La declaratoria de la conmoción interior en Catatumbo, Norte de Santander, ya está lista. Luego de largas discusiones de alto nivel en la Casa de Nariño, en la noche de este martes se dieron las puntadas finales a los decretos que se emitirán en dicho estado de excepción. Según se ha revelado hasta el momento, serán tres las categorías que el Gobierno Petro quiere atender en esa región fronteriza con Venezuela: seguridad, asistencia humanitaria y desarrollo económico.
Así lo confirmó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien estuvo presente en varias de las reuniones, en las que también estuvieron los jefes de los ministerios de Hacienda (Diego Guevara), Justicia (Ángela María Buitrago) y Defensa (Iván Velásquez). Además, en los encuentros también hizo presencia Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
La primera categoría, como lo indicó Cristo, serán los decretos que se expedirán en materia de seguridad y para darles mayores herramientas a las Fuerzas Militares para actuar en el departamento de Norte de Santander. Particularmente, en el ELN que inició una ofensiva contra las disidencias de las FARC, pero que también ha atacado sin miramientos a población civil y a excombatientes de la guerrilla extinta por los acuerdos de 2016.
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“El ELN buscaba con su accionar terrorista apropiarse de la frontera colombo-venezolana. No lo vamos a permitir. Hay una decisión clara del presidente de la República de retomar el control del Catatumbo”, dijo Cristo.
En ese sentido, el presidente Petro ha hablado de la necesidad de defender la soberanía nacional, dejando entrever la hipótesis de que habría injerencia del exterior en la capacidad del ELN para trasladar hombres desde Aruaca hasta Catatumbo. Una de las hipótesis manejadas por el Gobierno es que este paso se habría dado cruzando la Venezuela del régimen de Nicolás Maduro.
La segunda categoría tiene que ver con la asistencia humanitaria. Las cifras sobre los homicidios varían según la fuente, con las cuentas oscilando entre 30 y 80 víctimas mortales. A su vez, según la Defensoría del Pueblo ha reportado que, por lo menos, 32.000 personas se han visto desplazadas, la mayoría de ellas huyendo desde las zonas rurales de los municipios catatumberos. La mayoría ha llegado a Ocaña y a Cúcuta, donde las autoridades han manifestado las dificultades para atender a esas miles de personas.
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Ante esto, Cristo, en declaraciones a medios de comunicación, explicó que “estas medidas buscan dar respuesta inmediata a una crisis humanitaria que ha afectado a miles de familias en el territorio”.
En esa misma línea, desde el Congreso se ha hecho un llamado para atender a la población civil de manera prioritaria. Así lo dijo, por ejemplo, el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde), quien ha hecho un llamado para “mirar cómo le hacemos desde cada escenario para ayudar. Y después, el debate político”.
De otros sectores insisten también en la atención a las personas. Sin embargo, ven con ojos de desconfianza la declaración del estado de conmoción interior -según los lineamientos del artículo 209 de la Constitución Política-. “Para defender la vida, los bienes y la honra de los habitantes del Catatumbo no se requiere una conmoción interior, se requiere aplicar la Constitución y la ley. Defender la vida, los bienes y la honra de los ciudadanos es un deber constitucional”, dijo Efraín Cepeda (Conservador), presidente del Senado.
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Finalmente, la declaración de la conmoción interior será para atender los problemas económicos del Catatumbo. De hecho, Juan Fernando Cristo indicó que uno de los decretos incluiría “el pacto por el Catatumbo”. Preicsamente, porque la conmoción permite ese tipo de medidas fue que la Casa de Nariño descartó declarar, paralelamente, la emergencia económica.
Sobre los alcances de esto, el presidente Petro aseguró: “Si bien el hundimiento de la ley de financiamiento ejercida por Efraín Cepeda y sus amigos de los giros telemáticos de suerte y azar, debilitó el estado y ayudó en su estrategia al ELN, nosotros no reviviremos la ley de financiamiento sin el Congreso”.
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