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¿Una consulta popular alcanza para hacer que el gobierno nacional excluya áreas para la explotación de recursos no renovables? Es la pregunta que surge luego de que este domingo la primera consulta popular minera del país arrojara que el 97% de los votantes (3.004 sufragios) de Piedras (Tolima) dijeron que no quiere explotación minera a gran escala en su municipio. La respuesta jurídica a simple vista sería “no”, pero para algunos juristas el debate no es tan sencillo porque se trata de la colisión entre dos principios constitucionales: la autonomía regional y el derecho sobre el subsuelo que tiene el Estado, sostiene el exmagistrado Jaime Córdoba Triviño.
En cambio, para el exmagistrado constitucional Carlos Gaviria, aunque la consulta popular no es la última palabra, porque no es un mecanismo vinculante que ordene una determinación, como lo advierte el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es una decisión de gran valor social y político que el Gobierno no puede obviar.
El ministro de Minas, Federico Renjifo, cree, por su parte, que existen unas autoridades en el país que son las que “tienen la capacidad de generar planes” para el subsuelo de la Nación, como el Ministerio de Ambiente, las CAR, los distritos especiales y el Ministerio de Minas. “Por ley, son ellos quienes con un estudio pueden excluir a un territorio de la minería. Los habitantes de los pueblos no pueden decidir; hay una reglamentación para hacerlo”, dice Renjifo.
Su postura está sustentada en el decreto 934 del 9 de mayo de 2013, que señala que la decisión de establecer zonas excluidas y restringidas de minería le compete exclusivamente a las autoridades mineras y ambientales, y que los concejos municipales y las asambleas departamentales no pueden establecer esas zonas mediante acuerdos municipales u ordenanzas departamentales, respectivamente, “por exceder el ámbito de sus competencias”.
Esa sería una de las razones para que la Procuraduría General de la Nación le advirtiera al alcalde de Piedras, Arquímedes Ávila, que “podría estar incurriendo en extralimitación de funciones al promover en su municipio actividades en contra de proyectos mineros”.
Lo cierto es que sobre el tema el pulso político es cada vez más fuerte. Ayer también se conoció que el senador del Polo Jorge Enrique Robledo dijo, en una carta dirigida al presidente de la República, Juan Manuel Santos, que con las declaraciones del ministro Renjifo “es evidente que mientras el Gobierno es duro e intransigente con los pequeños mineros colombianos, a los que estigmatiza, es blando y flexible con la gran minería extranjera”.
El debate apenas empieza y, por ahora, ante el silencio del presidente Santos, parece que en Piedras la consulta popular es insuficiente, porque los proyectos mineros, declarados de “utilidad pública”, son de competencia del Gobierno, propietario del subsuelo y sus recursos no renovables.
Por Redacción Política
