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Nuevamente el presidente Iván Duque fracasa en un intento por objetar una ley aprobada en el Congreso. La primera ocasión fuer por algunos artículos de la estatutaria que reglamentaba a la JEP. Ahora el primer mandatario había intentado, por petición de su partido, decirle no a un proyecto que buscaba que las madres cabeza de familia puedan pagar las penas por algunos delitos a través del servicio social y no la prisión.
Sin embargo, el Congreso rechazó los argumentos expresados por el presidente y su bancada para tratar de archivar una ley que ya había sido aprobada por el Congreso. Los primeros en negar la pretensión del primer mandatario fueron los miembros de la Cámara, el pasado 4 de octubre, y este martes, el Senado hizo lo mismo. De esta forma, tras el rechazo de ambas corporaciones de las objeciones presidenciales, la Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre este proyecto que busca darle una segunda oportunidad a las mujeres cabeza de hogar que habrían cometido delitos con penas menores a 8 años de prisión.
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El argumento del Centro Democrático para oponerse al proyecto es que en un primer momento se había aprobado en el Senado de una cierta forma, beneficiosa para las mujeres, pero en Cámara se agregó la posible excarcelación a cambio de servicio social por delitos relacionados con el microtráfico. Para esta bancada, de esta manera se “estaría legalizando el microtráfico”, pues se le abriría la puerta para que las redes criminales usaran para el microtráfico a madres responsables de sus hogares.
Además del Centro Democrático, el Partido Colombia Justa y Libres fue el otro partido que expresó argumentos a favor de la objeción presidencial para el proyecto. Para los miembros del partido cristiano, se estaría generando impunidad simplemente por el hecho de ser mujer y mamá, por lo que habría que buscarse distintas alternativas al proyecto. “Ser mujer y tener hijos sería una razón para exonerarla y eso sería impunidad”, fueron los argumentos de John Milton Rodríguez.
Estos fueron los argumentos que escuchó el presidente y que lo llevaron a objetar la ley por razones de inconstitucionalidad. Sin embargo, a pesar del esfuerzo oficialista, tanto en Cámara como en Senado rechazaron los deseos de Iván Duque. En ambas corporaciones se tuvieron los votos suficientes para que no se tengan en cuenta en esta instancia los argumentos del primer mandatario y sea la Corte Constitucional la que entre a pronunciarse sobre si el proyecto aprobado está ajustado o no con lo dispuesto por la Carta Magna.
Por el lado de la oposición, se defendió el proyecto como una forma de “restablecer el tejido afectivo de niños y niñas”, como señaló la senadora Angélica Lozano, que consideró que es una forma en que las madres regresen a los hogares y eviten que sus hijos crezcan sin ella. Además, otros contrarios al gobierno complementaron dicha posición señalando que muchas mujeres estuvieron avocadas a cometer estos delitos ante la necesidad de sostener a sus familias. En esta misma línea expresaron que en ningún momento se estaría favoreciendo la criminalidad, pues el proyecto tiene unas líneas muy definidas para evitar que se convierta en un fomento al delito.
Entre los detalles del proyecto que busca que las madres cabeza de hogar paguen sus condenas con servicio social y no con prisión está que no tengan antecedentes penales en los 5 años anteriores a la condena, que esta no sea mayor a los 8 años y que el delito castigado no sea violento o implique riesgo a la seguridad ciudadana o de sus hijos. Estos puntos fueron los que tuvieron nuevamente mayor valor en el Congreso.
Durante la sesión, hubo un hecho que llamó la atención y es que en un primer momento varios miembros del Partido Conservador le dieron el visto bueno al proyecto. Sin embargo, hacia el final, algunos de ellos en conjunto pidieron que se cambiara la decisión que habían emitido para plegarse a los argumentos del Gobierno.
