reforma a la justicia. También menciona que se preparan varios proyectos relacionados establecerse el marco jurídico para el sometimiento de bandas.
Y aunque también se presentarán iniciativas para la implementación del Acuerdo de Paz, como el mismo ministro Cristo lo ha indicado, el senador señala que este escenario “no se moverá tanto en el Congreso, sino en la Jurisdicción Especial para la Paz y en el Presupuesto del Gobierno”.
Aún así, se espera impulsar un tratamiento diferencial en materia penal para los pequeños cultivadores de coca y la regulación de la protesta social. Además, se discutirá el proyecto de acto legislativo de autonomía territorial y el trámite del proyecto que lideró Cristo sobre el Sistema General de Participaciones con la aprobación de la ley de competencias.
La rebaja salarial de los congresistas volverá a estar en el ruedo. “Haré un gran esfuerzo, hasta donde sea posible y probablemente me dedique a estudiar un poco cómo articulamos las nuestras fuerzas hacia el 2026“, agregó Cepeda.
Además, desde la misma agrupación el representante Heráclito Landinez cuenta que ven como necesario un pronto encuentro entre el Ejecutivo y las bancadas para pactar un “acuerdo sobre cómo avanzar en la situación de seguridad, los diálogos de paz con los grupos insurgentes y la atención a la población civil víctima del conflicto en el Catatumbo”.
Sobre la reforma laboral, para la que ya hay agendadas audiencias públicas en varias ciudades del país, la representante y coordinadora ponente María Fernanda Carrascal (Pacto) menciona que su equipo ya “está trabajando de la mano con los ponentes de la Comisión Séptima”, célula a la que llegará el proyecto para su tercer debate.
La legisladora agrega que desde la coalición también se buscará que el proyecto de ley sobre licencia menstrual, que inició a aplicarse en el Ejecutivo y que podría llegar a cobijar a más de 700.000 funcionarias, se extienda a las ramas legislativa y judicial.
Pero volviendo a la reforma laboral hay varias audiencias públicas programas desde el Partido de la U, que se reunió el pasado martes en Bogotá para examinar temas legislativos y la salida de Mauricio Lizcano del Ministerio de las TIC, quien militó en la colectividad por muchos años, antes de lograr la personería jurídica de Gente en Movimiento.
“La audiencia de este 23 de enero en Cali será una oportunidad para construir un diálogo responsable para alcanzar un balance que proteja los derechos laborales y, al mismo tiempo, fomente un entorno favorable para el desarrollo económico y la generación de empleo”, indicó la senadora de la U Norma Hurtado, ponente del proyecto e integrante de la Comisión Séptima del Senado.
A su vez, la agrupación le apostará a un proyecto para saldar deudas del sistema de salud por más de $3.5 billones, fortaleciendo la sostenibilidad de la red hospitalaria y garantizando pagos justos para el talento humano en salud. El senador Alfredo Deluque buscará la creación de un nuevo municipio en La Guajira para que se puedan atender las emergencias de la población de Uribia, con mayor autonomía y recursos.
Un senador de la misma colectividad agrega que todo parece indicar que para lo restante de la legislatura el apoyo de la U al Gobierno seguirá siendo igual. Y fuentes del Gobierno cuentan que el presidente Gustavo Petro tendría la intención de mantener sus acuerdos con la agrupación frente al Mintic, que históricamente ha tenido conexiones con el partido, hoy dirigido por el exregistrador Alexander López y la exgobernadora del Valle Clara Luz Roldán.
De otro lado, el Partido Conservador también buscará tener un papel protagónico en la discusión de la reforma laboral, pues es la senadora Nadia Blel la encargada de agendar el proyecto al ser la presidenta de la Comisión Séptima, una célula que en la pasada legislatura hundió la reforma a la salud y que tiene la mayoría de votos para hacer lo propio con la laboral si el Gobierno no se abre a las observaciones de los senadores.
El conservador y presidente del Congreso, Efraín Cepeda, también tendrá protagonismo, pues sus choques con la Casa de Nariño han ido subiendo de tono y sería clave para aprobar o hundir una eventual reforma tributaria, que según el director de Planeación Nacional, Alexander López, podría presentar el Gobierno para subsanar los $12 billones faltantes en el Presupuesto 2025.
Y es que Cepeda fue un actor fundamental en las comisiones económicas para que no se aprobara el Presupuesto (expedido por decreto) y se hundiera la ley de financiamiento. El mismo jefe de Estado lo ha llegado a culpar del complejo panorama financiero de 2025, mientras que el conservador asegura que el Gobierno tiene graves cifras de ejecución.
Pero incluso desde el oficialismo ven poco probable que la Casa de Nariño se aventure con una nueva reforma tributaria. Y desde el Pacto también señalan que hasta el momento no han escuchado de esta, más allá del anuncio que hizo López tras el cónclave de la semana pasada.
“El Gobierno no tiene mayorías, por lo que presentar dicho proyecto sería más para abrir un debate político, que con la intención de que sea aprobada. Sería para poner incómoda a las comisiones económicas”, dice el representante de la Alianza Verde Duvalier Sánchez, quien critica las cifras de ejecución y la disminución en el recaudo, hecho por el que salió recientemente Jairo Villabona de la DIAN.
“El Gobierno está terminando, es momento de hacerle control político y exigirle resultados“, indica el representante y agrega que citará a un debate de control político en la Comisión de Derechos Humanos por la situación de orden público en el país.
Los que también citarán a debate de control político son los congresistas de la oposición. Desde Cambio Radical, por ejemplo, el senador Carlos Fernando Motoa indica que estos serán una prioridad en la agenda y que está a la espera de citar a la próxima canciller Laura Sarabia por la postura de Colombia frente al régimen chavista tras la posesión de Nicolás Maduro.
“Está el debate a la Cancillería por lo que viene ocurriendo frente al respaldo a los regímenes dictatoriales en el continente y esa irresponsabilidad en la designación de embajadores y cónsules que no cumplen los requisitos ni la trayectoria para representar al país”, cuenta.
Pero el partido de Germán Vargas Lleras también le apostará a avanzar en el proyecto de ley estatutaria de reforma a la salud y en una iniciativa para modernizar, profesionalizar y actualizar toda la normativa en materia de Unidades de Trabajo Legislativo (UTL).
Por su parte, la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia, quien tiene en jaque la reforma pensional luego de demandarla ante la Corte Constitucional expone: “seguiremos presentando propuestas para mejorar los proyectos del Gobierno o atajándolos cuando sean sumamente malos. Y nuevamente, haciendo todo lo necesario ante las cortes en un litigio estratégico para que lo que no le conviene al país no sea aprobado”.
Igualmente, el partido uribista anunció una próxima moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, por la crisis en el Catatumbo.
Los siguientes meses serán agitados legislativamente y es algo que reconocen los representantes y senadores. No se descarta que los choques entre poderes suban de nivel y que influyan en el sí o el no que den los representantes y senadores.
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