A esta hora en el Congreso de la República, el acto legislativo denominado Marco legal para la paz está muy cerca de su aprobación en sexto debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, a pesar de las fuertes críticas que ha recibido por parte de distintos sectores.
El principal opositor al proyecto, el expresidente Álvaro Uribe, mantuvo hoy su arremetida contra la iniciativa a través de su cuenta en Twitter, en la que afirmó que “el Marco para la paz vuelve elegibles a cargos y corporaciones a los cabecillas de Farc, enorme daño a la democracia”. Una posición que comparte alguien que ha sido su contradictor en muchos casos, el director de Human Rights Watch (HRW), Jose Miguel Vivanco, quien en una carta a los presidentes del Senado y la Cámara señaló que “este proyecto permitiría que queden impunes violaciones de derechos humanos aberrantes, cometidas por guerrilleros, paramilitares y militares”.
En el Capitolio no lo ven así. El senador del Partido de la U y coautor de la iniciativa, Roy Barreras, dijo que “los cabecillas de las Farc, que estén envueltos en crímenes de lesa humanidad, no tendrán acceso al Congreso ni a otro cargo de elección popular”. A la vez que le explicó a Vivanco que “no existen vacíos en redacción del texto y por el contrario es enfático en que las infracciones a los derechos humanos o el Derecho Internacional Humanitario serán castigadas según corresponde a la normatividad internacional”.
Barreras agregó que “se va a juzgar en favor de las víctimas a los autores de los crímenes más graves y más atroces. No habrá, en ningún caso, impunidad, pues se determina con precisión que siempre habrá condena no hay amnistía o indulto”.
En este mismo sentido, el coordinador ponente de la iniciativa en la Cámara, Carlos Edward Osorio, señaló que “la lectura de Human Rigths Watch desafortunadamente es parcializada, no es una lectura que responda a una visión objetiva del marco jurídico para la paz. Este proyecto no puede ser una política de Gobierno sino de Estado y no es un camino a la impunidad”.
En el Partido Verde también respaldan la iniciativa y el representante de la colectividad Alfonso Prada, explicó que se está “tratando de poner a tono la Constitución con las circunstancias del conflicto interno que vive Colombia” y sostuvo que la justicia transicional es necesaria para buscar la terminación del conflicto armado.
Pero aunque el proyecto cuenta con los votos suficientes para su aprobación, en el Congreso también se escuchan voces en contra de la propuesta. Para el representante a la Cámara conservador Miguel Gómez, por ejemplo, se trata de “mala idea por dos razones: la primera, porque genera una figura muy peligrosa como es la suspensión de la acción penal y la segunda, porque en líneas generales es una señal de que las leyes en Colombia no tienen ningún valor y siempre habrá una ley de amnistía dispuesta para quienes cometan delitos”.
A su vez, el representante liberal Guillermo Rivera, dijo que “preferiría una redacción más simple, pero el texto deja absolutamente claro que los crímenes contra la humanidad deben ser investigados y sancionados. Por lo que para este tipo de hechos no hay lugar a la cesación de la persecución penal”.
Las críticas frente a la iniciativa cada vez son mayores y aunque se puede dar por hecho la aprobación de la reforma, las inquietudes frente a la posible impunidad y la participación política de miembros de grupos armados ilegales están minando el trámite del marco legal para la paz.
Por Redacción Política
