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El Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer que el Consejo de Estado “dejó sin efectos las actuaciones judiciales derivadas de la admisión de una acción popular que buscaba frenar la entrada en operación del nuevo modelo de expedición de pasaportes”.
Este martes se resolvió la acción de tutela presentada por el Fondo Rotatorio contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al considerar “que la admisión de la demanda promovida por Nicolás Dupont, de la Fundación Dilo Colombia, se realizó sin el cumplimiento de los requisitos legales exigidos”.
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Según la Cancillería, el Consejo de Estado concluyó que tanto el Fondo Rotatorio como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tenían razón al señalar que el tribunal no cumplía con los requisitos de acción popular.
Además, se determinó que el Tribunal de Cundinamarca “aceptó las afirmaciones del demandante sin realizar un examen mínimo de verificación, al punto de no advertir que la petición previa había sido presentada por un tercero y, además, sin justificar la existencia de un “perjuicio irremediable” que permitiera omitir el requisito previo exigido por la Ley”.
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Esta decisión respecta solamente a la demanda interpuesta por Dupont, más no tiene efecto ni está relacionada por la interpuesta por la Procuraduría General, de la cual aún no se conoce decisión.
Al respecto, la Cancillería aseguró que el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores presentó contestación de demanda en el proceso promovido por la Procuraduría General.
“Frente a los cuestionamientos de la Procuraduría, la Cancillería reitera que el convenio se ajusta plenamente al ordenamiento jurídico colombiano y hace parte de un proceso de estructuración técnica, jurídica e institucional iniciado en 2024 para modernizar el sistema de expedición de pasaportes en Colombia”. Y agregó: “El nuevo modelo no se limita a la producción de libretas, sino que incorpora transferencia de conocimiento, fortalecimiento tecnológico y construcción de capacidades institucionales para avanzar hacia la autonomía nacional en esta materia durante la próxima década”.
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Cabe aclarar, que la demanda de la Procuraduría al acuerdo entre Colombia y Portugal asegura que el convenio firmado por COP 1,3 billones a diez años tiene graves fallas relacionadas con su financiación. Por eso pidió que los recursos invertidos regresen al país y se busquen otras alternativas para los pasaportes.
Esta noticia llega luego de que el presidente Gustavo Petro mantuviera tensos choques con el consejo de Estado debido al tema del traslado de recursos a Colpensiones, y aseguró que la decisión de suspender provisionalmente el decreto respondería a una “decisión inconstitucional”.
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Con la entrada en vigencia desde el 1° de abril, de este nuevo modelo, la compañía que tuvo el control de la producción de pasaportes durante los últimos 20 años dejó de estar a cargo del contrato para la fabricación de este documento, tras un largo conflicto con el presidente sobre la forma de cambiar al modelo que atravesó tres cancilleres distintos.
El proceso de impresión de las libretas se adelanta con Portugal y Francia mientras la imprenta logra adecuar las instalaciones para poder hacerse cargo de lleno de la producción de estos documentos. Mientras el papel de la Imprenta Nacional es el de personalizar las libretas con los sellos y especificaciones para integrarlos en los nuevos documentos de los colombianos.
Lea el comunicado completo de la Cancillería:
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