Constituyente especial para el fin del conflicto

¿Cómo llegar a un consenso nacional cuando los puntos de divergencia sobre el Acuerdo de La Habana son tan difíciles de conciliar? Un acuerdo político tiene pocas posibilidades, porque ninguna fuerza tiene la legitimidad o la representación necesarias para decidir y cualquiera tiene veto en esa ecuación. El triunfo del No fue tan precario como la derrota del Sí. Gobierno y oposición fracasaron en su convocatoria, al igual que los partidos políticos. Fueron grupos ciudadanos los que más se movilizaron, mientras las mayorías se abstuvieron en protesta o por indiferencia. De manera que la solución política entre las minorías del Sí y el No que se autoproclaman voceras de todos, sólo llevará a repetir la falta de consenso. Se necesita crear un mecanismo que integre a los ausentes con las minorías del Sí y el No y que su acuerdo se convierta en normas para construir una paz positiva.

La Constitución prevé un mecanismo participativo y democrático, el artículo 376, que permite tramitar y resolver las divergencias frente al Acuerdo de Paz. Una Constituyente Especial, con la única y exclusiva agenda de ajustar los seis puntos del Acuerdo, en un tiempo limitado (¿tres meses?), con un número de miembros pequeño (¿30? ) y con calificaciones y conocimientos para garantizar profundidad en el debate, es un mecanismo que puede contemplarse. Sería una solución sin vencidos ni vencedores, civilizada, donde las minorías y mayorías discutirían en un foro abierto y transparente los posibles ajustes. Las Farc deben apoyar esa solución, pues es muy similar a la que propusieron originalmente para implementar el Acuerdo y elimina los riesgos de una Constituyente que se desborde o se declare omnipotente.

Al mismo tiempo, una constituyente especial permitiría superar el modelo de negociación Gobierno-Farc, que ya cumplió su ciclo y función, para reemplazarlo por un instrumento democrático y autónomo en el que participarían todos los excluidos. Los abstencionistas, los ciudadanos sin representación, las regiones subrepresentadas, los sectores económicos que se sienten amenazados, entre otros, además de Gobierno y Farc por supuesto.

La discusión sobre cómo distribuir la representación no es tan compleja, existen muchos modelos y se pueden combinar. Desde el punto de visto jurídico, la constituyente especial requiere una ley del Congreso que se puede tramitar de urgencia aun en sesiones extraordinarias, norma que tendría control constitucional de entrada y salida. Y requiere una elección con más del 30 % del electorado. Pero es un ejercicio que integraría el debate entre las fuerzas que se resisten al cambio que propuso el Acuerdo de La Habana y las fuerzas ciudadanas que lo impulsan para que el país dé un gran salto adelante en lo económico y en lo social.

Este cambio no es una concesión a las Farc, sino una oportunidad para construir una sociedad mas igualitaria que reduzca las tensiones sociales y económicas que invitan a la violencia y a la ilegalidad. Como la pedagogía del proceso fue deficiente, pocos saben que una paz positiva es mas que el desarme y la desmovilización de la guerrilla, o la entrega de micrófonos para que participen en el escenario mediático. La paz son trasformaciones sociales e institucionales, ajustes al modelo de país. Son lecciones que se han aprendido de otros procesos: si con el Acuerdo de Paz no hay transformaciones del modelo económico y social, con el tiempo reaparece la violencia con otros actores y bajo otras formas.

Hay algunos temas que ilustran la necesidad de esas transformaciones si se quiere reconstruir mejor la sociedad colombiana. Uno es la falta de representación de amplios sectores ciudadanos, en especial los urbanos. La clase política protege los intereses de quienes mas se benefician del modelo, a través de una alianza con las élites económicas modernas y las terratenientes. La reforma del sistema electoral es indispensable para equilibrar las representaciones y modernizar la organización electoral que favorece y valida el clientelismo. La mayoría de los ciudadanos carece de representación, porque el sistema electoral favorece al clientelismo que invierte miles de millones en sus campañas. Saben que se apropiarán de presupuestos públicos para compensar y reproducir su maquinaria. Es una élite improductiva, depredadora, que succiona el esfuerzo tributario colectivo e impide su inversión eficiente para el desarrollo humano. Es indispensable transformar ese modelo que impide el desarrollo y favorece la corrupción.

Algo similar ocurre con la modernización agraria. Muchos terratenientes y empresarios agroindustriales temen que los acuerdos los perjudiquen, e inclusive que les desconozcan sus derechos legítimos, incluyendo el de la propiedad. Son temores que se deben disipar, porque hacer más productivo el campo es permitir nuevas inversiones para lograr un campo más productivo. Por supuesto los propietarios de grandes extensiones con explotaciones ineficientes, que disfrutan de una bajísima tributación, saben que su modelo es insostenible, pero se resisten a cambiarlo. Modernizar el uso de la tierra es una obligación que tienen frente a la sociedad y en la constituyente especial pueden diseñar la forma de transitar del pasado agrario al futuro, porque impedir su desarrollo genera altas tasas de desempleo, estimula la informalidad y promueve las actividades ilícitas. La sobrerepresentación política de terratenientes hace que el Estado los proteja con un altísimo costo en seguridad y subdesarrollo que paga el resto de los colombianos.

Con la justicia transicional también se presentan temores. Los jueces y las tres cortes en ejercicio, deben participar en el ajuste del modelo que sugiere el Acuerdo de La Habana, que conlleva a un desplazamiento de estas autoridades. El Acuerdo promueve desarrollos doctrinarios derivados del estreno de la justicia transicional, con todas las sorpresas que puede deparar. Es un factor que los jueces rechazan, pues limita sus jurisdicciones a cambio de un universo doctrinario incierto en el que la Corte de cierre se vuelve la transicional. Es necesario conciliar los dos sistemas judiciales para evitar una mayor inseguridad jurídica. La justicia transicional les resuelve el problema a las Farc e inclusive a militares que se excedieron, pero es necesario ajustar el aparato de justicia de manera integral para que sea confiable y eficiente para los millones de colombianos que no cuentan con ella para dirimir sus diferencia.

A veces se pierde de vista que el modelo político y económico actual es el que genera el conflicto y las desigualdades, y mientras no se transforme por uno más eficiente, el país seguirá naufragando en el pasado. Detrás de los seis puntos del Acuerdo, al igual que detrás del Sí, el No y la abstención, hay una batalla entre preservar o derogar privilegios económicos y políticos. Una lucha entre sostener el modelo de desarrollo actual, con los privilegios que genera, o impulsar la modernización del país para que más ciudadanos tengan la oportunidad de mejorar su calidad de vida. El Acuerdo de La Habana es la excusa para promover ese ajuste y disminuir la desigualdad, liberando la capacidad de generar nuevas riquezas y repartirlas mejor.

* Abogado de la Universidad de Los Andes, periodista, analista, guionista y consultor en estrategias políticas y de comunicaciones.

¿Cómo llegar a un consenso nacional cuando los puntos de divergencia sobre el Acuerdo de La Habana son tan difíciles de conciliar? Un acuerdo político tiene pocas posibilidades, porque ninguna fuerza tiene la legitimidad o la representación necesarias para decidir y cualquiera tiene veto en esa ecuación. El triunfo del No fue tan precario como la derrota del Sí. Gobierno y oposición fracasaron en su convocatoria, al igual que los partidos políticos. Fueron grupos ciudadanos los que más se movilizaron, mientras las mayorías se abstuvieron en protesta o por indiferencia. De manera que la solución política entre las minorías del Sí y el No que se autoproclaman voceras de todos, sólo llevará a repetir la falta de consenso. Se necesita crear un mecanismo que integre a los ausentes con las minorías del Sí y el No y que su acuerdo se convierta en normas para construir una paz positiva.

La Constitución prevé un mecanismo participativo y democrático, el artículo 376, que permite tramitar y resolver las divergencias frente al Acuerdo de Paz. Una Constituyente Especial, con la única y exclusiva agenda de ajustar los seis puntos del Acuerdo, en un tiempo limitado (¿tres meses?), con un número de miembros pequeño (¿30? ) y con calificaciones y conocimientos para garantizar profundidad en el debate, es un mecanismo que puede contemplarse. Sería una solución sin vencidos ni vencedores, civilizada, donde las minorías y mayorías discutirían en un foro abierto y transparente los posibles ajustes. Las Farc deben apoyar esa solución, pues es muy similar a la que propusieron originalmente para implementar el Acuerdo y elimina los riesgos de una Constituyente que se desborde o se declare omnipotente.

Al mismo tiempo, una constituyente especial permitiría superar el modelo de negociación Gobierno-Farc, que ya cumplió su ciclo y función, para reemplazarlo por un instrumento democrático y autónomo en el que participarían todos los excluidos. Los abstencionistas, los ciudadanos sin representación, las regiones subrepresentadas, los sectores económicos que se sienten amenazados, entre otros, además de Gobierno y Farc por supuesto.

La discusión sobre cómo distribuir la representación no es tan compleja, existen muchos modelos y se pueden combinar. Desde el punto de visto jurídico, la constituyente especial requiere una ley del Congreso que se puede tramitar de urgencia aun en sesiones extraordinarias, norma que tendría control constitucional de entrada y salida. Y requiere una elección con más del 30 % del electorado. Pero es un ejercicio que integraría el debate entre las fuerzas que se resisten al cambio que propuso el Acuerdo de La Habana y las fuerzas ciudadanas que lo impulsan para que el país dé un gran salto adelante en lo económico y en lo social.

Este cambio no es una concesión a las Farc, sino una oportunidad para construir una sociedad mas igualitaria que reduzca las tensiones sociales y económicas que invitan a la violencia y a la ilegalidad. Como la pedagogía del proceso fue deficiente, pocos saben que una paz positiva es mas que el desarme y la desmovilización de la guerrilla, o la entrega de micrófonos para que participen en el escenario mediático. La paz son trasformaciones sociales e institucionales, ajustes al modelo de país. Son lecciones que se han aprendido de otros procesos: si con el Acuerdo de Paz no hay transformaciones del modelo económico y social, con el tiempo reaparece la violencia con otros actores y bajo otras formas.

Hay algunos temas que ilustran la necesidad de esas transformaciones si se quiere reconstruir mejor la sociedad colombiana. Uno es la falta de representación de amplios sectores ciudadanos, en especial los urbanos. La clase política protege los intereses de quienes mas se benefician del modelo, a través de una alianza con las élites económicas modernas y las terratenientes. La reforma del sistema electoral es indispensable para equilibrar las representaciones y modernizar la organización electoral que favorece y valida el clientelismo. La mayoría de los ciudadanos carece de representación, porque el sistema electoral favorece al clientelismo que invierte miles de millones en sus campañas. Saben que se apropiarán de presupuestos públicos para compensar y reproducir su maquinaria. Es una élite improductiva, depredadora, que succiona el esfuerzo tributario colectivo e impide su inversión eficiente para el desarrollo humano. Es indispensable transformar ese modelo que impide el desarrollo y favorece la corrupción.

Algo similar ocurre con la modernización agraria. Muchos terratenientes y empresarios agroindustriales temen que los acuerdos los perjudiquen, e inclusive que les desconozcan sus derechos legítimos, incluyendo el de la propiedad. Son temores que se deben disipar, porque hacer más productivo el campo es permitir nuevas inversiones para lograr un campo más productivo. Por supuesto los propietarios de grandes extensiones con explotaciones ineficientes, que disfrutan de una bajísima tributación, saben que su modelo es insostenible, pero se resisten a cambiarlo. Modernizar el uso de la tierra es una obligación que tienen frente a la sociedad y en la constituyente especial pueden diseñar la forma de transitar del pasado agrario al futuro, porque impedir su desarrollo genera altas tasas de desempleo, estimula la informalidad y promueve las actividades ilícitas. La sobrerepresentación política de terratenientes hace que el Estado los proteja con un altísimo costo en seguridad y subdesarrollo que paga el resto de los colombianos.

Con la justicia transicional también se presentan temores. Los jueces y las tres cortes en ejercicio, deben participar en el ajuste del modelo que sugiere el Acuerdo de La Habana, que conlleva a un desplazamiento de estas autoridades. El Acuerdo promueve desarrollos doctrinarios derivados del estreno de la justicia transicional, con todas las sorpresas que puede deparar. Es un factor que los jueces rechazan, pues limita sus jurisdicciones a cambio de un universo doctrinario incierto en el que la Corte de cierre se vuelve la transicional. Es necesario conciliar los dos sistemas judiciales para evitar una mayor inseguridad jurídica. La justicia transicional les resuelve el problema a las Farc e inclusive a militares que se excedieron, pero es necesario ajustar el aparato de justicia de manera integral para que sea confiable y eficiente para los millones de colombianos que no cuentan con ella para dirimir sus diferencia.

A veces se pierde de vista que el modelo político y económico actual es el que genera el conflicto y las desigualdades, y mientras no se transforme por uno más eficiente, el país seguirá naufragando en el pasado. Detrás de los seis puntos del Acuerdo, al igual que detrás del Sí, el No y la abstención, hay una batalla entre preservar o derogar privilegios económicos y políticos. Una lucha entre sostener el modelo de desarrollo actual, con los privilegios que genera, o impulsar la modernización del país para que más ciudadanos tengan la oportunidad de mejorar su calidad de vida. El Acuerdo de La Habana es la excusa para promover ese ajuste y disminuir la desigualdad, liberando la capacidad de generar nuevas riquezas y repartirlas mejor.

* Abogado de la Universidad de Los Andes, periodista, analista, guionista y consultor en estrategias políticas y de comunicaciones.