En los pasillos del Capitolio Nacional hay una sensación de incertidumbre por cuenta del impacto que tendrá en la agenda legislativa la decisión del presidente Gustavo Petro de convocar la consulta popular por decreto y, además, de reabrirle la puerta a una constituyente, pues ya la había planteado en marzo de 2024, también desde Cali. “Si se cae en la Corte, se recogerán 8 millones de firmas para presentar la consulta. Y si se vuelven a burlar de la consulta, entonces no queda otro mecanismo que el pueblo en elecciones masivamente pida la asamblea nacional constituyente”, dijo el mandatario este jueves en una entrevista con CNN en Español.
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Este nuevo desafío de Petro al Congreso tuvo una rápida respuesta, pues las bancadas de oposición e independientes pusieron en marcha una estrategia jurídica para buscar que el decreto se caiga en el Consejo de Estado e impedir el llamado a urnas el próximo 7 de agosto, cuando se cumplen tres años del Gobierno. De acuerdo con este bloque, el acto administrativo “vulnera principios esenciales del sistema democrático colombiano, como la separación de poderes, la legalidad y la soberanía popular”. El contrapunteo ha escalado con el paso de las horas y seguirá así en la medida en que oficialismo y oposición ya sumaron a sus estrategias la convocatoria a las calles.
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Voces de diferentes partidos aseguran que se trata del último asalto en la pelea entre la Casa de Nariño y el Capitolio. Según varios congresistas, es usual que en la última etapa del cuatrienio se privilegie la campaña política por encima de los debates, pero que ahora el efecto será más evidente porque las recientes decisiones del presidente Petro rompieron toda opción de lograr acuerdos en torno a proyectos de ley.
“Lo único que queda es la reforma laboral, si pasa, no pasa o le cambian artículos. No creo que haya espacio para más porque la gente ya está en campaña; el atentado contra Miguel Uribe congela todo durante un tiempo, pero es cuestión de días para que vuelvan a acelerar”, aseguró el senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde. Y es que, aunque muchos precandidatos decidieron parar sus actividades proselitistas, todos son conscientes de que deben abonar el terreno para el primer pulso electoral, que será en cuatro meses, con las consultas internas e interpartidistas.
Así las cosas, el daño colateral lo recibirán las iniciativas que hacen tránsito en el Congreso, muchas de las cuales son del Gobierno y vienen siendo reclamadas por la ciudadanía desde hace varios años. A falta de una semana para el fin de la legislatura y un año para el fin del periodo, las mayorías no ven caminos para que se retomen debates como el de la reforma a la salud, a la educación, a los servicios públicos e incluso la ley de competencias que le daría luz verde al aumento de transferencias para las regiones.
En ese mismo paquete entrarían el nuevo código minero, la legalización del cannabis de uso adulto, la ley de sometimiento a la justicia, la humanización del sistema carcelario, entre otros. De hecho, ya hay algunos proyectos que fueron retirados, como el que buscaba revivir el Ministerio de la Igualdad. El articulado corría el riesgo de hundirse por falta de tiempos y ahora tendrá que buscar espacio en la apretada agenda de la última legislatura, que iniciará el próximo 20 de julio, tendrá un receso de dos meses a final de año y estará atravesada por la campaña del 2026.
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Algunos congresistas creen que hay opciones de intentar sacar a flote la ley de la Jurisdicción Agraria, pues consideran que el tema ya ha logrado consensos y que solo falta un paso para poner a andar un sistema que promete resolver los conflictos por la tierra. Sin embargo, las mismas voces señalan que la oposición intentará poner una talanquera inamovible a todo lo que tenga huella del petrismo.
En este contexto, hay preocupación por la situación fiscal del país, ya que es el Congreso el que debe darle el visto bueno o no al presupuesto de 2026 e incluso a una nueva reforma tributaria que estaría incluida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, documento que proyecta las cuentas del Gobierno para los próximos 10 años. Aunque es casi una tradición que los presupuestos se voten en consenso, en la discusión sobre el de 2025 no fue así; el monto solicitado por el Gobierno fue negado y al final se abrió un hueco de $12 billones en las cuentas de este año. Además, el Congreso también negó una ley de financiamiento que buscaba resolver ese problema.
En los pasillos del recinto de este poder y en varias entidades hay temor por las cifras que la Casa de Nariño prepare para el próximo año, ya que la oposición se mantendrá firme en que la actual administración no ejecuta y prioriza el gasto por encima de la inversión. El contraargumento del presidente Petro es que le bloquearon sus arcas con la caída de artículos de la reforma tributaria en la Corte Constitucional y con la deuda que le dejó el gobierno de Iván Duque.
En medio de este choque de narrativas, las bancadas ven poco probable que se rescate el mencionado consenso. Además, el debate también estará marcado por la campaña, pues oficialismo y oposición saben que la plata de 2026 será clave en el escenario electoral para muchos que quieren mostrar obras y gestión.
Para el senador Alejandro Chacón, del Partido Liberal, también es preocupante que las peleas y las elecciones borren del mapa los debates de control político. Según explicó, el país espera que el Congreso indague por casos de corrupción, políticas públicas que impactan en el día a día e incluso en temas coyunturales como el del manejo de la Unidad Nacional de Protección y la seguridad de los candidatos. “Hay que seguir haciendo la tarea; las reformas que se presentan por el Gobierno no son para pasarlas, son para someterlas a una discusión y luego tomar una decisión, pero el trabajo legislativo es el que demuestra la independencia, el equilibrio de poderes, que el Congreso no es empleado de ninguna de las otras ramas”, aseguró.
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Entre tanto, hay instituciones que abogan por hacer un alto en el camino y sentar a los principales líderes del poder público para que entren en confianza y logren avances en pro de la defensa de la vida. La Iglesia Católica, como lo contó este diario, prepara una cita entre el presidente Petro y las cabezas de las cortes, el Congreso y los organismos de control. Aunque varios han dicho que sí, entre ellos el mandatario, el impacto del decretazo podría cambiar el panorama, tal cual como está ocurriendo en el Congreso.
De hecho, hay voces en el Legislativo que no le ven futuro a esos acercamientos. “Eso es para la vitrina pública, hablar de un acuerdo nacional, pero en realidad no sirve porque nadie en el fondo está interesado. La oposición siente que entre más mal le vaya a Petro, mejor les va a ellos; y el petrismo siente que entre más peleé con la oposición, quedarán mejor parados para 2026”, aseguró un senador del bloque independiente.
En el Capitolio ya se comenta en voz baja que, a pesar del atentado contra Uribe Turbay, la labor de campaña se retomará a más tardar dentro de dos semanas, precisamente cuando se hará la pausa de mitad de año, en la que muchos aprovecharán para ir a sus regiones y armar los cuadros electorales. En medio de todo esto, el país seguirá en vilo por la creciente ola de inseguridad, por el choque jurídico de la consulta por decreto, que incluso tiene a la Registraduría en el dilema de acatar o no el llamado a las urnas, y por la falta de una agenda común que resuelva las necesidades de la gente de a pie.
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