La sección quinta del Consejo de Estado decidió, en sentencia conocida este martes, revocar una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena el pasado 2 de julio de 219 y, en consecuencia, declarar la nulidad del decreto 570 de abril de 2019 a través del que el presidente Iván Duque Márquez designó a Andrés Rugeles Pineda como alcalde de Santa Marta ante la vacancia del titular Rafael Martínez.
De acuerdo con el fallo, si bien el presidente de la República, de acuerdo con la ley, tiene la competencia de designar alcalde para esa ciudad, el caso de Martínez era diferente porque, “para la fecha en que se dictó la providencia impugnada [decreto 570 de abril de 2019], la medida de aseguramiento dictada en contra del alcalde Rafael Alejandro Martínez no se encontraba debidamente ejecutoriada”.
Contexto: Algo huele mal en Santa Marta
“El presidente de la República no tenía la competencia para suspender al alcalde electo, hasta tanto la medida de aseguramiento consistente en la privación de la libertad del mandatario Martínez no quedara ejecutoriada”, señala el Consejo de Estado.
El documento agrega: “Pese a que el presidente no podía suspender al alcalde titular, por no encontrarse ejecutoriada la medida de aseguramiento, se atribuyó la competencia para designar el alcalde encargado para conjurar un vacío de poder”.
También se explica, sobre el caso de Martínez en Santa Marta, que, ante una falta temporal por suspensión o absoluta, el presidente está facultado para hacer dicha designación, sin embargo, la competencia está supeditada a designar el encargo de la terna que hubiese presentado el partido o movimiento político que avaló al alcalde. Esa terna ya había sido recibida por el presidente Duque cuando designó a Rugeles.
Sobre el asunto se pronunció el excandidato presidencial y actual candidato a la Gobernación del Magdalena, Carlos Caicedo, líder del movimiento Fuerza Ciudadana por el que aspiró Martínez a la Alcaldía de Santa Marta.
“Tal y como lo advertimos en muchas oportunidades el Consejo de Estado declaró que el nombramiento de Andrés Rugeles fue ilegal. Eso demuestra que hubo persecución contra nuestro movimiento y despreció a la voluntad electoral del pueblo de Santa Marta. Durante meses vivimos un gobierno de facto por presiones de los clanes tradicionales con inocultables intereses económicos”, expresó Caicedo.
En ese sentido, anunció que podría haber acciones legales contra las decisiones que tomó Rugeles durante su designación. “El movimiento está evaluando acciones judiciales contra las decisiones que tomó el alcalde ilegitimo que posaba además de Secretario de Transparencia pero que no dijo nada ante las turbias acciones que facilitó en Santa Marta”, añadió el hoy candidato.