El Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó este martes un proyecto de ley estatutaria que cambiará la financiación a campañas políticas. La presidenta del órgano, la magistrada Maritza Martínez, estuvo acompañada del presidente del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador), quien radicó la iniciativa “por medio del cual se modifica la Ley 1475 de 2011 en relación con la financiación de las campañas electorales, la rendición pública de cuentas, la inscripción de candidatos de los grupos significativos de ciudadanos y las coaliciones políticas”.
“Es un proyecto de ley que no busca ser una reforma estructural del sistema electoral, pero que sí aborda tres aspectos relevantes, fundamentales, que van a contribuir a que tengamos un sistema electoral más sólido, más transparente y con reglas igualitarias para todos”, afirmó la magistrada.
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De acuerdo con lo explicado por Martínez, esta abordará tres puntos clave para reforzar la vigilancia sobre las agrupaciones políticas con respecto al cronograma electoral. En primer lugar, se prohibirían “de manera definitiva los aportes de dinero en efectivo a las campañas” para así lograr la trazabilidad de los recursos “desde el origen”.
El segundo y tercer punto tienen que ver con los grupos significativos de ciudadanos, una figura que ha funcionado para que se puedan presentar listas y candidatos en un certamen electoral sin la necesidad de ser avalados por un partido político, sino por medio de la recolección de firmas. Según la magistrada, el número de estas inscripciones ha ido en aumento y no está regulado de forma que puedan rendir cuentas.
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Así las cosas, con este proyecto se instauraría un mecanismo para cumplir este objetivo en la etapa de recolección de firmas. Actualmente, este no existe, como tampoco hay una sanción determinada por no rendir cuentas. Martínez indicó que esto “ha generado una asimetría en los montos de los recursos que manejan las campañas de los grupos significativos y las que manejan los partidos y movimientos políticos con personería jurídica”.
En esa misma línea, otro gran problema que se ha registrado con esta figura (que en las elecciones regionales de 2023 ascendió a un total de 1311 grupos significativos inscritos) es que permitiría dar a conocer el proyecto político de una persona antes de lo avalado por el cronograma electoral.
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“Se utiliza, en buena parte, como un mecanismo para poder realizar una campaña anticipada. A través de la recolección de firmas se puede hacer publicidad y entonces, desde muchos meses antes de lo que lo pueden hacer los candidatos avalados por agrupaciones políticas, ellos pueden iniciar su campaña”, apuntó Martínez.
El senador Cepeda aseguró que un proyecto como esto podría llegar a “contribuir en la transparencia de los procesos electorales”, específicamente con el tema de las transacciones de dinero en efectivo.
“Todos quienes participamos en procesos electorales tenemos la obligación de rendir cuentas”, añadió.
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