El borrador del decreto de conmoción interior que empezó a circular en la tarde de este miércoles por varias de las oficinas de los 19 ministros del presidente Gustavo Petro, con la misión de intentar frenar la ola de violencia en el Catatumbo, se consolidó en las últimas 24 horas en medio de tensas reuniones en la Casa de Nariño. De hecho, la contrarreloj para tener un documento que presentarle al país se dio en medio de la incertidumbre por las movidas del cuarto remezón ministerial y justo cuando el mandatario salió del país para cumplir agenda en República Dominicana y Haití.
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El proceso arrancó en la mañana del martes, con un desfile de funcionarios y militares por Palacio. Luego de haber planteado la idea el viernes, en un consejo de seguridad en Tibú (Norte de Santander), y de oficializarla el lunes, con un mensaje en X, el presidente citó a sus principales alfiles para definir cómo decretar estado de conmoción interior y evaluar una declaración de emergencia económica para enfrentar la escalada violenta del ELN y otros grupos armados en el Catatumbo.
Entre las varias reuniones que sostuvo el jefe de Estado, una con la cúpula del Ejército y la Policía marcó el resto de la agenda. Las cabezas de la fuerza pública le confirmaron a Petro que lo que ocurre en la zona es una operación de gran escala en la que el ELN movilizó unidades desde Arauca hasta Norte de Santander con el objetivo de consolidar el control territorial en la frontera entre Colombia y Venezuela. De inmediato, el mandatario cuestionó a su equipo por no anticipar la situación y, más tarde, públicamente, habló de un “fracaso de la Nación” frente al tema.
Ante el panorama, decidió retomar la agenda y volvió a llamar a su despacho a varios altos funcionarios. Entrada la noche, al palacio presidencial entraron los ministros del Interior, Defensa, Justicia y Hacienda. También se vio ingresar a los jefes de Planeación y la Unidad Nacional de Protección (UNP). Fueron ellos, junto a la cúpula de la fuerza pública y el equipo jurídico de la Presidencia, quienes hasta la madrugada de este miércoles discutieron los detalles de la conmoción interior y resolvieron que decretarla era suficiente para atender la situación, por lo cual se descartó el estado de emergencia, en parte porque el equipo jurídico de Petro dijo que ambas figuras no pueden operar simultáneamente en una misma zona.
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La conversación, sin embargo, no fue sencilla y generó varios roces —lo que se suma a la incertidumbre por las movidas del cuarto remezón ministerial. El primer obstáculo se presentó por cuenta de las diferencias entre el presidente y la oficina jurídica en torno a los argumentos para sustentar el decreto. Como se sabe, la Corte Constitucional le hará control automático y ya está el antecedente del rechazo por parte de ese alto tribunal a una medida similar: la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira.
Sobre la mesa se puso a consideración la necesidad de demostrar que los actos de violencia son sobrevinientes; es decir, que no se trata de alteraciones del orden público normales y que la administración no estaba avisada al respecto. El problema era que, desde que el presidente trinó el anunció, varios sectores, particularmente la oposición, aseguraron que la Defensoría del Pueblo y otras entidades ya habían alertado sobre los peligros y que la situación de seguridad en el Catatumbo sería una consecuencia de las fallas de la política de paz total.
Según conoció este diario, a la media noche el presidente y compañía resolvieron argumentar que las alertas nunca hablaron del impacto que tendría el conflicto sobre la población civil y que prueba de ello es la cifra de desplazados que no se veía desde hace décadas: cerca de 32.000 personas, que de acuerdo con la Defensoría han llegado a Cúcuta (15.086), Ocaña (11.503) y Tibú (5.300).
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Ese cálculo logró mermar la reticencia de los expertos constitucionalistas de la Casa de Nariño, pero no fue suficiente para atender otros interrogantes. Varias organizaciones sociales y de derechos humanos, que el martes se reunieron con Petro, advirtieron que la medida no debería incluir una militarización total de la región, ya que para ellos ésta daría un banderazo para una guerra abierta en la que la población civil sería la más afectada.
Al final, Petro decidió jugársela por la declaración, únicamente para los municipios del Catatumbo, y dejó en pausa discusiones como la planteada por las organizaciones. Según voces del Gobierno, lo que se busca es terminar de ajustar el decreto y asegurar el estado de conmoción, a partir del cual se empezarán a trabajar, cartera por cartera, los decretos de desarrollo. Varios ministros recibieron en la tarde de este miércoles el primer borrador del decreto para su respectiva firma.
¿Qué viene con la conmoción interna decretada por Petro?
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dejó claro que el paso a seguir es implementar medidas en tres direcciones: acción militar, atención humanitaria y aceleración del programa “Pacto por el Catatumbo”, que contempla millonarias inversiones para la transformación del territorio, entre estas las destinadas a la sustitución de cultivos ilícitos, tema recalcado por el propio Petro.
Así las cosas, según explicó el ministro, desde Cúcuta, las primeras medidas estarán enfocadas en la caracterización y atención de la población desplazada, que incluye provisión de albergues y atención en salud; la protección de líderes sociales, a cargo de la UNP; y el cumplimiento de los compromisos con los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016.
En materia militar, la directriz del presidente es desplegar todas las capacidades de inteligencia posibles, pero además darle mayor rango de acción a la Fuerza Aérea. Sobre este punto, fuentes de Palacio aseguran que la posibilidad de autorizar bombardeos ha estado en el aire, pero que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha reparado en la dificultad de esas operaciones, ya que las unidades de los grupos armados recorren el territorio en pequeños grupos e incluso en parejas que van en motocicleta. Así mismo, sigue primando la tranquilidad de las comunidades.
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En este punto cabe anotar que el saliente canciller Luis Gilberto Murillo ya habló de pedirle a Venezuela evitar el paso de integrantes del ELN a su jurisdicción. “Necesitamos el control y que puedan hacerse las operaciones”, explicó.
Durante la jornada, el presidente Petro también le puso al ministro de Hacienda, Diego Guevara, la tarea de evaluar si se pueden decretar nuevas medidas tributarias exclusivamente para atender la emergencia.
De todo lo anterior, muy seguramente la administración también deberá analizar los impactos políticos, pues está a unas tres semanas de regresar al Congreso para intentar salvar sus reformas sociales e intentar, por segunda vez, tramitar un proyecto que alivie el hueco fiscal de $12 billones en el presupuesto de 2025. Desde la oposición insisten en señalar a Petro de “improvisar” en su estrategia de seguridad, paz y otros frentes. De hecho, han cuestionado que en medio de la crisis esté de viaje por República Dominicana y Haití.
Precisamente, una vez conocidos los decretos de la conmoción y desplegadas las estrategias, al gobierno del presidente Petro le quedará pendiente resolver qué pasará con la paz total. En el interior del gabinete hay varias voces que dan por liquidado el proceso con el ELN, como el ministro Cristo, quien afirmó que esa guerrilla perdió “la oportunidad de hacer la paz”. De hecho, este miércoles la Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra 31 miembros del ELN que habían sido reconocidos como voceros en los diálogos. Así las cosas, todo indica que el mandatario daría un giro en su narrativa. Al cierre de esta edición, el decreto de conmoción interior aún no había sido publicado.
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