Aún es incierto en manos de quién debe estar realmente el proceso que se lleva en contra de 22 magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, implicados en el 'carrusel de pensiones' de ese organismo de justicia.
Aunque la semana pasada la contralora General Sandra Morelli abrió un juicio de responsabilidad fiscal por el posible detrimento en ese escándalo, hay quienes consideran que quien realmente debe investigar a los magistrados es la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
El presidente de la comisión, Germán Blanco Álvarez, dijo que “nosotros creemos que los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura constitucionalmente deben ser investigados por la comisión de Acusaciones y lo deben ser por presuntas irregularidades de carácter disciplinario o penal”.
Sin embargo, admitió que hay una disyuntiva y la normatividad no es clara cuando se trata de alguna responsabilidad fiscal, cuando la indagación es contra aforados.
Por eso, el mismo Blanco confirmó que la competencia se resuelve a través de los conceptos que emita el mismo Consejo Superior de la Judicatura.
Y aunque pueden nombrar conjueces para no terminar siendo ‘juez y parte’ a la vez, los magistrados sí podrían influenciar directamente en la elección de quien defina quien los investigará.
Es bueno recordar que por algunas publicaciones y ante algunas varias denuncias, en la Cámara se inició la investigación sobre el ‘carrusel de las pensiones’ en el Consejo Superior de la Judicatura desde mediados de 2011. Sin embargo, de momento se desconoce de cualquier desarrollo alrededor de la investigación que está en manos del representante Héctor Javier Vergara.
El escándalo de las pensiones del Consejo Superior
La Contraloría General de la República abriójuicio de responsabilidad fiscal a los magistrados por el posible detrimento patrimonial de 13 mil millones de pesos por el llamado ‘carrusel de las pensiones’.
Según el ente de control, los altos funcionarios nombraron magistrados auxiliares por periodos de dos a tres meses para aumentarles sus pensiones de jubilación, la Contraloría intentará establecer por qué a varios de los pensionados, quienes recibían 4 millones se les aumentó el pago a 13 millones de pesos.
Además, llama la atención los pagos retroactivos que se efectuaron y los casos en los que los magistrados designados, quienes llevaban pocos días de labor recibieron pensiones demasiado altas.
Entre los investigados se encuentran el actual gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, Ovidio Claros y José Alfredo Escobar entre otros.
Por El Espectador
