Congreso vs. Gobierno: punto de no retorno dejó en vilo la agenda petrista

Que la relación entre la Casa de Nariño y el Congreso es tensa no es nada nuevo, pero sí lo es el hecho de que llegó a un punto de no retorno por cuenta de la consulta popular que el presidente Gustavo Petro quiere sacar por decreto en cuestión de días. Esto, por supuesto, es una decisión que también impactará en la lectura que hagan los legisladores sobre las reformas que aún le sobreviven y los proyectos que requieren su visto bueno.

De hecho, tal es el punto álgido en el que está la relación institucional que a este choque sin precedentes entrarán también como protagonistas la Registraduría y las instancias máximas de la Rama Judicial.

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La oposición, que se sintió victoriosa el pasado 14 de mayo con el hundimiento de la consulta con 49 votos contra 47 y acaba de convocar a marchas, no avizoraba la carta que se jugó el Gobierno para desconocer la reñida votación de la plenaria del Senado. Y aunque, según sus cuentas, el decreto que se expedirá dentro de poco no tiene futuro jurídico y terminará cayéndose en el Consejo de Estado, todo finalmente entrará a ser parte de un intenso capítulo que polarizará todavía más el clima político y será usado en las campañas que ya arrancaron.

Esto también podrá influir en los proyectos del oficialismo que aguardan su turno para ser debatidos, como la reforma a la salud, la jurisdicción agraria e incluso y en su momento el Presupuesto General para el próximo año, pues lograr consensos entre sectores fuertemente enemistados no es fácil.

Menos cuando los congresistas aseguran que el Ejecutivo está “usurpando” funciones y desconociendo sus determinaciones y el jefe de Estado dice abiertamente que hubo fraude en la votación de la consulta y se siente víctima de un bloqueo institucional que no le permite cumplir sus promesas y su agenda reformista.

Para lograr este diálogo Ejecutivo-Legislativo precisamente está el ministro del Interior, pero, Armando Benedetti es uno de los principales voceros del rechazo a la votación de la consulta y fue precisamente quien ideó la estrategia de desconocer el resultado del Senado y buscar la consulta por decreto.

En todo caso, sí ha demostrado que el Gobierno hace movidas simultáneas en varias direcciones, a la espera de que alguna surta su efecto, como lo confirmó recientemente. “Hemos jugado el plan b, c y d [...] a la minirreforma liberal, a la revivida laboral, la consulta 1.0 y la consulta 2.0″, precisó el funcionario.

Con su declaración dejó dudas sobre si el Ejecutivo mantiene o no sus expectativas con la reforma laboral, pues el presidente Petro viene intensificando sus pronunciamientos contra el proyecto por considerarlo lejano a su propuesta inicial y una especie de burla a la clase obrera porque se le podría abrir el camino a la contratación por horas.

La revivida reforma laboral, según Petro, requiere de una “contrarreforma”, que para él es la consulta en las urnas. Si bien este proyecto parece tener el camino cantado para su aprobación total, pues hasta el mismo presidente del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador), ha venido diciendo en las diferentes reuniones que ha sostenido que debe dársele el sí antes del 20 de junio, podría salir de la plenaria del Senado con exclusiones de medidas que quiere el oficialismo.

Ahí estará la pelea mayor, en qué cambios se le harán al articulado y si estos serán aceptados o rechazados por el petrismo. El Legislativo no tiene muchas intenciones de ceder y, como lo fue con la consulta popular, la votación del articulado será apretada.

En todo caso, el próximo lunes arrancará el último debate de esta reforma y el Pacto Histórico alista una ponencia alternativa con la esperanza de que se anteponga a la positiva, que ya fue radicada y firmada por al menos cuatro senadores (Angélica Lozano, Juan Pablo Lemos, Jairo Roldán, Carlos Abraham Jiménez) que previamente le dieron el sí en la Comisión Cuarta del Senado.

Podría ser una votación que marque la pauta frente a si el Gobierno a última hora se echa para atrás y opta por no decretar la consulta conformándose con la reforma. Pero, por lo pronto, el jefe de Estado se mantiene en que el decreto es el único camino viable para reformar el sistema laboral.

Otra preocupación para Petro es un proyecto del que ya poco se habla, pero que su realización está en sus entrañas. Se trata de la reforma a la salud, que ya fue hundida en un primer intento en abril del año pasado y para este nuevo está frenada en el mismo punto de su pasado archivo: la Comisión Séptima del Senado, cuya mayoría está altamente enemistada con el oficialismo por las “intimidaciones” y “amenazas” que han recibido debido a su oposición a este y a la reforma laboral.

Al menos nueve de los 14 senadores que conforman la comisión mantienen vigentes sus roces con el Gobierno, demostrando que el trámite de la reforma a la salud podrá tener similitudes con el que tuvo la laboral que archivaron y por el que se abrió el debate de la consulta.

Igualmente, se tiene una legislatura más para su aprobación, pero por la demora en su discusión el petrismo no descarta insistir en la segunda solicitud de consulta popular de 16 preguntas que radicó en mayo dos veces, la primera con errores y la segunda para remediarlos. El Senado también examina cuándo agendar esta votación, a pesar de que, dijo Cepeda, “contiene las mismas 12 preguntas que ya fueron negadas”.

La jurisdicción agraria es otra iniciativa por la que aguarda la Casa de Nariño, que viene siendo insistente en acelerar la entrega de tierras de aquí a agosto de 2026. Al proyecto solo le queda pendiente un debate en sesiones plenarias conjuntas (Cámara y Senado), pues las comisiones primeras de ambas cámaras ya dieron su sí.

El tiempo está apretado, pues la medida muere después del 20 de junio, lo que dejaría sin forma lo previamente aprobado: la reforma constitucional y la ley estatutaria.

Y a esto se suma la salida de Ángela María Buitrago del Ministerio de Justicia, la cartera que venía impulsando la aprobación de la jurisdicción y que recientemente logró sacar adelante la reforma a la justicia, el único proyecto oficialista de gran envergadura que ha obtenido la aprobación total del Congreso en este último año.

Por todos los choques intensos que vienen presentándose es que el panorama para una eventual reforma tributaria se pinta cada vez más nublado. El Gobierno viene alertando problemas de caja y por lo mismo tiene dentro de sus posibilidades radicar dicha reforma e incluso una ley de financiamiento.

Pero no es un asunto sencillo y todavía menos cuando desde las dos comisiones económicas del Congreso (encargadas de aprobar el Presupuesto) se escuchan quejas por el dinero que pensaría gastar Petro en la consulta, que según cálculos de la Registraduría serían alrededor de $700.000 millones. Por lo mismo, el Ejecutivo podría optar por decretar el presupuesto, como tuvo que hacerlo para este 2025 por el no que le dio el Legislativo.

Y es que desde el hundimiento del presupuesto y la ley de financiamiento en diciembre de 2024 en las comisiones económicas, han sido pocos los frutos que ha recogido el oficialismo en el Capitolio, pues también terminaron por caerse el transfuguismo y virtualmente el de la reducción de salarios a congresistas.

Por lo pronto, la laboral parece tener esperanzas, pero por los cambios que se le podrían hacer para su último debate el presidente Petro podría optar por no darle su sanción presidencial y regresar el proyecto con objeciones.

La Casa de Nariño verá con ojos de cautela lo que pasará en la plenaria del Senado y esa misma semana podrá expedir la consulta. De ser así, un alto número de senadores comenzaría a radicar las demandas penales, peticiones y recursos que ya tienen redactados y listos, en medio de la estrategia que viene adelantando la oposición para frenar los proyectos gubernamentales en los tribunales.

La rapidez es clave, pues Benedetti plantea que para el próximo 12 de junio podría expedirse el decreto en el que se estipule que la fecha para ir a las urnas estaría entre julio y agosto. Será clave la respuesta del registrador Hernán Penagos, quien hasta el momento no ha querido pronunciarse al tratarse de “hipotéticos”.

Lo cierto es que a su despacho ya llegó la petición de Efraín Cepeda para que “reconozca” que el Senado sí emitió una votación dentro de la legalidad. Pero será realmente cuando se emita el decreto que deberá decidir si lo acoge o si aguarda hasta que el Consejo de Estado pueda emitir medidas cautelares contra la consulta, como ya varios congresistas aseguran que lo pedirán.

Este capítulo sin precedentes enmarcará la campaña electoral en la que acaba de entrar el país y podría terminar por generar peleas más allá de los poderes Ejecutivo y Legislativo, abriendo el espectro hasta los escenarios electorales y jurídicos. Izquierda y derecha se mueven con precisión para tomar decisiones con fuerza y que puedan impactar en las urnas.

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