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La consulta popular que propuso el presidente Gustavo Petro ha sido objeto de debate en las últimas semanas, y uno de los grandes puntos de discusión de este proceso ha sido el costo que conlleva. Pero, ¿cuáles son los factores que influyen en valor de $700.000 millones que costaría su convocatoria a urnas?
El registrador nacional, Hernán Penagos, explicó que el costo final de la consulta que propone el jefe de Estado estará sometido a varios factores, como la logística que requiere este proceso, las preguntas del tarjetón, capacitación de jurados, transporte y otros ítems que rodean el costo para cubrir a los más de 40 millones de ciudadanos habilitados para votar.
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“Es una consulta en la que hay que llamar a los 40 millones de personas, voten 3 o voten 4 millones, o uno o 500.000, se debe preparar logística para los 40 millones y medio de ciudadanos”, resaltó Penagos.
La organización logística a nivel nacional de una consulta popular requiere varios factores clave para su realización de forma óptima, empezando por la impresión de las tarjetas electorales. Se deben imprimir igual número de papeletas que de ciudadanos habilitados para ir a urnas, ya que –como resaltó el registrador– se debe planificar para que sufraguen todos así no asistan a la citación electoral.
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Por otro lado, se requiere el personal electoral, se deben capacitar alrededor de 500.000 personas para actuar como jurados de votación, así como es necesario el trabajo de los funcionarios de la Registraduría.
Otro de los factores que elevaría la cuenta final de la consulta es la logística de transporte, pues trasladar el material electoral a todas las regiones del país, incluyendo las zonas rurales y de difícil acceso, representa un costo significativo.
La consulta popular es un mecanismo de participación que da la Constitución con el fin de que la gente decida sobre asuntos de trascendencia nacional. Para convocarla, primero debe ser aprobada por el Senado y, una vez se dé ese paso, se debe dar la citación a urnas en los siguientes tres meses.
El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo ha mostrado su desacuerdo en el uso de esos recursos en una citación de esta naturaleza, en la medida en que podrían ser invertidos en otros sectores que, bajo su concepto, se encuentran desfinanciados.
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“Ni se va a lograr ni sirve para nada. Para nada distinto a hacer pura politiquería por cuenta de los colombianos. Y mientras tanto la salud, la educación y la vivienda están desfinanciadas”, precisó Restrepo.
Por su parte, el presidente Petro defendió su idea y tildó de “pobreza mental” a quienes dicen que la reforma no se debe hacer por el gasto que esto conlleva, argumentando que es una reforma que se va a hacer por el bien de los colombianos y precisando que no hay ningún problema para realizar la consulta.
“Representa una cifra, en el tiempo, un millón de veces superior, al costo presupuestal de la consulta popular en los próximos meses”, argumentó el presidente.
El antecedente más reciente de una consulta popular fue la realizada en 2018 y cuyo valor se aproximó a los $240.000 millones.
La propuesta de consulta ya fue radicada el 1° de Mayo y, por ley, el Senado tiene 30 días para dar una respuesta; se tiene previsto que esta semana el pleno de esa corporación tome una decisión. En caso de ser aprobada, deberá realizarse en los próximos 3 meses, lo que la situaría a más tardar en septiembre de 2025.
* Este contenido hace parte de un ejercicio académico realizado en el módulo “Fundamentos de Comunicación e Información”, de la Especialización en Periodismo y Narrativas Digitales que se dicta en la Universidad Sergio Arboleda.
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