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La firma del presidente Gustavo Petro no zanjó el camino para la consulta popular, pues se trata de apenas un primer paso en una serie de hechos que se tendrían que dar para que el Gobierno cumpla con su propósito de ir a las urnas el próximo 7 de agosto, día en el que inicia el último año de Petro en el poder.
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Parte de la responsabilidad y la decisión de si se convoca o no a la jornada electoral recae en el registrador nacional, Hernán Penagos, toda vez que por ley, su entidad es la encargada de llamar a las urnas y liderar toda la organización y logística.
En la entidad están esperando a que llegue el documento para estudiar su aplicabilidad jurídica, y esto haciéndole una consulta a las altas cortes sobre los pasos a seguir, pues hace 8 días –el 3 de junio–, el senador Cepeda envió una comunicación confirmando que la consulta se había hundido el pasado 14 de mayo, con 49 votos en contra y 47 a favor. Esto, a juicio del Capitolio, ya invalidaría el decretazo.
Por ello, los partidos opositores e independientes justamente enviaron una carta a la Registraduría para solicitar que se haga uso de la figura de “excepción de inconstitucionalidad” y así no deba responder al decreto ni convocar a elecciones.
“Con el fin de preservar las garantías constitucionales, principalmente considerando que su aplicación, además de romper con el orden constitucional, puede implicar una grave afectación económica al país para la realización de esta consulta popular inconstitucional", se lee en el comunicado.
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Se conoce que Penagos ha estado reunido con varios juristas para evaluar cuál es el camino a seguir y cuánto tiempo tiene para acoger o no el decreto, que igualmente ya fue demandado por un amplio número de partidos políticos de la oposición y la independencia.
En todo caso, el presidente Petro también abrió la puerta a derogar el decreto si la reforma laboral que apruebe el Senado se “acomoda” a las expectativas del Gobierno Nacional.
“Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes. Enviamos el decreto de la Consulta Popular a la Corte Constitucional”, indicó.
A esto se suma que el decretazo ha generado fuertes rechazos. El expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, publicó un comunicado en el que lo criticó. Según Gaviria, el decreto violaría la Constitución de 1991, que se expidió cuando él era el inquilino de la Casa de Nariño.
“Con este decreto, el Presidente y los ministros que lo firmaron atropellan al Senado, se arrogan facultades de la administración de justicia, y pretenden suspender la aplicación de la Constitución desde hoy hasta el 7 de agosto al sostener que su decreto es intocable porque únicamente la Corte Constitucional puede controlarlo pero ella solo puede pronunciarse después de la votación de la consulta popular”, afirmó.
Además, los partidos de oposición e independientes que han venido construyendo un bloque común para hacerle contrapeso al Gobierno del presidente Gustavo Petro, anunciaron este jueves que de manera conjunta presentaron una demanda con la que buscan tumbar del decretazo que sacó la Casa de Nariño para promover su consulta popular.
El recurso jurídico lo radicaron ante el Consejo de Estado y de entrada solicitan que se declare la nulidad del decreto que firmaron el jefe de Estado y su gabinete, con el cual –entre otras cosas– busca que el próximo 7 de agosto se cite a urnas para medir la fuerza electoral del progresismo de cara al 2026 con la tesis de darles aire a las reformas que no lograron consensos en el Congreso.
Finalmente, el presidente Petro también develó su plan B si la consulta popular fracasa .“Si se cae en la Corte, se recogerán 8 millones de firmas para presentar la consulta. Y si se vuelven a burlar de la consulta, entonces no queda otro mecanismo que el pueblo en elecciones masivamente pida la Asamblea Nacional Constituyente, que no me beneficia a mí porque para esa época ya estaré terminando mi mandato”, afirmó el jefe de Estado en entrevista con CNN en Español.
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