Al despacho del registrador nacional, Hernán Penagos, ya llegó el decreto de la consulta popular del presidente Gustavo Petro. En el documento, el Gobierno Nacional desconoce la votación del Senado del pasado 14 de mayo (49 votos contra la consulta frente a 47 a favor) por supuestos “yerros insubsanables”. Además, se pone como fecha para el llamado a urnas el próximo 7 de agosto.
Así las cosas, será responsabilidad de Penagos citar a las elecciones, como bien lo indica la ley. No obstante, hay dudas de si el registrador accederá a la petición del Gobierno. Lo anterior, por el oficio que envió el presidente del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador), en el que ratifica la citada votación y en la que pide, de manera textual, que no llame a elecciones. Además, desde la oposición han presentado varios recursos judiciales, incluyendo una solicitud de medidas cautelares, para frenar la convocatoria.
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De hecho, y como le han confirmado fuentes al interior de la Registraduría a El Espectador, en la entidad está tomando fuerza la opción de esperar una respuesta de las altas cortes, en la medida que ya está en análisis en el Consejo de Estado y en la Corte Constitucional. En efecto, el decreto ya llegó por reparto al despacho del magistrado Jorge Ibáñez para el control de constitucionalidad del mismo.
Esta espera también serviría para que el registrador Penagos no use la figura de excepción de constitucionalidad, como lo solicitaron varios partidos. Los partidos opositores e independientes justamente enviaron una carta a la Registraduría para solicitar que se haga uso de la figura de “excepción de inconstitucionalidad” y así no deba responder al decreto ni convocar a elecciones.
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“Con el fin de preservar las garantías constitucionales, principalmente considerando que su aplicación, además de romper con el orden constitucional, puede implicar una grave afectación económica al país para la realización de esta consulta popular inconstitucional”, se lee en el comunicado.
Se sabe, además, que Penagos ha estado reunido con varios juristas para evaluar cuál es el camino a seguir y cuánto tiempo tiene para acoger o no el decreto, que igualmente ya fue demandado por un amplio número de partidos políticos de la oposición y la independencia.
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Sobre el trabajo de la Corte, Ibáñez, durante la posesión de Lina Escobar como magistrada constitucional este jueves, afirmó: “Recuérdese que, en cada sentencia que profiere, la Corte Constitucional administra justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución”.
Asimismo, expuso que el trabajo del alto tribunal “constituye una fuerza estabilizadora y se erige siempre y en todo momento en la voz serena de la razón; su actuar constituye un contrapeso firme para asegurar que la Constitución prevalezca siempre y que se garantice la tutela judicial efectiva y se amparen los derechos de todas las personas”.
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