Quedan cerca de 66 horas para que se venza el plazo que se impuso el Gobierno de Gustavo Petro para publicar el decreto que convocará la consulta popular. La demora en hacerlo no es menor, pues el país quitó la mirada del “decretazo” para posarla en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático), en un hecho que sacudió al país y le puso el freno temporal a las campañas para 2026.
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El Ejecutivo, por su lado, no tiene la intención de dejar la iniciativa en segundo plano y está listo, sea cuando sea el momento elegido, para sacar a la luz el texto por el que ya se anuncian demandas desde varios sectores. Desde este sábado a las 2:00 p. m. el documento ya contaba con todas las firmas del gabinete, de acuerdo con el ministro del Interior, Armando Benedetti, incluso con el fantasma de una posible incurrencia en prevaricato acechando a los jefes de cartera.
Aunque se creyó inicialmente que las marchas convocadas para este 11 de junio, a las que el mismo mandatario anunció que asistiría desde Cali —su asistencia todavía no ha sido confirmada por la situación en curso—, serían canceladas por la coyuntura, estas siguen en pie. Ya lo anunció la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) a través de un comunicado en el que reitera la defensa a la consulta popular, pero desde otros sectores se ha analizado la posibilidad de que, al menos junto a esa consigna, también se marche por la paz.
Esa sería la respuesta a los llamados desde varios sectores para que el Gobierno eche para atrás su intención de seguir adelante con la iniciativa en medio de la situación que dejó el atentado contra Uribe Turbay. Los partidos han criticado que se mantenga en pie la iniciativa que, según explican, ha profundizado la polarización en el país y los discursos subidos de tono de lado y lado.
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Y ese rechazo no solo fue para la consulta popular, sino también a la invitación a la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, en la que el jefe de Estado se comprometió a “bajarle el tono” a sus declaraciones. Nueve partidos de oposición e independientes aseguraron que el Gobierno no les estaba dando las garantías para los comicios de 2026 y buscarían un encuentro aparte con las entidades de control presentes: la Registraduría, la Procuraduría y la Defensoría.
Pero desde el Ejecutivo no están dispuestos a rendirse con su consulta. El propio presidente Petro aseguró, a través de su cuenta de X, que “uno de los más afectados con el atentado, después del senador Miguel y de su familia, es el Gobierno” y agregó que el hecho vino de “un grupo con capacidad de matar, enemigo del gobierno y de la consulta popular”.
“El actual clima de tensión nace cuando ocho senadores de la Comisión VII del Senado decidieron, sin discutir, hundir la reforma laboral aprobada en la Cámara de Representantes”, aseguró.
Benedetti también se encargó de responder a las posibilidades de que el jefe de Estado hubiera comenzado a ver la posibilidad de demorar su consulta. Justamente tras esa comisión convocada esta tarde, circuló la versión de que el Gobierno esperaría a que el Senado tomara una decisión con la resucitada reforma laboral antes de lanzar el “decretazo”, pero, según dijo el propio jefe de la cartera de la política, la intención sigue en pie y “no es cierto que se congele”.
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“La única forma que se le quitaría fuerza a ese decreto sería si hubiera un gran acuerdo político dentro del Senado y en esa plenaria del Senado lo que quisiéramos nosotros es que se aprobara algo que viene de la Cámara, pero no porque es del gobierno, sino que está concertado con los campesinos, con los sindicatos, con los gremios, con los diferentes partidos y haya ahí una buena reforma que sería un triunfo para los derechos laborales”, aseguró.
De todas formas, reconoció que este todavía no tiene la firma del presidente y se está analizando cuándo sería la fecha para publicar el decreto. Incluso aclaró que “quien firma el decreto es el Gobierno de la República”.
Ese texto, que sería un punto definitivo para el rompimiento entre el Congreso y la Casa de Nariño, comenzó a cocinarse hace dos semanas y tuvo su origen en el despacho de Jaime Berdugo, el viceministro del Interior, con todo el respaldo del jefe de la cartera de la política.
A ese documento luego se sumarían los argumentos jurídicos que esgrimieron los abogados Eduardo Montealegre (designado como ministro de Justicia) y Yefferson Dueñas. Esas dos figuras fueron quienes terminaron de sumar un sustento jurídico que, bajo su versión, explicaría la inexistencia jurídica de la votación que tumbó la consulta popular en la plenaria del Senado, con 49 votos en contra y 47 a favor, y argumentaría la existencia de seis violaciones al trámite en ese proceso.
En todo caso, mientras eso ocurre, la reforma laboral todavía sigue en veremos. Se había anunciado desde la semana pasada que el Senado sesionaría desde el lunes hasta el viernes para sacar adelante la resucitada reforma laboral, que tiene el reloj corriendo para lograr su aprobación ante el pleno de la cámara alta y la conciliación antes del 20 de junio, fecha que marca el fin de la legislatura y en la que se hundiría por tiempos.
Este lunes, en un acto simbólico, en la plenaria del Senado (así como de la Cámara) solo hablaron los integrantes del Centro Democrático. Desde el domingo, el partido había hecho la petición de que se suspendieran todas las sesiones plenarias en las corporaciones públicas por las 72 horas siguientes.
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El llamado fue atendido por las mismas nueve colectividades que no estuvieron presentes en la comisión que lideró el mandatario. Y, en un comunicado, señalaron que este “insiste en una radicalización que ha llevado [al país] al borde del abismo”.
“Ante la falta de garantías y los evidentes sesgos del gobierno contra la oposición, acudiremos a instancias internacionales que nos brinden las condiciones de equidad que el gobierno nacional nos niega”, se lee en la misiva en la que firman el Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Conservador, Partido Liberal, Mira, ASI, Partido de la U, Colombia Justa Libres y la Liga de Gobernantes Anticorrupción.
Lo que queda en el tintero, en medio de la situación de agitación política, es bastante. No solo se sigue aplazando la discusión de la reforma de la que dependería el “decretazo”, sino que también, y quizás más importante, el tono no baja en una confrontación política que parece haber llegado a un punto de ebullición. En el entretanto, la comunicación de los vecinos del Ejecutivo y el Legislativo no parece querer tender puentes.
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