Las actividades en el Congreso se retomarán este martes en medio de una fuerte campaña presidencial que ha acaparado todos los focos del Legislativo y que tiene estancados un centenar de proyectos que ahora, a poco más de un mes para el cambio de credenciales, se pretenden poner en consideración.
La carrera contra el tiempo busca ser sorteada tanto por el oficialismo como por la oposición. Incluso, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha reactivado su interés para lograr la aprobación de algunas iniciativas de su interés, entre ellas el futuro de la jurisdicción agraria o el Ministerio de la Igualdad.
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Y es que son estas dos iniciativas a las que la Casa de Nariño ha dado prioridad. Sobre el primero, que se encuentra en las plenarias de Senado y Cámara, existe un mensaje de emergencia e insistencia, lo que por ley obliga a que este sea el principal punto para los debates en los respectivos salones elípticos.
Ahora bien, el futuro de la iniciativa estaría en vilo. Ese proyecto, de carácter ordinario, es el que da el piso jurídico a la reforma agraria del gobierno Petro y con el que se permite dar solución desde los tribunales a las diferentes disputas de tierra. Sin embargo, desde hace más de un año el proyecto superó las comisiones primeras, y aunque pasó con “acuerdos”, esos mismos parecen haberse diluido.
En Cámara, donde ya se han votado algunos impedimentos, la oposición ha roto el quorum de, por lo menos, siete sesiones, tanto de finales del año pasado como de las sesiones que durante 2026 el proyecto se ha puesto a consideración. En la más reciente sesión ese panorama fue similar y tuvo como pretexto la presencia de Felipe Harman, directo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), para que rinda informe de algunos procesos en esa línea que esa entidad ha adelantado.
Ese proyecto, por el Senado, tiene un destino similar, pues en esa corporación está la senadora Paloma Valencia, quien ha sido critica de la iniciativa, expresando reparos centrados en temas como la extinción de dominio o lo que ha denominado como la “expropiación exprés”.
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Pero esa no es la única carta que se juega el gobierno en el cierre de su mandato. El futuro del Ministerio de la Igualdad está por definirse, pues el proyecto sigue en las Comisión primera de Cámara. Aunque los tiempos parecen ser cortos, y aún no aparece en la agenda primaria de esa sala, desde el Ejecutivo se sigue moviendo para evaluar la posibilidad de su discusión. Es más, ese proyecto ya esquivó el archivo, aunque debe ser aprobado.
Finalmente, un tercer proyecto que debe discutir el Congreso y que se cruza con los intereses del gobierno es el que propone una reforma integral al Icetex. La iniciativa ya pasó dos debates y fue impulsada por la representante Catherine Juvinao en la Cámara. Sin embargo, el oficialismo se ha opuesto al mismo bajo el argumento de no girar recursos públicos a instituciones de educación privadas.
En materia de agenda legislativa, proyectos como la regulación de cannabis en uso adulto vuelven al terreno legislativo en un nuevo intento por su aprobación. Esa iniciativa está en la Cámara. Asimismo, esa corporación también tiene discusiones como la adopción de un nuevo régimen de sanción y decomiso de mercancías en aduanas; la regulación de propiedades de extranjeros en Colombia o la creación de un programa para adquisición de vivienda para colombianos en el exterior.
En cuanto a Senado, el bono escolar propuesto por la senadora Valencia, pagos a presidentes de juntas de acción comunal y la inyección de presupuesto para el ICBF son solo algunos de los puntos a discutir en comisiones.
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